La UOM bajo la lupa judicial: los pagos millonarios a USEM y las indagatorias de Furlán y Calle
La Justicia investiga contratos por los que una empresa privada recibió más de $2.466 millones del gremio metalúrgico y su obra social. El desplazado dirigente y otros cinco involucrados deberán declarar en Comodoro Py, mientras continúa la disputa por la conducción sindical.
Pamela Orellana
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) enfrenta un nuevo capítulo judicial que profundiza la crisis abierta por la intervención de su conducción nacional. El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al exsecretario general Abel Furlán, a la sindicalista María Soledad Calle y a otras cuatro personas por presuntas irregularidades en contratos celebrados con USEM S.A., una empresa que recibió más de $2.466 millones en honorarios por administrar servicios financieros del sindicato y su obra social.
La resolución, firmada el viernes 6 de noviembre, también dispuso inhibiciones generales de bienes y restricciones sobre cajas de seguridad. Furlán deberá presentarse el 17 de noviembre y Calle, el 24. Las citaciones se producen cuando el gremio continúa intervenido por una decisión de la Justicia laboral que anuló las elecciones de marzo y desplazó a su conducción nacional.
Los contratos de diez años que investiga la Justicia
El expediente se concentra en dos contratos firmados el 27 de febrero de 2023 entre la UOM, su obra social OSUOMRA y USEM S.A., con una duración prevista de diez años, desde marzo de 2023 hasta febrero de 2033.
Los acuerdos contemplaban tareas de gestión operativa de recursos sindicales, administración de cuentas y circuitos de pago. Entre las prestaciones figuraban el procesamiento de operaciones bancarias, la revisión de obligaciones, la validación de desembolsos y la elaboración de documentación vinculada con los movimientos financieros de ambas entidades.
La investigación comenzó a partir de una denuncia de los dirigentes Gerardo Alberto Piva, Ángel Rodrigo Derosso y Pablo González, patrocinados por el abogado Yamil Castro Bianchi. El planteo sostiene que las condiciones de contratación podrían haber ocasionado perjuicios patrimoniales y beneficios indebidos para la sociedad privada.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la conformación de USEM. La empresa fue constituida el 7 de diciembre de 2022, apenas 82 días antes de firmar los contratos, y tenía como accionistas a Calle y Adalberto Braconi, cada uno con el 50% del capital. Braconi se desempeñaba como presidente de la firma y Calle como directora suplente.
La situación de Calle ocupa un lugar central en el expediente porque era empleada de la UOM mientras participaba como accionista de la empresa contratada por el mismo sindicato. El juzgado también señaló que no encontró constancias suficientes de una comparación de ofertas, compulsa de precios o evaluación formal de la capacidad operativa del proveedor antes de la contratación.
Más de $2.466 millones en honorarios y sospechas de sobrecostos
Los pagos realizados a USEM constituyen otro eje de la investigación. Según un informe elaborado por la intervención judicial del sindicato, la empresa recibió $2.466.334.995 en honorarios durante el período examinado.
Los registros detallan aproximadamente $698 millones durante 2024, $1.086 millones en 2025 y $681 millones entre enero y julio de 2026. El esquema contemplaba una remuneración equivalente al 0,5% de los fondos correspondientes a determinados aportes sindicales.
El juzgado analiza si los servicios efectivamente prestados justificaban esos honorarios. La resolución sostiene que la empresa habría tenido una intervención limitada en algunas operaciones y que no se acreditó suficientemente el cumplimiento de tareas de auditoría, análisis y validación previstas en los contratos.
También se cuestiona que USEM pudiera rescindir unilateralmente los acuerdos mediante un preaviso de treinta días sin que las entidades contratantes contaran con una facultad equivalente. Las cotizaciones incorporadas al expediente, inferiores a los importes abonados, alimentaron las sospechas judiciales sobre posibles sobrecostos.
La investigación deberá determinar qué parte de los pagos correspondió a prestaciones efectivas, si existieron sobreprecios y si hubo un perjuicio económico para el gremio y su obra social.
Seis indagatorias, inhibiciones de bienes y nuevas medidas
Además de Furlán y Calle, fueron convocados el exsecretario adjunto Naldo Brunelli, el exsecretario administrativo Osvaldo Esteban Lobato, el tesorero José Luis Ortiz y el presidente de USEM, Braconi.
