El Senado volvió con ruido y acuerdos mínimos: gritos, leyes acotadas y la agenda que la rosca dejó afuera

El Senado bonaerense volvió a sesionar después de dos meses, pero el dato político más relevante no estuvo únicamente en los proyectos aprobados. La jornada mostró hasta dónde llegan los acuerdos entre los bloques y cuáles son las discusiones que la interna de Fuerza Patria y la resistencia opositora todavía mantienen fuera del recinto.

La Cámara conducida por la vicegobernadora Verónica Magario convirtió en ley una iniciativa para que los trabajadores de bingos y casinos cobren sus salarios mediante el Banco Provincia y avanzó con propuestas sobre seguridad sanitaria, asistencia personal para personas con discapacidad, trazabilidad de metales y recuperación del complejo turístico de Chapadmalal.

La sesión también estuvo marcada por intercambios ásperos entre oficialistas y opositores. La tensión alcanzó su punto máximo durante el debate por Chapadmalal, cuando la libertaria Florencia Arietto y el peronista Sergio Berni protagonizaron un enfrentamiento que obligó a Magario a cortar los micrófonos.

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El acuerdo que convirtió en ley una iniciativa del massismo

Uno de los principales resultados concretos fue la sanción de la modificación del artículo 4 de la Ley 11.018. La propuesta, impulsada originalmente en Diputados por el massista Rubén Eslaiman, obliga a las empresas autorizadas para explotar bingos y casinos a depositar los salarios de sus empleados a través del Banco Provincia.

El expediente ya contaba con media sanción de la Cámara baja e ingresó sobre tablas en el Senado, donde consiguió los votos necesarios para completar su recorrido legislativo.

La nueva norma establece que las remuneraciones deberán abonarse mediante la banca pública bonaerense, respetando las condiciones previstas por la legislación laboral. Detrás de la modificación aparece una decisión política y financiera: incorporar al circuito del Banco Provincia los movimientos salariales de una actividad regulada por el propio Estado bonaerense.

El Senado también aprobó la adhesión bonaerense a la Ley Nicolás, la normativa nacional que busca reducir los errores médicos y los daños evitables durante la atención sanitaria.

La ley surgió a partir de la lucha de Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió después de recibir un diagnóstico equivocado. La propuesta establece herramientas destinadas a fortalecer la calidad asistencial, la formación de los profesionales, la trazabilidad de las intervenciones y la participación de pacientes y familiares.

Entre sus objetivos aparecen la implementación de una historia clínica digital integrada, la certificación periódica de los profesionales y la creación de mecanismos institucionales para reportar y analizar incidentes sanitarios.

El avance se produjo mientras el funcionamiento del sistema de salud provincial permanece en el centro de la discusión política. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, la oposición viene reclamando información sobre la disponibilidad de profesionales, las camas críticas, el equipamiento y la ejecución presupuestaria de los hospitales.

Esa agenda cobró fuerza después de distintos episodios ocurridos en establecimientos de Junín, Nueve de Julio y Pergamino, que derivaron en auditorías, denuncias judiciales y pedidos de explicaciones. En el invierno, además, las consultas pediátricas habían aumentado un 57% en el Conurbano y un 25% en el interior, con una ocupación promedio de camas críticas cercana al 80%.

Verónica Magario, presidenta del Senado.

Además, la Cámara alta dio luz verde al proyecto que regula la actividad de los asistentes personales y reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder a ese acompañamiento. La figura busca favorecer una vida autónoma e independiente, disminuir barreras y brindar apoyo para actividades cotidianas sin sustituir la voluntad de la persona asistida.

El debate incluye cuestiones sensibles como la formación, las funciones, la relación contractual y el financiamiento de las prestaciones. Su aprobación ocurre en un contexto de reclamos de familias, prestadores e instituciones por demoras, valores desactualizados y dificultades en las coberturas.

Otro de los proyectos aprobados fue la creación del Régimen de Trazabilidad del Cobre y Metales Recuperados (REPROCEM).

