Escándalo en Diputados: denuncian que el Gobierno limita la participación en el debate por la Ley de Glaciares

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares volvió a escalar en la Cámara de Diputados y sumó una fuerte denuncia política contra el oficialismo. Legisladores de la oposición acusaron al Gobierno nacional de restringir la participación ciudadana en las audiencias públicas previstas para el 25 y 26 de marzo, en medio de un récord histórico de inscriptos que quieren exponer sobre el futuro de la normativa ambiental.

Según los datos difundidos en el Congreso, más de 45.000 personas se anotaron para participar de las audiencias convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. El número no tiene precedentes en debates parlamentarios recientes y supera ampliamente experiencias similares, como las audiencias por la legalización del aborto en 2018, donde participaron cerca de mil expositores durante varios meses.

La controversia estalló luego de que los presidentes de ambas comisiones, los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, enviaran una nota a los legisladores en la que detallan cómo se organizará el esquema de participación ante la enorme cantidad de inscriptos.

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Denuncias de “mordaza” y advertencias de judicialización

Desde Unión por la Patria denunciaron que el mecanismo elegido por el oficialismo termina transformando la audiencia pública en una instancia meramente formal. La diputada Sabrina Selva fue una de las primeras en cuestionar la decisión.

“Lo advertimos: están haciendo trampa con la audiencia pública por la Ley de Glaciares”, escribió la legisladora en redes sociales. Según explicó, la nota enviada por las autoridades de las comisiones anticipa que muchas exposiciones presenciales o virtuales serán reemplazadas por ponencias escritas o videos.

Selva sostuvo que esa decisión no figura en el texto original de la convocatoria ni en el reglamento de audiencias públicas de la Cámara de Diputados. “En ninguna parte del texto surge que las autoridades puedan obligar a cambiar la participación presencial o virtual por una ponencia escrita o por un video”, afirmó.

La legisladora también advirtió que esa modalidad podría violar compromisos internacionales asumidos por Argentina. “Eso convierte a la audiencia pública en una reunión informativa y no cumple con el Acuerdo de Escazú”, señaló.

El cuestionamiento fue acompañado por otros bloques opositores. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro acusó directamente a los presidentes de las comisiones de alterar las reglas del proceso.

“Trabajan para la judicialización. Se quieren robar la pelota y jugar solos”, lanzó Ferraro, quien remarcó que las modalidades de participación deben definirse antes de abrir la convocatoria. “Una audiencia pública es para que la ciudadanía sea escuchada, no para pedirle a la gente que mande un videíto o un texto que nadie va a ver ni leer”.

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Desde el bloque peronista también advirtieron que, si el proceso no respeta las condiciones de participación previstas en la ley y en el Acuerdo de Escazú, la reforma podría terminar siendo cuestionada en tribunales. “Va a terminar en la Justicia esta ley y va a carecer de toda validez al ser inconstitucional”, señalaron.

El argumento del oficialismo y el récord de inscriptos

Desde La Libertad Avanza defendieron el esquema elegido y plantearon que la dimensión del registro hace inviable que todos los ciudadanos expongan durante las dos jornadas previstas.

Peluc y Mayoraz argumentaron que es “materialmente imposible” que los más de 45.000 anotados puedan hablar de forma presencial o virtual sin paralizar la actividad parlamentaria durante semanas.

Como alternativa, el oficialismo resolvió que podrán exponer los primeros inscriptos de cada provincia, con el objetivo de garantizar un criterio federal en las intervenciones. El resto de los participantes deberá enviar su posición por escrito o grabar un video de hasta cinco minutos.

La oposición, sin embargo, sostiene que la propia convocatoria prevé la posibilidad de extender las jornadas si la cantidad de inscriptos lo requiere. En el reglamento publicado por Diputados se establece que las audiencias podrán prolongarse “en caso de que la participación lo requiera”.

“La enorme participación lo requiere. Deben extender los plazos de manera razonable para garantizar la participación, sin arbitrariedad y con transparencia”, reclamó Selva.

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El conflicto se produce mientras el proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobado a fines de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial y otorgar a las provincias la facultad de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben incluirse o excluirse del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA.

En ese contexto, los bloques opositores pidieron formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que amplíe los días destinados a las audiencias para garantizar que los ciudadanos puedan intervenir en el debate.

“Deben extender los plazos de manera razonable para garantizar la participación, sin arbitrariedad y con transparencia, y no caer en la simulación de una audiencia pública sino cumplirla”, reclamó Selva.