Crece el conflicto en el Garrahan: despidos, sumarios y una protesta que apunta a Milei

En un clima de creciente tensión en el sistema de salud pública, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunció la rescisión de 70 contratos de empleo público temporal en la guardia, una decisión que atribuyó directamente al presidente Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones.

La medida se conoció en la antesala del Cabildo Abierto convocado para el miércoles 4 de febrero, en rechazo a la reforma laboral y a una serie de decisiones del Ejecutivo nacional que impactan de lleno en el hospital pediátrico de referencia del país.

Desde el gremio advirtieron que los despidos se suman a un escenario ya conflictivo, marcado por 44 sumarios disciplinarios contra trabajadores y el cierre del jardín maternal durante enero y febrero. Todo, señalaron, forma parte de una misma política de ajuste y disciplinamiento laboral.

“Desde mi lugar me exijo y hago exigir"

Denuncia por despidos y cambios unilaterales

Según detalló la APyT, los contratos rescindidos corresponden a médicos, kinesiólogos, bioquímicos y otras especialidades que cumplen funciones esenciales en la guardia del hospital. Muchos de ellos, remarcaron, cuentan con más de 10 o 15 años de antigüedad bajo modalidades de empleo temporal.

La secretaria general del gremio, Norma Lezana, explicó que la notificación se realizó de manera retroactiva. “Por orden de la dirección médica del interventor del hospital, Mariano Pirozzo, se informó el 26 de enero que sus contratos habían sido rescindidos el 31 de diciembre y que lo trabajado en enero debía firmarse bajo un contrato de ubicación de servicio, cambiándoles rotundamente las condiciones de trabajo de manera unilateral”, sostuvo.

Lezana calificó la decisión como parte de “una política de disciplina y precarización laboral” y la vinculó directamente con otras medidas adoptadas en el hospital. “De la misma manera que no contrataron maestras para el jardín y dejaron desde el 1 de enero a 45 niños sin su lugar, ahora avanzan sobre profesionales de la guardia”, afirmó.

Cabildo Abierto y rechazo a la reforma laboral

El Cabildo Abierto fue anunciado a comienzos de esta semana con un objetivo amplio: “organizar de forma unitaria y en la diversidad” una fuerte participación el día en que el Senado trate la reforma laboral, la Ley de Glaciares y otras iniciativas del gobierno nacional. La convocatoria será el miércoles 4 de febrero a las 16 horas en el Hospital Garrahan.

En ese marco, Lezana advirtió que el 10 de febrero el oficialismo buscaría aprobar una reforma laboral que, según la APyT, “hace desaparecer conquistas históricas”. “La reforma laboral del oficialismo y los sumarios a quienes defendemos el Hospital tienen la misma matriz”, sostuvo la dirigente sindical.

Entrevista GLP. “Tenemos un municipio administrativamente equilibrado”, afirmó Camilo Alessandro desde Salto

La concentración coincidirá además con movilizaciones en las inmediaciones del Congreso impulsadas por personas con discapacidad y jubilados, sectores que también se vieron afectados por vetos presidenciales y decisiones del Ejecutivo para frenar la aplicación de leyes aprobadas por el Parlamento.

Emergencia pediátrica promulgada, pero sin aplicación

El conflicto se da en un contexto marcado por la promulgación formal de la emergencia pediátrica, conocida como Ley Garrahan, cuya aplicación fue postergada por el Gobierno nacional. Si bien el Ejecutivo promulgó en octubre las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, aclaró que no podrán ejecutarse hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.

La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica por un año, busca fortalecer hospitales especializados, recomponer salarios y garantizar el acceso equitativo a la atención infantil. El Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional de alta complejidad, aunque el Gobierno advirtió que el costo fiscal estimado, de $196.270 millones, resulta difícil de afrontar en el actual contexto presupuestario del Ministerio de Salud.