Escala el conflicto con la senadora libertaria Arietto: denuncias y marcha de trabajadores despedidos a su domicilio

El conflicto laboral en la empresa Lustramax, ubicada en Tortuguitas, volvió a escalar en las últimas horas y sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político. Un grupo de exempleados, acompañados por familiares, estudiantes y vecinos de Malvinas Argentinas, anunció una movilización frente al acceso del barrio San Carlos, en Pablo Nogués, donde reside la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto.

La protesta se da en el marco de un conflicto que lleva casi seis meses sin resolución definitiva, pese a múltiples fallos judiciales favorables a los trabajadores despedidos.

Los operarios despedidos en enero sostienen que la empresa no cumple con la orden judicial que dispuso la reincorporación de un delegado gremial y apuntan directamente contra la legisladora, a quien acusan de haber intervenido activamente en favor de la firma durante el proceso.

Desde el inicio del conflicto, a mediados de enero, Lustramax despidió a 29 trabajadores, lo que derivó en protestas, acampes frente a la planta y una serie de presentaciones judiciales cruzadas. El Tribunal de Trabajo N.º 7 de Pilar ordenó la reinstalación del delegado gremial Leandro Gómez, medida que los trabajadores aseguran que aún no fue cumplida.

En ese contexto, el delegado sostuvo que existen al menos tres fallos favorables a los trabajadores y que la empresa continúa sin acatar las resoluciones. Además, se solicitaron sanciones económicas por incumplimiento, en medio de una creciente judicialización del conflicto.

La situación derivó en nuevas denuncias penales impulsadas por los trabajadores, que incluyen acusaciones de desobediencia judicial y persecución sindical.

El nombre de Florencia Arietto, senadora provincial de La Libertad Avanza y abogada de la empresa, quedó ubicado en el centro de la disputa. Los trabajadores la señalan por su rol en el conflicto y aseguran que su intervención excedió el plano jurídico.

En distintas presentaciones, los exempleados afirman que la legisladora habría tenido participación en hechos vinculados al impedimento del ingreso de trabajadores a la planta, incluso luego de la resolución judicial que ordenaba su reincorporación.

En paralelo, la dirigente fue objeto de cuestionamientos públicos. En enero, la diputada nacional Myriam Bregman la acusó de ser “la dueña de la patota”, una definición que volvió a circular en redes sociales durante la escalada del conflicto.

Meses después, se viralizaron imágenes de episodios en los que Arietto aparece en el ingreso de la planta en medio de la tensión con los trabajadores, lo que alimentó la controversia política en torno al caso.

La protesta en Pablo Nogués y el impacto político

La decisión de trasladar la protesta al barrio donde reside la senadora marca un punto de inflexión en el conflicto. Según los trabajadores, la medida busca visibilizar el incumplimiento judicial y sostener el reclamo por la reincorporación de los despedidos.

En el entorno sindical explican que la movilización no solo responde al conflicto laboral, sino también a lo que consideran una estrategia de disciplinamiento sobre la organización gremial dentro de la planta.

En paralelo, la asociación civil Nace un Derecho presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora por publicaciones de Arietto contra abogados laboralistas que representan a los trabajadores. Esa presentación se suma a un expediente penal ya en curso.

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El conflicto acumula múltiples frentes abiertos. Además de las denuncias penales de los trabajadores, la empresa también había iniciado acciones contra manifestantes, aunque según el testimonio del delegado Leandro Gómez, esas presentaciones fueron archivadas por la Justicia al encuadrar el caso como un conflicto laboral.

Uno de los puntos más sensibles del expediente es la acusación sobre la supuesta intervención de fuerzas de seguridad en el perímetro de la planta durante episodios de tensión, un hecho que los trabajadores consideran irregular por la falta de orden judicial específica, según su versión.

A esto se suma el reclamo por astreintes y la insistencia de los trabajadores en que las decisiones judiciales no están siendo cumplidas en tiempo y forma, lo que profundiza la disputa con la empresa.