Del patrullero municipal a la Policía Militar: la propuesta que sacude el debate por la inseguridad bonaerense

La inseguridad volvió a dominar la discusión política bonaerense después de una sucesión de hechos violentos en el conurbano. El asesinato de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz y el tiroteo ocurrido frente a la escuela Emaús de El Palomar, en Morón, reactivaron las críticas contra el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso.

La Libertad Avanza pidió interpelar al funcionario en la Legislatura; desde José C. Paz reclamaron refuerzos provinciales y el intendente de Morón, Lucas Ghi, reconoció que los patrulleros disponibles resultan insuficientes. La respuesta del Ejecutivo fue exhibir estadísticas oficiales que señalan una reducción de los homicidios y volver a denunciar que el Gobierno nacional retiró recursos que financiaban la política de seguridad.

En medio de esa disputa apareció una propuesta que va mucho más allá de sumar móviles o agentes. El exintendente de San Miguel y exministro bonaerense Joaquín de la Torre planteó federalizar los 24 municipios del conurbano y crear una Policía Militar, dependiente de la Nación, para intervenir sobre el narcotráfico, la inteligencia criminal y los delitos complejos.

El esquema presentado contempla una institución de carácter permanente, con régimen y formación militar, que no respondería al gobernador ni a los jefes comunales. Su centro de instrucción estaría ubicado en Campo de Mayo y la capacitación quedaría en manos de la Gendarmería y el Ejército.

Parte de sus integrantes podrían provenir de la actual Policía Bonaerense. Según explicó el dirigente, la nueva estructura no funcionaría como un despliegue circunstancial de fuerzas federales, sino como un cuerpo creado específicamente para actuar en el Gran Buenos Aires.

“No es el Ejército prestado ni Gendarmería prestada, es una fuerza creada específicamente para el conurbano”, sostuvo De la Torre. Sus tareas quedarían concentradas en cuatro áreas: narcotráfico, inteligencia, operaciones tácticas e investigaciones sobre organizaciones delictivas complejas.

El dirigente argumentó que la estructura actual no permite conducir desde La Plata una fuerza desplegada en un territorio habitado por entre 13 y 14 millones de personas. “¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano?”, cuestionó.

También afirmó que la cantidad de integrantes de la Policía Bonaerense se duplicó desde 2010 sin conseguir una reducción equivalente de la criminalidad. A partir de ese diagnóstico, reclamó “cambiar por completo” el sistema y dejar atrás un modelo que considera excesivamente centralizado.

La federalización detrás de la propuesta

La creación de la Policía Militar forma parte de una reforma institucional más amplia: convertir a los 24 municipios ubicados entre la Ciudad de Buenos Aires y la Ruta Provincial 6 en distritos federales.

De acuerdo con el planteo, esas comunas dejarían de estar bajo la administración de la provincia de Buenos Aires y pasarían a relacionarse directamente con el Gobierno nacional. El modelo tendría dos escalones —Nación y municipios— y eliminaría la intermediación provincial en áreas como seguridad, educación, salud y administración tributaria.

De la Torre sostiene que ese cambio podría instrumentarse mediante leyes del Congreso y de la Legislatura bonaerense, sin una reforma constitucional. Sin embargo, la propuesta anticipa una discusión jurídica y política de enorme complejidad porque implica modificar la jurisdicción territorial de la Provincia, redistribuir recursos y transferir competencias esenciales.

También deberá atravesar el debate sobre los límites que las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior establecen entre la actuación militar y las funciones policiales. La iniciativa propone una fuerza de naturaleza militar para intervenir en seguridad interior, aunque formalmente no sería el Ejército el encargado de patrullar.

El plan no elimina a las fuerzas locales. De la Torre propone que la Policía Militar conviva con policías municipales dirigidas por los intendentes. Estas últimas quedarían a cargo del patrullaje preventivo y la proximidad barrial, mientras la estructura federal se ocuparía de los delitos de mayor complejidad.

“Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, aseguró.

Ese componente conecta su propuesta con una discusión que ya venía creciendo antes de los últimos hechos. Como desarrolló GRUPOLAPROVINCIA.COM, intendentes oficialistas y opositores vienen reclamando una ley que reconozca las estructuras locales que ya financian con recursos propios.

En una reunión celebrada en Escobar, Alonso entregó a los municipios un documento para comenzar a discutir una reforma. Allí participaron, entre otros, Ariel Sujarchuk, Ramón Lanús, Federico Achával, Leonardo Boto, Federico Otermín, Federico Susbielles y Juan José Fabiani.

Los jefes comunales coincidieron en que actualmente pagan centros de monitoreo, cámaras, combustible, mantenimiento de móviles y personal preventivo, pero carecen de autoridad plena sobre la fuerza que opera en sus distritos.

“Hace tiempo que desde San Isidro venimos impulsando una ley que habilite a los municipios grandes de la provincia a contar con una policía local con verdadera autonomía y responsabilidades claramente definidas”, planteó Lanús. Sujarchuk, por su parte, reclamó una norma que otorgue facultades, mejore el financiamiento y convierta la seguridad en una política de Estado.

El propio Alonso reconoció que la legislación vigente no contempla debidamente el esfuerzo de las comunas. “Vienen haciendo un esfuerzo enorme con efectivos propios, centros de monitoreo y prevención, y esa experiencia debe ser considerada”, afirmó. Sin embargo, el proyecto prometido todavía no ingresó formalmente a la Legislatura.

Morón y José C. Paz aceleraron los reclamos

Los episodios ocurridos en los últimos días volvieron más urgente esa discusión. Luego del tiroteo frente a la escuela Emaús, Ghi reconoció la falta de móviles provinciales y pidió la incorporación de 20 patrulleros adicionales.

Morón ya seleccionó a 130 agentes retirados de distintas fuerzas para conformar una estructura municipal. Los aspirantes conservaron estado policial y, por esa condición, pueden portar sus armas particulares. No obstante, el gobierno local no está habilitado para entregarles armamento letal como parte de su equipamiento institucional.

El intendente reclamó una ley que permita al Municipio disponer de personal armado bajo su jurisdicción. La primera promoción atraviesa un período de reentrenamiento y la comuna prevé equiparla inicialmente con dispositivos de baja letalidad.

En José C. Paz, el asesinato de Ojeda Vázquez también generó una reacción política. El municipio exigió a Kicillof reforzar la presencia policial, mientras Mario Ishii reclamó anteriormente que la Provincia absorba gastos que hoy afrontan las comunas, como el combustible y la reparación de los patrulleros.

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Estadísticas contra percepción social

El Gobierno bonaerense respondió a las críticas con informes de la Superintendencia de Análisis Criminal. Según esos registros, los homicidios dolosos en José C. Paz disminuyeron un 14,3%: pasaron de 21 entre enero y el 11 de septiembre de 2025 a 18 durante el mismo período de 2026.

En Morón, la baja informada fue del 60%, de diez homicidios durante los primeros nueve meses de 2025 a cuatro en igual lapso de este año. La Provincia también utiliza los datos del Ministerio Público Fiscal, que muestran una reducción interanual del 6,4% en las investigaciones penales preparatorias del fuero Criminal y Correccional durante 2025. Esas cifras conviven con un crecimiento de las causas del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil: pasaron de 1.989 a 2.198 expedientes, una suba del 10,5%.