Ciudadanía por inversión: Rossi cruzó al Gobierno y llevó la discusión al Congreso
El diputado nacional cuestionó el esquema impulsado por el Ejecutivo y defendió el proyecto presentado junto a Kelly Olmos para impedir que pagos, inversiones o compra de activos permitan acceder a la nacionalidad. También vinculó el debate con la Ley de Tierras y la pulseada por el DNU 70/2023.
Juan Manuel Villarreal
El diputado nacional Agustín Rossi, de Unión por la Patria, volvió a cuestionar al Gobierno por el régimen de ciudadanía por inversión y defendió el proyecto que presentó en la Cámara baja para impedir que la nacionalidad argentina pueda obtenerse a cambio de una contraprestación económica.
La iniciativa, presentada junto a la diputada Kelly Olmos, propone modificar la Ley 346 de Ciudadanía para prohibir expresamente el otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de pagos, aportes, donaciones, inversiones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados. El expediente 5254-D-2026 ingresó el 2 de octubre y fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Población y Desarrollo Humano.
La propuesta apunta contra el régimen incorporado por el DNU 366/2025. La normativa vigente contempla que los extranjeros puedan acceder a la ciudadanía, sin importar el tiempo de residencia, cuando acrediten haber realizado una “inversión relevante” en el país. También creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía.
Rossi cuestionó el esquema y habló de un “rasgo clasista”
En declaraciones a Radio Provincia, Rossi sostuvo que nunca imaginó que tendría que impulsar una ley “para impedir que vendan la ciudadanía” y cuestionó el criterio económico utilizado para acceder al beneficio.
El legislador advirtió sobre lo que calificó como un “rasgo clasista” del esquema y aseguró que está pensado para personas con capacidad de realizar inversiones de, como mínimo, 350 mil dólares.
El proyecto de Rossi y Olmos busca establecer que ninguna contraprestación económica pueda sustituir los requisitos generales previstos para la naturalización. También apunta a impedir que la compra de bienes o títulos públicos y privados otorgue por sí misma el derecho de acceder a la ciudadanía.
Rossi también vinculó la iniciativa con otras políticas promovidas por el Gobierno en materia de inversión extranjera y recursos estratégicos. En ese punto, apuntó contra el denominado “súper RIGI” y sostuvo que las medidas oficiales podrían facilitar la adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de capitales extranjeros.
La Ley de Tierras volvió a aparecer en la discusión
El diputado relacionó además el régimen de ciudadanía por inversión con la disputa política y parlamentaria por la Ley de Tierras. Según planteó, Unión por la Patria trabaja para reunir los votos necesarios en Diputados para avanzar con el rechazo del DNU 70/2023 y recuperar la vigencia del régimen que establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
Como informó GrupoLaProvincia.com, la oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de completar en Diputados el rechazo al DNU 70/2023. El Senado ya votó en contra del decreto en marzo de 2024 y la Ley de Tierras aparece entre los capítulos alcanzados por esa discusión.
Rossi sostuvo que existe un sector opositor dispuesto a dar quórum, mientras otros bloques todavía no definieron su posición. “Vamos a hacer el esfuerzo para que quede vigente nuevamente la Ley”, afirmó.
La discusión volvió al centro de la agenda luego de la resolución de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual había sido derogada la Ley 26.737. El máximo tribunal se pronunció sobre una cuestión de legitimación procesal y no resolvió sobre la constitucionalidad de la derogación.
Críticas al Gobierno y un planteo hacia adelante
Durante la entrevista, Rossi elevó el tono de sus críticas y calificó a la administración de Javier Milei como “el Gobierno más vende patria de toda nuestra historia”, una definición que comparó con lo ocurrido durante la denominada Década Infame.
También sostuvo que una futura administración debería revisar medidas vinculadas con recursos estratégicos y patrimonio nacional que, a su entender, deben ser revertidas.
En el mismo tramo de sus declaraciones cuestionó el funcionamiento de la Corte Suprema y planteó la necesidad de una reforma del máximo tribunal, con una integración más amplia y representativa.
La iniciativa contra la ciudadanía por inversión, mientras tanto, ya inició su recorrido formal en Diputados y deberá atravesar las comisiones de Asuntos Constitucionales y Población y Desarrollo Humano antes de quedar en condiciones de llegar al recinto.
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