Olivos bajo tensión: el Gobierno rechaza irregularidades, da marcha atrás con despidos y reordena la Quinta

El Gobierno nacional salió a responder a las denuncias por presuntas irregularidades en las compras de alimentos destinadas a la Quinta de Olivos y sostuvo, sobre la base de una auditoría de las contrataciones, que no existió la sobrecompra señalada. Al mismo tiempo, resolvió reincorporar al personal civil que había sido desplazado durante la reciente reorganización de la residencia presidencial, aunque no necesariamente a sus funciones anteriores.

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La explicación oficial se apoya en una diferencia que la Casa Rosada considera central: las órdenes de compra abiertas establecen cantidades máximas que pueden adquirirse durante determinado período, mientras que las solicitudes de provisión reflejan cuánto fue efectivamente requerido. Según esa posición, parte de los cuestionamientos habría surgido de comparar esos límites máximos con consumos reales.

Presidencia también elaboró comparaciones con contrataciones anteriores y planteó que algunos de los períodos utilizados como referencia coincidieron con la pandemia o con los meses posteriores, cuando la presencialidad en las dependencias oficiales era menor. Actualmente, de acuerdo con los datos difundidos desde el Ejecutivo, alrededor de 1.300 personas utilizan diariamente el servicio de comida en Casa Rosada, mientras que en Olivos se calculan unos 130 comensales con dos servicios por día.

Los números que presentó el Gobierno

Entre los datos utilizados para responder a los cuestionamientos aparece la compra de carnes. Para Casa Rosada, una orden correspondiente a 2021 contemplaba 28.817 kilos. En 2025 el máximo fue de 17.890 kilos y finalmente se solicitaron 17.700.

En la Quinta de Olivos, la comparación oficial señala una orden por 8.676 kilos en 2021 frente a un máximo de 7.470 kilos para 2026. De esa última cantidad, según la información difundida por Presidencia, fueron solicitados efectivamente 6.229 kilos.

La controversia llegó a la Justicia a partir de una presentación de la diputada Marcela Pagano, que cuestionó las cantidades contratadas para la residencia y planteó la hipótesis de un eventual desvío de mercadería hacia un emprendimiento privado relacionado con personas vinculadas a la administración de Olivos. La causa tramita en el Juzgado Federal N°12.

El Gobierno rechaza esa interpretación y sostiene que las cifras cuestionadas corresponden a máximos establecidos en órdenes abiertas y no necesariamente a mercadería efectivamente entregada. Las posibles irregularidades denunciadas deberán ser determinadas en el expediente judicial.

Reincorporaciones tras los desplazamientos

La discusión por las compras se desarrolla en paralelo con los cambios dispuestos en el funcionamiento de la Quinta. El Gobierno decidió reincorporar a los trabajadores civiles que inicialmente habían sido desplazados, aunque esa decisión no implica que todos regresen a las mismas tareas que realizaban antes de la reorganización.

Una de las excepciones es Osvaldo Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la residencia y quedó fuera de la estructura. También dejó su cargo María Belén Agudiez, hasta entonces subsecretaria de Planificación General, quien presentó su renuncia después de haber intervenido en los desplazamientos del personal.

De esta manera, las salidas que permanecen vigentes son la de Sosa, despedido, y la de Agudiez, que renunció.

Casa Militar amplía su control sobre Olivos

Los movimientos se producen mientras Casa Militar suma responsabilidades sobre la residencia presidencial. El jefe del organismo, Sebastián Ibáñez, quedó con mayor intervención en el funcionamiento de Olivos, dentro del nuevo esquema dispuesto por la Casa Rosada.

La reorganización ya había incluido el traspaso de responsabilidades y bienes de la Residencia Presidencial hacia Casa Militar, con el argumento oficial de fortalecer la seguridad y concentrar funciones administrativas y de control.

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Las diferencias internas sobre lo ocurrido en Olivos continúan abiertas. Dentro del propio Gobierno circulan versiones contrapuestas sobre el funcionamiento de la residencia, las filtraciones de información y las responsabilidades de quienes integraban su administración. Algunas de esas acusaciones no fueron probadas y forman parte de la disputa política interna desatada alrededor del episodio.