Salarios municipales: la disputa por el Consejo enfrenta a los gremios y pone el foco en los intendentes

El conflicto por los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores municipales bonaerenses sumó un nuevo capítulo después del corte de la autopista Buenos Aires-La Plata realizado el martes 27 de octubre en Ezpeleta. El ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, defendió el procedimiento para constituir el Consejo del Empleo Municipal y señaló que son los intendentes, y no el gobernador Axel Kicillof, quienes tienen la responsabilidad directa de negociar los sueldos con sus empleados.

La respuesta no cerró la controversia con la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO). Su secretario general, Hernán Doval, cuestionó los plazos fijados por la cartera laboral y la forma de determinar qué sindicatos podrán participar del organismo. A la vez, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consideró que las gestiones provinciales representan un avance. El Consejo todavía no tiene fecha de funcionamiento efectivo.

Correa apuntó a los intendentes por las paritarias municipales

En declaraciones radiales, Correa defendió el procedimiento oficial y aseguró que se encuentra “ajustado al derecho”. El ministro sostuvo que la discusión salarial debe dirigirse a las administraciones locales, ya que cada intendente actúa como empleador de los trabajadores de su distrito y dispone de una negociación paritaria propia.

“La patronal, entre comillas, de los trabajadores municipales son los intendentes”, afirmó. Con esa definición, el funcionario separó el papel del Poder Ejecutivo provincial, encargado de promover el marco institucional de relaciones laborales, de las responsabilidades presupuestarias de los gobiernos comunales.

Correa también reconoció las dificultades económicas que atraviesan las administraciones públicas. Como referencia mencionó el acuerdo salarial bonaerense para la administración provincial, con incrementos del 3% en octubre y del 3% en noviembre. Sin embargo, ese entendimiento corresponde al personal de la Provincia y no modifica las paritarias municipales, que se negocian por separado.

Una ley de 2014 y un Consejo que todavía no se constituyó

El Consejo del Empleo Municipal está previsto en la Ley 14.656, sancionada en 2014, como un ámbito de consulta y asesoramiento sobre las condiciones de trabajo en los distritos. Puede producir información, formular propuestas y recomendar criterios comunes en materia laboral. Sus decisiones no son vinculantes y no reemplazan las negociaciones salariales de cada intendencia.

La norma prevé once representantes del sector empleador, designados por los intendentes y distribuidos entre las ocho secciones electorales, y una representación de las organizaciones de trabajadores no inferior a once integrantes. Aunque el Ministerio de Trabajo se dirigió a las 135 comunas, la incorporación de cada municipio al Consejo es facultativa, según el régimen legal.

El 17 de octubre, la cartera laboral envió comunicaciones a las intendencias para que informen qué sindicatos actúan en sus jurisdicciones y cuántos trabajadores están afiliados. Los municipios tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para remitir esa documentación. El pedido se enmarca en la Resolución 183/2026, firmada por Correa el 10 de agosto, que estableció pautas para organizar la convocatoria y la integración del organismo.

La solicitud de información representa un paso administrativo, pero todavía no constituye una reunión del Consejo ni habilita por sí sola una mesa provincial de negociación salarial. La expectativa es que pueda comenzar a funcionar en 2027, aunque no se anunció una fecha concreta para su primera sesión.

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La representación sindical divide a las organizaciones municipales

El punto de mayor fricción es la distribución de las bancas sindicales. FESIMUBO sostiene que el criterio dispuesto por el Ministerio de Trabajo altera las condiciones de representatividad previstas en la ley y permitiría incorporar entidades que, a su entender, no reúnen los requisitos. La federación reclama que la convocatoria respete el marco legal y ha planteado llevar sus objeciones a la Justicia.

El artículo 53 establece un piso de afiliación del 10% de los trabajadores del ámbito que se pretende representar. La discusión se concentra en cómo se calcula ese porcentaje y qué afiliados se consideran cotizantes para acreditar la representación. Esas diferencias pueden definir qué organizaciones obtendrán lugar en la mesa.

Correa rechazó que la Provincia deba excluir a organizaciones con representación y defendió que los distintos sectores puedan expresar sus posiciones dentro del futuro Consejo. El Ministerio indicó que la resolución se apoya en un dictamen de la Asesoría General de Gobierno bonaerense, mientras FESIMUBO cuestiona que una disposición administrativa modifique las reglas de la ley.

Doval también objetó la demora: afirmó que la conformación del Consejo fue comprometida hace años y cuestionó que el comienzo efectivo se proyecte recién para el próximo año.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA) respaldó el avance institucional, mientras la eventual participación de ATE y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) es objetada por FESIMUBO.

ATE, a través de su secretario general bonaerense, Claudio Arévalo, celebró el pedido de datos a los 135 distritos. El dirigente atribuyó ese avance a la organización de los trabajadores y destacó el diálogo con el gobierno provincial. Para el sindicato, la futura mesa puede abrir un espacio para discutir mejoras laborales, aunque todavía resta definir su integración.

Salarios, precarización y protestas en distintas regiones

La controversia se agudizó luego de que FESIMUBO cortara el martes la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Ezpeleta, en el partido de Quilmes. La medida fue impulsada por la Regional Conurbano Sur y reunió sindicatos de municipios como Lanús, Avellaneda, Almirante Brown y Lomas de Zamora. El bloqueo provocó demoras y desvíos durante la mañana, antes de ser levantado cerca del mediodía.

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La federación reclama recomposición salarial, estabilidad laboral y el fin de contrataciones mediante monotributo o becas que considera precarias. También planteó cuestionamientos vinculados con la cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Según la dirigente municipal Nélida Haye, en numerosos distritos los salarios básicos rondan entre $300.000 y $400.000, mientras FESIMUBO advierte que existen trabajadores con ingresos por debajo de la línea de indigencia. La federación pretende instalar criterios laborales comunes frente a realidades salariales muy diferentes entre los municipios.

El plazo de diciembre y la discusión que sigue pendiente

La primera definición administrativa tiene fecha: el 31 de diciembre vencerá el plazo para que las intendencias presenten la información solicitada. Con esos datos, Trabajo podrá continuar la organización del Consejo, aunque todavía deberá resolver la controversia sobre la representación sindical y establecer cuándo se realizará la primera reunión.

Mientras tanto, los sindicatos mantienen posiciones diferentes frente al procedimiento provincial y los intendentes continúan al frente de las paritarias locales. La respuesta de Correa delimitó las responsabilidades institucionales, pero la discusión sobre salarios, condiciones de contratación y participación gremial seguirá abierta hasta que el Consejo pueda reunirse efectivamente.