La ONU cruzó a Bullrich por denunciar a un juez porteño

Una nueva tensión institucional sacude al Gobierno. Esta vez, el foco está en Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien denunció al juez porteño Roberto Andrés Gallardo luego de que este dictara una medida cautelar que limitó la autonomía de la Ciudad para organizar el operativo de seguridad en la última marcha de jubilados frente al Congreso. La maniobra generó un fuerte repudio internacional, y fue nada menos que la ONU quien salió al cruce.

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La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, cuestionó públicamente a la funcionaria argentina por haber impulsado una acción judicial contra un magistrado en funciones. Lo hizo a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde alertó que “el Ministerio de Seguridad ha anunciado que iniciará un proceso disciplinario contra un juez en respuesta a fallos que no se alinean con sus preferencias”.

Para la ONU, el accionar del Gobierno atenta contra el Estado de Derecho

Satterthwaite fue tajante: “Según el derecho internacional, en particular los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura (1985), a los que Argentina adhiere, los jueces solo pueden ser suspendidos o destituidos por incapacidad comprobada o por conductas impropias”.

La funcionaria internacional agregó que “el desacuerdo con una decisión judicial debe canalizarse mediante los mecanismos legales establecidos, como los recursos de apelación, y no mediante acciones punitivas o retaliatorias”. Y cerró con una advertencia que encendió alarmas en la comunidad jurídica: “El respeto por la independencia judicial es fundamental para el Estado de Derecho y la gobernanza democrática”.

El pronunciamiento se suma al malestar ya expresado por sectores del Poder Judicial y diversas entidades de derechos humanos, tanto locales como internacionales. Todos coinciden en un punto: la presentación de Bullrich representa un potencial avasallamiento a la división de poderes.

Quién es el juez Gallardo y por qué fue denunciado

Roberto Andrés Gallardo es titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El magistrado había dictado una medida cautelar que suspendía parcialmente el operativo de seguridad diseñado por el Ministerio de Seguridad nacional para la marcha de jubilados realizada en las inmediaciones del Congreso.

En su fallo, Gallardo cuestionó la legalidad del dispositivo y reclamó mayor participación del gobierno porteño en la organización del operativo, lo que fue interpretado por la gestión de Bullrich como una interferencia indebida en funciones federales.

En respuesta, la ministra denunció al juez y anunció la apertura de un proceso disciplinario, lo que ahora genera un conflicto de alto voltaje político e institucional.

Repercusiones locales y temor por una escalada

Desde la oposición y organismos del ámbito jurídico, no tardaron en señalar el riesgo que implica esta maniobra para la vigencia del sistema democrático. “Se está instalando la idea de que los jueces pueden ser castigados si sus fallos no gustan al poder político de turno”, afirmó una fuente del fuero Contencioso Administrativo consultada por este medio.

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Por ahora, el Gobierno no emitió respuesta oficial al pronunciamiento de la ONU. Sin embargo, el tema amenaza con escalar en organismos internacionales si no hay marcha atrás con la denuncia a Gallardo.

El caso reabre un debate central sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en la Argentina. Y en un año electoral, el costo político podría ser alto.