Magario: “Este fallo es una reparación histórica”

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario se pronunció tras el fallo de la Justicia federal que, setenta años después, concluyó que el Estado argentino fue responsable de los hechos ocurridos en José León Suárez, revelados por Rodolfo Walsh en su crónica Operación Masacre.

La sentencia, dictada por la jueza federal Alicia Vence en el marco del juicio por la verdad, reconstruyó los secuestros, asesinatos y persecuciones ocurridos entre el 9 y el 10 de junio de 1956, luego del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el gobierno de facto. La resolución determinó que esos hechos “deben ser considerados crímenes de lesa humanidad”.

El mensaje de Magario

A través de una publicación, Magario sostuvo: “Setenta años después, la Justicia finalmente sentenció que en José León Suárez no hubo ‘fusilamientos’, sino homicidios por motivos políticos de militantes peronistas privados ilegalmente de su libertad antes de que la dictadura que derrocó a Perón decretara la Ley Marcial”.

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En ese sentido, la vicegobernadora remarcó el valor simbólico e institucional de la decisión judicial: “Este fallo es una reparación histórica para la memoria de aquellos mártires y un fuerte gesto de justicia para sus descendientes y para quienes lucharon con ellos para demostrar que existió responsabilidad estatal en la planificación, ejecución y encubrimiento de esos asesinatos”.

Una causa emblemática de la represión estatal

Los crímenes de José León Suárez ocurrieron en el marco de la política represiva impulsada por la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón un año antes. Setenta años después de aquel episodio, la Justicia federal concluyó que el Estado argentino tuvo responsabilidad en los asesinatos.

Los hechos fueron reconstruidos por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, una obra clave del periodismo de investigación argentino, que permitió visibilizar la trama de detenciones ilegales, ejecuciones y encubrimiento estatal.

El juicio por la verdad

La sentencia fue dictada por la jueza federal Alicia Vence, quien dirigió el juicio por la verdad y la investigación preliminar sobre lo ocurrido entre el 9 y el 10 de junio de 1956.

Aunque ninguno de los responsables llegó vivo a esta instancia judicial, el fallo identificó como autores de los hechos a los dictadores de la autodenominada Revolución Libertadora, Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, quienes derrocaron a Perón en 1955; al entonces titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Juan Constantino Quaranta; al jefe de la Policía Bonaerense, Desiderio Fernández Suárez; y al jefe policial Rodolfo Rodríguez Moreno.

De haber sido juzgados en vida, concluyó la jueza, todos habrían enfrentado una condena a prisión perpetua.

Una reparación para la memoria

Para Magario, el fallo representa una reparación histórica para las víctimas y sus familias, pero también para quienes durante décadas sostuvieron la búsqueda de verdad y justicia.

La decisión judicial pone en palabras institucionales aquello que familiares, sobrevivientes y militantes denunciaron durante años: que en José León Suárez hubo homicidios por motivos políticos, detenciones ilegales y responsabilidad estatal en la planificación, ejecución y encubrimiento de los asesinatos.