La resolución fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 12, actualmente subrogado por Ercolini. Junto con las indagatorias, el magistrado ordenó medidas cautelares que alcanzan a los investigados y al patrimonio de la organización sindical.
El expediente incorpora además una investigación sobre viajes al exterior y movimientos migratorios de Furlán, Calle, Braconi y Lobato durante el período de ejecución de los contratos. La Justicia busca establecer si esos desplazamientos fueron financiados, total o parcialmente, con recursos sindicales.
La defensa de Furlán, representada en distintas presentaciones por Alejandro Rúa, Graciana Peñafort y Pablo Slonimsqui, rechazó las acusaciones y solicitó su sobreseimiento. Sostuvo que la UOM nunca transfirió el control de sus fondos a USEM, sino que contrató tareas de gestión bancaria, conservando las decisiones sobre el destino del dinero.
Según los escritos defensivos, los acuerdos fueron aprobados por organismos internos del sindicato, los servicios se prestaron efectivamente y las operaciones permanecieron bajo controles institucionales y bancarios. Los abogados también cuestionaron que la investigación se utilizara para extender sospechas sobre toda la administración sindical.
La crisis de Campana que terminó con la intervención de la UOM
La causa penal se suma a otro proceso judicial que modificó la conducción de uno de los sindicatos industriales más importantes del país.
El 22 de mayo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana y extendió esa decisión a los comicios nacionales del 18 de marzo, en los que Furlán había sido reelegido con el respaldo de 48 de las 53 seccionales.
El tribunal consideró que el proceso electoral cuestionado por la opositora Lista Naranja no había garantizado condiciones suficientes de transparencia. La resolución desplazó a las autoridades nacionales, declaró la acefalía de la organización y dispuso una intervención judicial por 180 días.
El abogado Alberto Biglieri fue designado interventor con facultades para administrar la entidad y avanzar hacia una nueva convocatoria electoral. Posteriormente, la intervención amplió su estructura y elaboró informes sobre el funcionamiento administrativo y financiero del sindicato, que aportaron elementos a las investigaciones.
Furlán rechazó el desplazamiento y denunció una medida de motivación política destinada a debilitar la organización en medio de la discusión salarial y el enfrentamiento con las políticas laborales del gobierno de Javier Milei.
La intervención provocó movilizaciones y expresiones de respaldo de organizaciones sindicales, entre ellas la CGT, las dos CTA y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). El dirigente metalúrgico vinculó el conflicto con la defensa de la autonomía sindical, mientras la Justicia laboral fundamentó su decisión en las irregularidades electorales denunciadas.
Soledad Calle y la propiedad vecina a Cristina Kirchner
La investigación también colocó bajo atención pública a Calle por sus vínculos políticos y operaciones patrimoniales.
En agosto de 2025, la sindicalista adquirió por aproximadamente US$189.000 un departamento de 252 metros cuadrados en el primer piso de San José 1111, el edificio porteño donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, un piso más arriba.
Calle sostuvo ante la Justicia que la compra se realizó con recursos propios y que el inmueble estaba destinado a un proyecto de fundación dedicada a estudios sobre el desarrollo argentino.
Su patrimonio fue objeto de pedidos de información fiscal, financiera y registral. Sin embargo, la investigación sobre los contratos de USEM no atribuye a Cristina Kirchner participación en las operaciones cuestionadas.
Las próximas declaraciones y el futuro de la investigación
La primera fecha central será el martes 17 de noviembre, cuando Furlán deberá comparecer ante el juzgado de Ercolini en Comodoro Py, a las 10.30. Calle tiene prevista su declaración para el 24 de noviembre, mientras deberán concretarse las convocatorias de los otros cuatro involucrados.
Las indagatorias permitirán conocer las explicaciones de los acusados sobre la contratación, los servicios y las operaciones financieras examinadas. Después, el juez deberá evaluar si existen elementos para avanzar procesalmente respecto de cada uno.
La UOM llega a esas instancias con dos conflictos judiciales simultáneos: la disputa por la legitimidad de su conducción y la investigación sobre la administración de sus fondos. Las declaraciones previstas para noviembre marcarán un nuevo momento en un expediente que involucra a dirigentes sindicales, recursos de los afiliados y contratos millonarios todavía bajo investigación.
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