Gas más caro y amparos en marcha: se arma un frente bonaerense contra la reforma de Milei

La sanción de los cambios en el régimen de Zona Fría no cerró la discusión por las tarifas de gas en la provincia de Buenos Aires. Apenas horas después de la votación del Senado nacional, intendentes, legisladores y organismos de defensa de los consumidores comenzaron a activar una segunda etapa del reclamo: llevar a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la nueva ley en los municipios alcanzados.

El primer paso concreto llegará desde Bahía Blanca. El intendente Federico Susbielles confirmó este viernes que el municipio acudirá al fuero federal una vez que la norma sea promulgada y ordenó a su equipo jurídico preparar una presentación para pedir que sus efectos no se apliquen en la ciudad.

En paralelo, la diputada nacional Jimena López adelantó que trabaja con jefes comunales de la Quinta Sección Electoral para impulsar un amparo colectivo, mientras la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon analiza una vía similar.

La reacción llega después de que el Senado convirtiera en ley la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, con 38 votos afirmativos y 8 negativos. En Buenos Aires, la modificación alcanza a los 94 municipios incorporados a partir de la ampliación de 2021, donde alrededor de 1,24 millones de hogares dejarán de recibir el descuento territorial de manera automática.

Defender la Zona Fría es defender a los bahienses

La norma aprobada en el Senado busca excluir a Bahía Blanca de un régimen que conseguimos en 2021 y que responde a una realidad: nuestra ciudad es zona fría.

No hay justificación para que un vecino de Bahía pague el doble que… pic.twitter.com/KKaAZLk3WZ

— Federico Susbielles (@fsusbielles) September 25, 2026

Bahía Blanca va a la Justicia Federal

Susbielles fue el primero en confirmar públicamente cuál será el camino después de la sanción. “Vamos a proceder con la vía judicial. Entendemos que hay una vulneración del Estado de derecho constitucional, será la Justicia Federal la que tendrá que evaluar”, señaló el jefe comunal durante una conferencia de prensa realizada este viernes.

El municipio buscará que los efectos de la nueva legislación sean suspendidos para los usuarios bahienses. La presentación todavía no puede concretarse porque la norma debe ser promulgada y entrar en vigencia, pero el equipo legal municipal ya recibió instrucciones para preparar el planteo.

El argumento jurídico que anticipó Susbielles se apoyará en distintos artículos y principios constitucionales. El intendente mencionó el artículo 16 de la Constitución Nacional, referido a la igualdad; el artículo 28, sobre razonabilidad de las normas; y el principio de progresividad y no regresividad de derechos. Se trata de los fundamentos que pretende llevar ante los tribunales, cuya procedencia deberá ser evaluada por la Justicia.

“A misma temperatura, mismo régimen”, resumió el jefe comunal. Según planteó, Bahía registra condiciones térmicas similares a ciudades como Santa Rosa, Viedma, Patagones o Neuquén, que permanecen dentro del régimen territorial.

Susbielles también afirmó que la modificación impactará sobre todos los hogares de su ciudad y sostuvo que determinados usuarios de clase media podrían enfrentar incrementos superiores al 100%. Esa estimación corresponde al municipio y dependerá de cada consumo, categoría tarifaria y eventual acceso al nuevo esquema de asistencia.

La decisión judicial tampoco surgió después de la votación. GRUPOLAPROVINCIA.COM había informado en junio que el intendente envió al Concejo Deliberante un proyecto para obtener respaldo institucional y quedar habilitado a recurrir a los tribunales si el Congreso finalmente modificaba la ley.

En aquel momento, la estrategia combinaba el camino judicial con una campaña territorial. El municipio reunió firmas y adhesiones de organizaciones locales y, para mediados de junio, Susbielles aseguraba que más de 30 mil vecinos y más de 40 asociaciones civiles ya habían acompañado el reclamo. 

La Quinta Sección prepara un amparo colectivo

Bahía Blanca no será el único distrito que buscará abrir una instancia judicial. La diputada nacional Jimena López, del Frente Renovador, confirmó que mantiene conversaciones con intendentes de la Quinta Sección para avanzar con un amparo colectivo.

“Ya estamos trabajando con intendentes de la Quinta Sección para avanzar rápidamente con un amparo colectivo, junto a organismos que puedan acompañar la defensa de usuarios y usuarias”, expresó.

