La Cuenca del Salado y el costo del ajuste: qué proyectan la Provincia y los municipios frente al repliegue nacional
El gobierno de Axel Kicillof analiza alternativas para mitigar excedentes en los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores. El anuncio se integra a un operativo de prevención frente a El Niño que convive con trabajos pendientes, fondos nacionales cuestionados y una cuenca expuesta a lluvias extraordinarias.
Mariana Portilla
La llegada de El Niño empujó un nuevo movimiento en la agenda hídrica bonaerense. El Gobierno provincial acordó avanzar con un estudio integral sobre 4,3 millones de hectáreas de la cuenca del río Salado, una superficie estratégica para la producción agropecuaria y particularmente vulnerable frente a inundaciones y excesos de agua.
El entendimiento fue formalizado durante una reunión de la subregión B3 del Comité de Cuenca Hídrica realizada en Bolívar. Allí, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el intendente local, Eduardo “Bali” Bucca, y representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) firmaron una carta de intención para estudiar posibles intervenciones en los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores.
La iniciativa aparece como una pieza complementaria al Plan Maestro Integral del Río Salado, cuya ejecución permanece dividida entre los avances provinciales en el Tramo V y la paralización de una parte del Tramo IV que corresponde al Gobierno nacional.
“Son 4,3 millones de hectáreas que abarcan los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores. Son obras complementarias que permiten ampliar las fronteras de producción de la Provincia y representan una inversión en el desarrollo de toda la región”, afirmó Katopodis durante el encuentro.
Una región atravesada por el riesgo hídrico
La subregión B3 incluye territorios vinculados con Bolívar, Roque Pérez, Olavarría, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué.
Se trata de una extensa zona productiva en la que el comportamiento de canales, lagunas, arroyos y napas no reconoce límites municipales. Una intervención aislada puede mejorar la situación de un distrito, pero también trasladar el problema aguas abajo si no se estudia el funcionamiento completo del sistema.
Por ese motivo, la Provincia busca fortalecer los comités de cuenca como espacios de coordinación entre municipios, organismos técnicos, productores y entidades rurales. El objetivo es intercambiar información, monitorear la evolución hídrica y consensuar intervenciones antes de ejecutar canales, derivaciones o reservorios.
De la reunión participaron el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; equipos de la Dirección Provincial de Hidráulica y la Autoridad del Agua; el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca; representantes de Federación Agraria, INTA, AAPRESID, cooperativas agropecuarias, bomberos e instituciones empresarias.
Katopodis aprovechó el encuentro para defender el papel de la obra pública frente al planteo nacional de trasladar las inversiones de infraestructura al sector privado.
“Esta es infraestructura que va a hacer el Estado provincial, en el marco de un plan integral de todas las cuencas. No la va a hacer el privado”, sostuvo el ministro. Y agregó que la administración de Axel Kicillof mantendrá las acciones frente al cambio climático y los efectos asociados a El Niño.
El ministro Gabriel Katopodis encabezó una nueva reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado.
Qué prevé el operativo provincial frente a El Niño
El acuerdo por la subregión B3 se incorpora al Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático del Ministerio de Infraestructura bonaerense. El programa fue diseñado para anticipar y responder a eventos extremos mediante monitoreo, mantenimiento y obras estructurales.
De acuerdo con la información oficial, el esquema ministerial contempla una inversión de $2,1 billones. Esa cifra incluye proyectos ya ejecutados, en marcha o previstos dentro de las competencias de Infraestructura; no representa una partida nueva asignada exclusivamente a la cuenca del Salado.
La primera línea de acción apunta a reforzar el monitoreo hidrometeorológico y la coordinación con los municipios. La intención es contar con datos actualizados sobre precipitaciones, alturas de ríos, comportamiento de las napas y capacidad de escurrimiento para mejorar la toma de decisiones.
El segundo componente abarca tareas de prevención y respuesta inmediata, como la limpieza y el mantenimiento de arroyos, la gestión de excedentes y la reparación de accesos o sectores anegados. Esas intervenciones resultan centrales para sostener la circulación de vecinos, servicios de emergencia y maquinaria, además de garantizar la salida de la producción.
