Cierre de FATE: la empresa acelera desvinculaciones y el gremio presiona por intervención estatal

El conflicto por el cierre de la planta de FATE en San Fernando entró en una fase decisiva, con la calle como escenario principal y una disputa política que empieza a escalar en la provincia de Buenos Aires. 

Mientras la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense llega a su vencimiento sin acuerdo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) endurece su estrategia: movilización a Plaza de Mayo, presión judicial y un proyecto legislativo que apunta a la intervención estatal.

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La conciliación, en discusión y sin efectos concretos

El telón de fondo inmediato es el final del período de conciliación obligatoria iniciado el 18 de marzo. La empresa solicitó formalmente que no se extienda, con el argumento de que el proceso de desvinculación avanza con adhesión “voluntaria” de los trabajadores.

Según su presentación, más del 75% de la dotación ya firmó acuerdos de salida bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, reduciendo la planta a 239 empleados activos sobre un total original de 920.

Desde la firma sostienen que “los más de 670 trabajadores que voluntariamente suscribieron dichos acuerdos lo hicieron en ejercicio de su libre voluntad, sin coacción alguna”, en respuesta a las denuncias sindicales por presuntas presiones.

La lectura del SUTNA es opuesta. El gremio asegura que la conciliación “no se ha iniciado en términos materiales”, ya que la empresa no restituyó las condiciones previas al conflicto: no hubo reincorporaciones, ni pago de salarios, ni normalización de tareas.

“Rechazamos el planteo de FATE (…) toda vez que la patronal no ha cumplimentado la misma, no dando tareas efectivas ni abonando salarios”, plantearon ante la autoridad laboral.

Ese punto es central en la disputa: la normativa obliga a retrotraer la situación al momento previo al conflicto. Para el sindicato, ese requisito nunca se cumplió; para la empresa, el incumplimiento corre por cuenta del gremio, al que acusa de mantener ocupada parcialmente la planta desde febrero.

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La calle y la presión judicial como respuesta

En ese contexto, el conflicto se trasladó a la calle. Este martes por la tarde, los trabajadores despedidos marchan desde el Juzgado Laboral N°17 hacia Plaza de Mayo, con el acompañamiento de la CTA Autónoma bonaerense.

El reclamo incluye un pedido concreto ante la Justicia: el embargo de $5.200 millones contra la empresa para garantizar el pago de salarios adeudados. “Es el responsable de garantizar el pago de nuestros salarios”, señalaron desde el SUTNA sobre el juzgado donde inicia la protesta.

La convocatoria suma consignas más amplias: rechazo al cierre de la única fábrica de neumáticos de camiones y colectivos del país, cuestionamientos a las importaciones y exigencias de controles de calidad. “Por la puesta en marcha inmediata de FATE”, sintetiza la consigna central.

Desde la CTA bonaerense, Oscar de Isasi encuadró el conflicto en un escenario político mayor. “La pelea de FATE es una de las luchas emblemáticas del movimiento de trabajadoras y trabajadores en este tiempo”, afirmó, y vinculó el conflicto con la discusión sobre soberanía productiva: “garantizan soberanía logística porque se evita la dependencia de insumos importados”.

En esa línea, también cargó contra la política económica del gobierno nacional, al cuestionar lo que definió como un proceso de “ajuste, entrega y saqueo”, en paralelo a denuncias de corrupción que, según planteó, afectan a altos funcionarios.

La jugada legislativa y el rol de la Provincia

En paralelo a la movilización, el SUTNA impulsa una salida política: un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar a FATE de utilidad pública y habilitar una ocupación temporaria con gestión de los trabajadores. La iniciativa ya ingresó por el Senado provincial bajo el expediente 141/25/26 y cuenta con respaldos en bloques no libertarios.

El sindicato apuesta a que la intervención del Estado provincial permita sostener la producción y evitar la pérdida definitiva de los puestos de trabajo. En ese marco, solicitó una audiencia urgente con el gobernador Axel Kicillof.

La reacción de la empresa fue inmediata y dura. En su presentación, calificó el proyecto como “absolutamente impertinente e inoponible en esta instancia” y sostuvo que “ningún proyecto legislativo en trámite puede servir de justificación para la usurpación ilegal y violenta” que, según su visión, lleva adelante el gremio.

La discusión, así, dejó de ser exclusivamente laboral para instalarse en el plano político e institucional. Con la conciliación en duda, la negociación empantanada y la movilización en marcha, el conflicto en FATE empieza a perfilarse como un caso testigo sobre el alcance de la intervención estatal en conflictos industriales en la provincia de Buenos Aires.