Más de 90 jueces respaldaron a De Marinis y rechazaron el pedido de juicio político
Un total de 91 magistrados porteños cuestionó la presentación impulsada contra Laura De Marinis después de que declarara inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación de la punibilidad desde los 14 años. Los firmantes sostuvieron que el desacuerdo con una sentencia debe canalizarse mediante los mecanismos judiciales de revisión.
Juan Manuel Villarreal
Un grupo de 91 jueces y juezas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su respaldo institucional a Laura Beatriz De Marinis y rechazó el pedido de juicio político promovido después de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso concreto, el artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la punibilidad desde los 14 años.
El pronunciamiento, denominado “En apoyo a la magistrada De Marinis”, expresó el “más enfático repudio y profunda preocupación” ante la iniciativa impulsada contra la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3. Los firmantes plantearon que promover ese mecanismo por el contenido de una sentencia “agravia seriamente la independencia judicial”.
El documento no implica necesariamente una adhesión de los magistrados al criterio adoptado por De Marinis en su resolución. El eje del planteo está puesto en la posibilidad de que una decisión judicial sea revisada mediante las vías procesales previstas y no a través de una reacción institucional contra quien dictó el fallo.
El fallo que originó el conflicto
La controversia comenzó después de una resolución dictada por De Marinis en una causa por una tentativa de robo en la que estaba involucrado un adolescente de 14 años.
La jueza declaró inconstitucional, exclusivamente para ese expediente, el artículo 1 de la Ley 27.801 que fija la punibilidad desde los 14 años y dispuso el sobreseimiento del adolescente. La decisión se originó a partir de un planteo del Ministerio Público de la Defensa y contó con la intervención de los organismos correspondientes a la protección de sus derechos.
Como informó GrupoLaProvincia.com, el fallo de De Marinis no suspende la nueva Ley Penal Juvenil ni impide su aplicación general en la Ciudad de Buenos Aires. Su alcance está limitado al caso concreto analizado por el juzgado.
Entre sus fundamentos, la magistrada sostuvo que la reducción de la edad de punibilidad resultaba regresiva respecto del sistema de protección integral de derechos aplicable a niños y adolescentes. También tomó en consideración normas internacionales y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
El pedido contra De Marinis y la respuesta de los jueces
Después de conocerse el fallo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsaría un juicio político contra De Marinis. El Gobierno de la Ciudad formalizó posteriormente una presentación ante el Consejo de la Magistratura.
Frente a esa decisión, los 91 magistrados remarcaron que De Marinis ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad que corresponde a los jueces dentro del sistema argentino y reclamaron que las autoridades actúen con “mesura, prudencia institucional y apego al derecho”.
El comunicado pone el foco especialmente en la respuesta institucional frente a una sentencia con la que otro poder del Estado puede estar en desacuerdo. Los jueces señalaron que las resoluciones judiciales cuentan con vías específicas para ser cuestionadas y revisadas dentro del propio sistema.
Ese mecanismo ya fue activado en el expediente. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló la decisión de De Marinis y solicitó además su apartamiento de la causa, por lo que el fallo deberá ser revisado en una instancia superior.
Para los firmantes, la existencia de esa apelación muestra que la controversia jurídica puede tramitarse dentro de los canales ordinarios previstos para revisar una sentencia, independientemente de que se comparta o no el criterio adoptado por la jueza.
Una discusión que sigue abierta
La disputa se desarrolla pocos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que reemplazó el régimen anterior y estableció un nuevo sistema penal juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años. Entre sus modificaciones centrales se encuentra la reducción a 14 años de la edad de punibilidad.
El pronunciamiento de De Marinis es uno de los primeros cuestionamientos judiciales a la aplicación de ese nuevo esquema. A diferencia de otras decisiones que buscaron suspender la norma con un alcance más amplio, su resolución está circunscripta al adolescente involucrado en el expediente.
Ahora avanzarán por carriles diferentes la revisión judicial del fallo y la presentación promovida contra la magistrada. Mientras tanto, el comunicado firmado por los jueces trasladó el debate desde el contenido de la sentencia hacia los límites entre la crítica a una decisión judicial y la independencia de los magistrados.
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