Con los fondos ya girados, la Provincia traslada a la Legislatura la definición sobre la libre disponibilidad

El gobierno de Axel Kicillof activó la primera transferencia del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) con un giro de $13.010 millones a los 135 distritos bonaerenses, en medio de una discusión política que ya excede lo técnico y expone la fragilidad financiera de las comunas.

La decisión de avanzar con el pago, aun en un contexto de caída de recursos, buscó sostener el compromiso asumido con los intendentes, pero dejó abierto el frente más sensible: la disponibilidad real de esos fondos.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, puso en palabras la posición del Ejecutivo: “Estamos en un contexto fiscal de recursos muy grave, pero estamos haciendo en tiempo y forma el pago de los recursos a los que nos comprometimos con los municipios”. La frase sintetiza el delicado equilibrio que intenta sostener la Provincia, presionada por la caída de ingresos y el impacto de las políticas nacionales sobre las arcas subnacionales.

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La transferencia corresponde a una parte de la cuota de abril del fondo, que en total contempla $20 mil millones de libre disponibilidad y otros $30 mil millones canalizados a través de programas de Infraestructura, Transporte y Cultura. Ese esquema —70% por Coeficiente Único de Distribución (CUD) y 30% atado a ministerios— es el eje del conflicto.

Reclamo transversal y pulseada institucional

El planteo por la libre disponibilidad total de los recursos surgió desde intendentes radicales del interior, pero rápidamente sumó adhesiones de jefes comunales del peronismo y del PRO. En todos los casos, el diagnóstico coincide: la prioridad es sostener el funcionamiento básico de los municipios, en un escenario de caída de la coparticipación y aumento de la demanda social.

Bianco fue explícito al señalar el límite del Ejecutivo: “Que sea 100% de libre disponibilidad fue la propuesta original del Ejecutivo (…) el Ejecutivo Provincial no puede modificar lo que hace con esos fondos en algo que está determinado por ley”. En esa línea, derivó la resolución del conflicto a la Legislatura: “No tenemos ningún problema que el ciento por ciento de los recursos sea compartido por CUD, pero eso lo tienen que plantear en la Legislatura”.

La discusión, entonces, se trasladó al plano parlamentario, donde oficialismo y oposición comienzan a explorar alternativas para destrabar el reclamo. La tensión no es menor: una eventual modificación implicaría alterar el equilibrio alcanzado durante la aprobación de la ley de endeudamiento, que incluyó la creación de una comisión bicameral de seguimiento.

Ese órgano, pensado para monitorear la ejecución de los fondos y la evolución económica provincial y municipal, quedó en el centro de otra controversia. En sectores legislativos sostienen que la reglamentación firmada por Kicillof le restó sentido operativo, mientras que la demora en su puesta en marcha alimenta sospechas cruzadas sobre el control real de los recursos.

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Reparto desigual y presión financiera

El reparto de los $13.010 millones se realizó según el CUD, replicando la estructura demográfica y económica de la provincia. En ese esquema, los distritos más grandes concentraron la mayor parte de los fondos: La Matanza encabezó con $856,46 millones, seguida por Malvinas Argentinas ($412,78 millones) y La Plata ($412,39 millones). También se ubicaron entre los principales receptores Lomas de Zamora ($396,61 millones) y Merlo ($385,17 millones).

En el otro extremo, municipios con menor escala como Tordillo ($8,23 millones), General Guido ($12,12 millones) y Lezama ($15,12 millones) recibieron montos considerablemente más bajos, lo que vuelve a poner en evidencia las asimetrías estructurales del sistema.

La lógica del CUD, basada en variables como población y capacidad tributaria, explica esa distribución, pero no logra amortiguar las dificultades de los distritos más chicos, que suelen tener menor margen para generar recursos propios. En paralelo, el carácter de libre disponibilidad de parte de los fondos otorga autonomía a los intendentes, pero también abre interrogantes sobre los mecanismos de control y la eficacia del gasto.

El trasfondo de la discusión es el deterioro de las finanzas municipales. Intendentes de distintas secciones vienen alertando por la dificultad para sostener el pago de salarios y servicios básicos. La caída del 28,9% en la coparticipación federal durante el primer bimestre del año —según datos de la consultora PPA— agravó un escenario que ya era complejo.

Ese cuadro explica por qué el reclamo por la libre disponibilidad total dejó de ser una cuestión administrativa para convertirse en una demanda política transversal. “Necesitamos fondos para asegurar el pago de sueldos y aguinaldos”, resumió un jefe comunal, en línea con lo expresado por intendentes como Ramón Capra y Román Bouvier, quienes en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM advirtieron sobre la asfixia financiera de los municipios.

La presión no se limita al ámbito provincial. Este martes, intendentes bonaerenses y de otras provincias llevarán un petitorio al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar por los fondos retraídos, la reactivación de la obra pública y el uso de recursos previstos en la Ley de combustibles, una iniciativa impulsada por el ministro Gabriel Katopodis. Tras esa presentación, Kicillof los recibirá en la sede de la Federación Argentina de Municipios, encabezada por Fernando Espinoza.