La iniciativa establece un sistema provincial de registro y fiscalización sobre la compra, venta, acopio, traslado y procesamiento de cobre y otros metales. El objetivo es intervenir sobre una cadena ilegal que suele comenzar con el robo de cables, transformadores, infraestructura ferroviaria o instalaciones de servicios públicos.

El régimen apunta a identificar a los operadores, documentar el origen de los materiales y facilitar los controles sobre chatarrerías, depósitos y establecimientos dedicados a su comercialización. La apuesta es reducir la posibilidad de colocar en el mercado formal metales obtenidos mediante robos o daños contra bienes públicos y privados.

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Chapadmalal encendió el recinto

La mayor tensión llegó con el proyecto impulsado por la diputada nacional y exlegisladora bonaerense Fernanda Raverta, que declara la voluntad de la Provincia de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal.

El texto rechaza una eventual explotación comercial privada y reivindica el carácter social del complejo. Raverta sostuvo que alrededor de Chapadmalal se enfrentan “dos modelos de país” y aseguró que el gobierno bonaerense insistirá en preservar un espacio destinado al turismo de trabajadores y familias.

El senador del PRO Guillermo Montenegro cuestionó que la discusión se haya desarrollado sin una participación suficiente de Mar del Plata. “A Mar del Plata nadie le pregunta nada”, reclamó el exintendente de General Pueyrredón.

Montenegro también objetó la prohibición de una explotación privada y planteó dudas sobre la capacidad de la Provincia para asumir los costos de mantenimiento y recuperación del predio.

Desde La Libertad Avanza, Cecilia Martínez defendió el proyecto del Gobierno nacional y preguntó qué partidas debería resignar Buenos Aires para financiar el complejo.

El cruce escaló cuando Arietto respondió al oficialismo y Berni intervino para enfrentarla. Con la senadora libertaria de pie y elevando la voz, Magario ordenó cerrar los micrófonos, pidió respetar el reglamento y condujo inmediatamente la votación. El proyecto fue aprobado y la sesión terminó pocos segundos después.

Seguridad: reclamos, acusaciones y una interpelación que no avanzó

La inseguridad también atravesó el debate, aunque no logró traducirse en una convocatoria formal al ministro bonaerense Javier Alonso. Arietto reclamó el tratamiento de iniciativas para impedir el uso de teléfonos celulares en las cárceles y cuestionó que el oficialismo no habilite proyectos que, según afirmó, podrían alcanzar consensos.

La legisladora también insistió con la interpelación a Alonso y apuntó contra la situación en municipios gobernados por el peronismo. Llegó a describir el escenario en Florencio Varela como “una especie de guerra civil por el narcomenudeo”, expresión con la que buscó trasladar parte de la discusión hacia los intendentes oficialistas.

El planteo forma parte del enfrentamiento abierto entre Nación y Provincia por las responsabilidades, los fondos y los resultados de las políticas de seguridad. Sin embargo, la oposición no reunió los votos necesarios para convertir su ofensiva en una citación al ministro.

Las reelecciones y las leyes de Kicillof volvieron a quedar afuera

Antes de la sesión, GRUPOLAPROVINCIA.COM había adelantado que los acuerdos alcanzados solo permitían avanzar con una agenda limitada. La Ley Ema, los beneficios permanentes para el Área Patagónica Bonaerense y la reforma del régimen de emergencia agropecuaria se encontraban entre los expedientes con trabajo previo, pero no integraron el núcleo finalmente sancionado.

Tampoco avanzó la modificación del régimen de reelecciones. El proyecto divide al propio oficialismo: un sector del peronismo busca volver a habilitar mandatos sucesivos para los intendentes, mientras el Frente Renovador y dirigentes de La Cámpora mantienen objeciones. El PRO, la UCR, La Libertad Avanza y otros bloques también rechazan la reforma.

La parálisis adquiere peso porque, bajo la interpretación vigente, alrededor de 80 intendentes no estarían habilitados para competir por otro mandato en 2027, mientras otros once permanecen sujetos a una discusión jurídica sobre cómo deben computarse sus períodos.

Las iniciativas sanitarias de Kicillof corrieron la misma suerte. La empresa pública de medicamentos y el sistema integrado de salud enfrentan el rechazo de la oposición y resistencias dentro de Fuerza Patria.