La estrategia contempla la posible intervención de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y distintos organismos de defensa de usuarios. López había explicado antes de la votación que una eventual presentación debía esperar a que la modificación fuera sancionada y adquiriera vigencia, porque recién entonces existiría un acto concreto sobre el cual reclamar judicialmente.

Ese entramado municipal tampoco comenzó ahora. Las OMIC de numerosos distritos ya participaban de campañas de información y recolección de firmas, mientras intendentes y concejales de la costa y del interior buscaban acumular respaldo social para frenar el proyecto en el Congreso.

La estrategia también había incluido reuniones de intendentes bonaerenses con legisladores nacionales. En uno de esos encuentros participaron, entre otros, los jefes comunales de General Alvarado, Tres Arroyos, Salliqueló, Saavedra y San Pedro, quienes llevaron firmas y documentación al Congreso para advertir sobre el impacto tarifario que podía generar la reforma.

Como informó entonces GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, había advertido que el impacto terminaría trasladándose al territorio porque, ante facturas impagables, los vecinos recurrirían primero a las administraciones municipales. En Bragado, la OMIC también había iniciado una campaña de firmas, mientras otros distritos del interior desarrollaron acciones similares.

La Defensoría también estudia recurrir a tribunales

Otro actor que puede incorporarse al frente judicial es la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon. Su titular, Marcelo Lacedonia, confirmó que el organismo analiza un amparo colectivo y que mantiene conversaciones con asociaciones de consumidores. La posible presentación se apoyaría, entre otros puntos, en el principio constitucional de no regresividad de los derechos económicos y sociales.

“Nosotros entendemos que podría ir por ahí”, afirmó Lacedonia al referirse a la posibilidad de una acción colectiva. El defensor sostuvo que, por la cantidad de usuarios involucrados, el planteo podría encuadrarse dentro de una cuestión de incidencia colectiva.

Su argumento coincide parcialmente con el que prepara Bahía Blanca: cuestionar que usuarios sometidos a determinadas condiciones climáticas pierdan un reconocimiento territorial mientras otras regiones continúan accediendo a él.

Lacedonia aclaró, sin embargo, que la presentación judicial deberá construirse sobre el texto definitivo y una vez que exista una afectación concreta. Será entonces la Justicia la que deberá determinar si los argumentos vinculados con igualdad, razonabilidad o no regresividad resultan aplicables al nuevo régimen.

Voté en contra del nuevo régimen de zona fría, que deja sin subsidios a 94 municipios de la Provincia, entre ellos Mar del Plata. pic.twitter.com/OaPIgiyoTr

— Maxi Abad (@MaxiAbad) September 25, 2026

Un rechazo que también atraviesa a la oposición no peronista

Aunque la avanzada judicial tiene hasta ahora como protagonistas visibles a intendentes peronistas, dirigentes del Frente Renovador y organismos de defensa de usuarios, el rechazo político a la reforma no quedó circunscripto al oficialismo bonaerense.

La diputada nacional radical y dirigente bahiense Karina Banfi cuestionó la modificación y afirmó que dejar a Bahía Blanca fuera del esquema territorial representa una “injusticia”. Antes de la votación había planteado que el régimen debía ser revisado con criterios que combinaran condiciones climáticas y situación económica, en lugar de excluir al sudoeste bonaerense. En el Senado nacional, el bonaerense Maximiliano Abad, también de la UCR, estuvo entre los ocho votos negativos.

Dentro de la Legislatura provincial, el diputado de la Coalición Cívica Andrés De Leo ya había llevado el tema al recinto en agosto y cuestionado los fundamentos utilizados para retirar el beneficio territorial a buena parte del interior bonaerense. 

La etapa que ahora comienza estaba contemplada desde hace meses. En junio, GRUPOLAPROVINCIA.COM informaba que la resistencia bonaerense combinaba presentaciones judiciales en preparación, campañas de firmas, movilizaciones, reclamos institucionales y herramientas para estimar el impacto de las nuevas tarifas. En aquel momento, la prioridad era evitar que el Senado sancionara el proyecto.

La votación del jueves modificó ese escenario. El intento de frenar la reforma dentro del Congreso no prosperó y el oficialismo reunió 38 votos para convertirla en ley. Ahora, una parte de quienes rechazaron la medida busca trasladar la discusión al ámbito judicial.

El Gobierno nacional sostiene, por su parte, que la reforma permite focalizar la asistencia en los hogares que acrediten mayor necesidad económica y corregir una ampliación de 2021 que, según su argumento, incorporó regiones que no respondían al criterio climático original.