El gobierno endurecerá el Protocolo Antipiquetes con revisión de mochilas y banderas

Luego de los incidentes registrados el miércoles pasado frente al Congreso durante una movilización contra la Reforma Laboral, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que su cartera evalúa una serie de medidas para reforzar el control de las protestas sociales. Entre las opciones bajo análisis figuran la revisión de mochilas y la regulación —e incluso eventual prohibición— del uso de banderas con palos.

Los enfrentamientos se produjeron en paralelo al debate legislativo de la reforma y derivaron en un amplio operativo de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad. Hubo lanzamiento de piedras y bombas molotov por parte de algunos manifestantes, mientras que la respuesta oficial incluyó gases lacrimógenos, carros hidrantes y el uso de bastones.

En declaraciones radiales, Monteoliva sostuvo que el objetivo central es “prevenir riesgos y mantener la seguridad”, tanto de quienes se manifiestan como del personal policial. En ese marco, explicó que las medidas todavía están en etapa de evaluación y que se buscará aplicarlas “sin poner en riesgo la integridad física de nadie”.

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Uno de los puntos que genera mayor debate es la posible inspección de bolsos y pertenencias antes del ingreso a la zona de protesta. La ministra también hizo referencia al uso de banderas, al advertir que en las últimas marchas algunos palos fueron utilizados como proyectiles. “No solamente se pueden dar revisiones de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas”, señaló al describir los escenarios que analiza el Ministerio.

Monteoliva indicó además que los controles podrían variar según la logística, el tamaño y la dinámica de cada convocatoria.

Qué dice la ley sobre las requisas

Según el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 que regula las funciones de la Policía Federal Argentina, las fuerzas pueden realizar requisas sin orden judicial únicamente cuando existan circunstancias razonables que permitan presumir la comisión de un delito y no sea posible esperar una autorización judicial por riesgo de pérdida de pruebas.

En esos casos, los procedimientos deben llevarse a cabo en la vía pública o en lugares de acceso público, dejarse asentados en un acta con los motivos correspondientes y ser comunicados de inmediato al Ministerio Público Fiscal.

Detenidos, identificados y causas judiciales

Tras los disturbios, el Ministerio de Seguridad informó que fueron identificadas 26 personas que ya se encuentran judicializadas. Entre ellas figura un menor de 16 años con antecedentes por hechos de violencia y robos. De ese grupo, tres permanecen detenidas.

En total, durante el operativo se produjeron 71 detenciones: 51 a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Con el correr de las horas, 54 personas fueron liberadas, mientras que otras continúan bajo custodia en distintas dependencias porteñas.

Monteoliva aseguró que se analizan más de 500 horas de grabaciones para identificar a todos los responsables, incluso a quienes utilizaron capuchas o máscaras de gas para ocultar su identidad. En ese contexto, la ministra sostuvo que “una bomba molotov es una bomba” y remarcó la gravedad de los hechos investigados.

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El trasfondo político y las próximas protestas

La marcha se realizó en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno y tuvo lugar en una jornada de alta tensión política. En paralelo, tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la CGT convocó a un paro general contra la iniciativa, aunque sin movilización, mientras continúan las negociaciones y el debate legislativo.

Desde el Ministerio de Seguridad adelantaron que el monitoreo será permanente y que los controles se ajustarán en función de cada manifestación, con el objetivo declarado de evitar nuevos episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso de la Nación.