Wischnivetzky: "Milei debe hacerse cargo de la crisis que está generando"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, junto a más de 60 intendentes bonaerenses, presentó un documento ante el Gobierno nacional para reclamar el pago de la deuda de más de $220.000 millones de pesos vinculada al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y exigir mayor acompañamiento para sostener las políticas alimentarias y sociales.

La presentación se realizó en la sede del Ministerio de Capital Humano, y está dirigida a la ministra Sandra Pettovello. El ministro resaltó que el documento lleva las firmas de jefes comunales de distintos signos políticos, en un planteo conjunto frente a la deserción del Estado nacional.

Stadnik se sumó al reclamo por fondos alimentarios en la FAM

Wischnivetzky: "La situación es crítica"

"Junto a Kicillof e intendentes reclamamos al Gobierno Nacional la revisión y actualización de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar. Milei debe hacerse cargo de la crisis que está generando", dijo en redes sociales el alcalde de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky.

"En lugar de cumplir con esa responsabilidad, decide recortar el aporte histórico que se hacía para que los chicos tengan garantizado su derecho a la alimentación. Necesitamos una respuesta urgente porque muchos vecinos la están pasando mal por culpa de su modelo económico", pidió.

El reclamo

En la nota, los intendentes solicitan la revisión y actualización de los montos asignados al SAE para 2026, así como la incorporación de financiamiento nacional para programas alimentarios y sociales que actualmente sostiene la Provincia con recursos propios.

El planteo se apoya en el rol central del SAE dentro del esquema alimentario en los 135 municipios bonaerenses, donde alcanza a más de 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes con prestaciones que incluyen desayuno, almuerzo, merienda y refuerzos para los hogares.

El documento advierte que la situación social presenta indicadores de creciente vulnerabilidad, con caída del empleo formal, deterioro de los ingresos y un fuerte impacto del aumento de precios en alimentos. En ese marco, señalan que el financiamiento nacional resulta insuficiente: frente a un requerimiento estimado de $177.000 millones para 2026, la propuesta vigente contempla poco más de $80.800 millones, muy por debajo de la inflación.

En contraste, la Provincia de Buenos Aires incrementó en un 30% la inversión destinada al SAE, absorbiendo la mayor parte del esfuerzo para sostener el sistema en un contexto de mayor demanda social.

Finalmente, los intendentes plantean la necesidad de fortalecer la coordinación entre Nación, provincia y municipios para asegurar la sostenibilidad de una política considerada esencial para garantizar el derecho a la alimentación, especialmente en la población infantil y adolescente.