El tercer eje reúne 139 obras y proyectos, siete estudios sobre drenajes urbanos y defensas costeras y otras diez intervenciones regionales vinculadas con la adaptación productiva.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el operativo no se limita a grandes trabajos hidráulicos. También contempla sensores, maquinaria, mantenimiento de canales, fortalecimiento de Defensa Civil y coordinación con los 135 municipios. Esa preparación cobra relevancia porque varios distritos del centro y noroeste llegan a esta etapa con napas elevadas, caminos deteriorados y una capacidad reducida para absorber nuevas precipitaciones.
La subregión B3 incluye territorios vinculados con Bolívar, Roque Pérez, Olavarría, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué.
El Salado, dividido entre dos velocidades
La nueva planificación sobre Vallimanca, Saladillo y Las Flores no reemplaza las obras principales del Plan Maestro. Funciona como un complemento de un sistema mucho más amplio, que alcanza a 59 municipios, 17 millones de hectáreas y más de 1,5 millones de habitantes.
La cuenca ocupa alrededor del 55% del territorio bonaerense. Su infraestructura fue diseñada para reducir los daños provocados tanto por inundaciones como por sequías, mejorar el escurrimiento y recuperar tierras para la producción.
El proyecto integral fue dividido en cinco tramos. Los tres primeros están terminados, mientras que el cuarto presenta una situación desigual: las etapas 1, 3 y 4 fueron completadas, pero la etapa 2 permanece sin finalizar.
Ese sector comprende tres subtramos y unos 33,4 kilómetros entre las zonas de Roque Pérez, Lobos y 25 de Mayo. Las tareas comenzaron en 2023, pero quedaron neutralizadas por falta de financiamiento nacional. Se trata de un punto sensible porque la interrupción de una sección condiciona el funcionamiento hidráulico del resto del sistema.
En abril de este año, la Provincia llevó adelante la apertura de sobres para el Tramo V del Plan Maestro del Río Salado, que se extiende por 95,38 kilómetros entre el canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín.
Las dos primeras etapas comprenden 60,26 kilómetros entre Bragado y un punto ubicado aguas abajo de la laguna Rocha. El presupuesto estimado asciende a USD 138 millones, con financiamiento mixto: USD 110 millones mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones y el resto a cargo del Tesoro bonaerense.
El proyecto contempla la ampliación y profundización del cauce, además de la reconstrucción de siete puentes —cinco viales y dos ferroviarios— en territorios de Bragado, Alberti y Chacabuco. La intervención apunta a recuperar unas 400.000 hectáreas productivas.
Una vez completado todo el Tramo V, la Provincia calcula que el 45% del Plan Maestro habrá sido ejecutado durante las gestiones de Kicillof y que la superficie beneficiada ascenderá a ocho millones de hectáreas.
Sin embargo, el avance del último tramo no resuelve por sí solo la discontinuidad anterior. Para que la cuenca funcione integralmente, resulta necesario completar cada sección y evitar que queden obstáculos capaces de frenar el escurrimiento.
Por ese motivo, la paralización del Tramo IV volvió a poner en discusión el destino del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, financiado con una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
La Ley 23.966 dispone que el 4,31% de lo recaudado debe aplicarse a infraestructura hídrica, prevención de inundaciones, recuperación de tierras productivas y protección de redes viales y ferroviarias. La controversia se profundizó luego de conocerse que buena parte de esos recursos permanecía colocada en instrumentos financieros mientras continuaban demorados proyectos estratégicos.
Productores, entidades e intendentes señalaron entonces que la Nación había retomado tareas únicamente en uno de los subtramos comprometidos y reclamaron una reactivación completa.
El presidente del Consejo Asesor del Plan Maestro y referente de CARBAP, Alberto Larrañaga, había advertido que la bajante ofrecía una oportunidad para acelerar los trabajos. También cuestionó que existieran recursos afectados sin una ejecución equivalente en el territorio.
Los intendentes plantearon, además, que las comunas no poseen la capacidad técnica ni financiera necesaria para enfrentar por sí solas una crisis de esta magnitud. Un desborde impacta simultáneamente sobre viviendas, caminos, producción, escuelas rurales y servicios básicos.
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