Un mando, tres niveles y 135 municipios: cómo es el sistema de emergencias que avanza en la Legislatura
El Senado bonaerense dio media sanción a una iniciativa que propone coordinar la prevención y la respuesta ante inundaciones, incendios y otras catástrofes. El esquema asigna funciones a la Provincia y los intendentes, divide el territorio en zonas operativas y ahora deberá ser tratado por Diputados.
Mariana Portilla
La provincia de Buenos Aires quedó más cerca de contar con un sistema único para organizar la prevención y la respuesta ante inundaciones, incendios, temporales y otras emergencias. El Senado bonaerense otorgó media sanción al proyecto que crea el Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, Protección Civil y Desarrollo Resiliente, una estructura destinada a distribuir responsabilidades entre el Gobierno provincial y los municipios.
La propuesta fue impulsada por el presidente del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, y unificada durante el trabajo en comisiones con otra iniciativa presentada por la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini.
El avance llega en un momento especialmente sensible. Los pronósticos climáticos anticipan un período con lluvias abundantes entre octubre y marzo, mientras buena parte del territorio bonaerense mantiene suelos saturados, caminos rurales deteriorados y obras hidráulicas pendientes.
Sin embargo, el proyecto no se limita al escenario de El Niño. Su objetivo es crear una estructura permanente que pueda intervenir frente a diferentes amenazas, reemplazando la lógica de organismos que actúan de manera aislada por un modelo con conducción política, planificación territorial y obligaciones definidas para cada nivel del Estado.
El nuevo esquema distribuirá la gestión en tres niveles: un Consejo Provincial, zonas de Defensa Civil y estructuras municipales.
El Consejo Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres será la máxima instancia de planificación. Deberá establecer políticas generales, coordinar a las diferentes áreas estatales y participar en la declaración de emergencias que afecten al territorio bonaerense.
La intención es reunir bajo una misma conducción a los ministerios, organismos técnicos, gobiernos municipales y entidades públicas o privadas que puedan intervenir durante una contingencia. En lugar de que cada área active sus propios protocolos sin una autoridad común, el Consejo deberá ordenar prioridades y recursos.
El segundo nivel estará constituido por las zonas de Defensa Civil. La Provincia será dividida en áreas operativas para identificar riesgos y necesidades específicas, porque las amenazas no son iguales en todo el territorio.
Una inundación en la Cuenca del Salado requiere una planificación diferente de un incendio forestal en las sierras, una sudestada en la costa del Río de la Plata o un temporal en el sudoeste bonaerense. Cada zona estará a cargo de un responsable dependiente de la Dirección Provincial de Defensa Civil.
El tercer escalón será municipal. Cada intendente deberá conducir la respuesta dentro de su distrito, elaborar un plan local, declarar la emergencia cuando corresponda y solicitar asistencia provincial si la capacidad comunal resulta insuficiente.
“El sistema busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Provincia, promoviendo un enfoque integral y coordinado que involucre a todos los niveles de gobierno y a la comunidad en su conjunto”, explicó Berni.
Qué tendrán que hacer los intendentes
El proyecto coloca a los municipios en el centro de la planificación. No se limitarán a recibir ayuda después de un evento: deberán identificar previamente sus zonas vulnerables, conocer los recursos disponibles y definir cómo actuar.
Los planes locales tendrán que ordenar funciones entre Defensa Civil, bomberos, áreas sanitarias, fuerzas de seguridad, servicios públicos y equipos de asistencia social. También deberán contemplar centros de evacuación, vías de circulación, sistemas de comunicación y mecanismos para asistir a personas con discapacidad, adultos mayores y otras poblaciones especialmente expuestas.
La iniciativa busca evitar uno de los problemas que se repite durante las emergencias: la superposición de autoridades y la falta de información sobre quién debe tomar cada decisión.
La responsabilidad municipal, no obstante, abre una discusión sobre las capacidades reales de los 135 distritos. Mientras las comunas más grandes cuentan con personal especializado, maquinaria y áreas consolidadas de Defensa Civil, otras dependen de estructuras reducidas y recursos limitados.
De un dictamen a la media sanción
La iniciativa había conseguido dictamen en agosto dentro de la Comisión de Seguridad del Senado. En aquel momento, GRUPOLAPROVINCIA.COM informó que el proyecto pretendía actualizar el esquema tradicional de Defensa Civil e incorporar una concepción más amplia de la prevención.
El cambio no es solamente terminológico. La gestión del riesgo propone intervenir antes de que ocurra el desastre: producir información, elaborar mapas, modificar usos del suelo, reforzar infraestructura crítica, preparar a la población y disminuir la exposición de las zonas vulnerables.
Durante el trabajo en comisión, los proyectos de Berni y Galmarini fueron integrados en un único texto. Esa negociación permitió que el expediente reuniera respaldo dentro de Fuerza Patria y llegara al recinto en una sesión marcada por la falta de acuerdos sobre otras reformas de mayor peso político.
Con la aprobación del Senado, la iniciativa deberá pasar ahora a la Cámara de Diputados. Hasta que no complete ese recorrido y sea promulgada, el nuevo sistema no tendrá vigencia legal.
Una estructura que deberá convivir con organismos existentes
La Provincia ya dispone de áreas y mecanismos vinculados con la prevención. Entre ellos aparecen la Dirección de Defensa Civil, el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico, la Autoridad del Agua, Vialidad, ABSA, OCEBA y las estructuras dependientes de los ministerios de Seguridad, Infraestructura, Salud y Desarrollo de la Comunidad.
El desafío será integrar ese entramado sin sumar otra capa burocrática. El nuevo sistema deberá establecer cómo se distribuyen las funciones, quién concentra la información y qué autoridad puede ordenar el despliegue de recursos durante una contingencia.
El avance legislativo coincide con una nueva etapa del operativo hídrico bonaerense. El Ministerio de Infraestructura trabaja en un visor único que reunirá información de más de 400 estaciones meteorológicas nacionales, provinciales, municipales y académicas.
Actualmente, el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico cuenta con 42 estaciones automáticas. El programa oficial pretende llevar la red provincial a 250 dispositivos entre 2026 y 2030 e integrar luego los datos producidos por otras instituciones.
La plataforma permitirá observar precipitaciones, niveles de ríos y arroyos, humedad del suelo y evolución de las cuencas. El propósito es reducir el tiempo entre la aparición de una señal de riesgo y la activación de los protocolos locales.
En Bahía Blanca, la Provincia licitó además un sistema específico de alerta hidrometeorológica para un conglomerado de más de 350.000 habitantes. El dispositivo incluirá cinco estaciones meteorológicas, seis sensores para medir niveles de agua y monitoreo visual sobre puntos críticos. La experiencia del distrito, castigado por episodios climáticos extremos, será uno de los modelos que podrían integrarse a la futura estructura provincial.
La red de respuesta se complementa con tareas sobre arroyos, canales, alcantarillas, estaciones de bombeo, compuertas y caminos. El programa provincial incluye 139 obras y proyectos urbanos, siete estudios sobre drenajes y defensas costeras y diez intervenciones regionales relacionadas con la adaptación del sector agropecuario.
En la Cuenca del Salado, la Provincia reactivó los comités regionales y profundizó las reuniones con intendentes para coordinar trabajos. Allí, una obra realizada por un municipio sin planificación conjunta puede trasladar el exceso de agua hacia otro distrito.
La situación explica la importancia de las zonas operativas previstas en la nueva ley. Los límites de una inundación o una cuenca no coinciden con las fronteras municipales y obligan a planificar desde una escala regional.
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