Revés para Milei: suspenden la privatización de AySA por riesgo ambiental

La Justicia ordenó suspender el proceso de privatización de AySA hasta que se realice una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional que permita determinar el alcance de los pasivos ambientales vinculados al servicio de agua y saneamiento.

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La medida fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, quien hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El organismo había advertido que el esquema de venta impulsado por el Gobierno nacional no contemplaba elementos básicos para garantizar el acceso al agua ni la situación ambiental en territorio bonaerense.

El fallo representa un nuevo obstáculo judicial para el plan de privatizaciones del Ejecutivo nacional, que había puesto en marcha el proceso para transferir activos de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. en el marco de su política de retiro del Estado de empresas públicas.

La cautelar alcanza al proceso de venta de activos de la compañía y apunta a evitar que la privatización avance sin una revisión suficiente sobre sus posibles consecuencias en materia ambiental, sanitaria y de continuidad del servicio público esencial.

La presentación de la Defensoría bonaerense

La Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, había solicitado que se detuviera todo acto administrativo vinculado con la privatización de AySA que pudiera alterar el esquema de exigencias ambientales de la empresa.

El planteo puso el foco en las obligaciones de inversión, mantenimiento, expansión, saneamiento, remediación ambiental y continuidad del servicio. Para el organismo, esos puntos resultan centrales porque la empresa presta un servicio esencial y tiene impacto directo sobre el derecho humano de acceso al agua potable y el derecho a un ambiente sano.

En esa línea, la presentación cuestionó que el pliego de licitación no incorporara de manera suficiente los pasivos ambientales constatados en la provincia de Buenos Aires. Según el planteo judicial, esa omisión podía afectar tanto la protección ambiental como la calidad y continuidad del servicio.

Los argumentos del fallo

El juez Mariano López sostuvo que el esquema de privatización iniciado por el Gobierno nacional no fortalecía las obligaciones destinadas a garantizar el acceso a la cobertura sanitaria ni incrementaba los mecanismos de recomposición y prevención.

Además, señaló que el proceso tendía a reducir exigencias regulatorias y a postergar obras críticas. La resolución también puso bajo análisis los efectos de mediano y largo plazo de los pasivos ambientales, especialmente por su impacto sobre habitantes de la provincia de Buenos Aires.

El magistrado avaló la posición de la Defensoría al considerar que el acceso al agua potable debe ser entendido como un derecho colectivo que requiere un suministro suficiente, seguro y equitativo. Ese criterio, según el fallo, está ligado a la salud pública, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo social.

En ese marco, la cautelar suspende el avance de la privatización hasta que se efectúe una evaluación suficiente sobre los derechos comprometidos. La decisión fue elevada a la Cámara Federal de La Plata.

El impacto sobre el plan oficial

El Gobierno nacional había anunciado el proceso de privatización de AySA como parte de su programa de venta de empresas públicas. La iniciativa contemplaba la transferencia de un paquete mayoritario de acciones a un operador privado y la continuidad de una porción accionaria en manos de los trabajadores.

AySA presta servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en municipios del conurbano bonaerense. Por eso, la decisión judicial adquiere relevancia no solo económica, sino también territorial, ambiental y sanitaria.

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La medida no resuelve el fondo de la discusión sobre la privatización, pero frena el proceso hasta que se cumplan las condiciones fijadas por la Justicia. El eje del fallo quedó concentrado en una pregunta central: si la venta puede avanzar sin una evaluación previa suficiente sobre los pasivos ambientales y el impacto en el servicio público esencial.