Kicillof refuerza a Alonso en Seguridad mientras la oposición exige explicaciones por el delito

El gobernador bonaerense Axel Kicillof amplió las atribuciones administrativas del ministro de Seguridad, Javier Alonso, para incorporar equipamiento y modificar aranceles dentro del régimen de Policía Adicional. La decisión, formalizada mediante el Decreto 1939/2026 y difundida este martes, coincidió con un nuevo reclamo de La Libertad Avanza (LLA) para que el funcionario comparezca ante la Legislatura y dé explicaciones sobre la inseguridad.

La medida llega en un momento de creciente exposición para Alonso. Además de conducir una de las áreas más sensibles del gabinete, el ministro participa del armado nacional de Kicillof y se convirtió en un dirigente de su círculo político más cercano. Ese doble papel lo ubica entre el respaldo del gobernador y los cuestionamientos de una oposición que busca instalar la seguridad como tema central del debate bonaerense.

El cruce volvió a quedar expuesto durante la sesión de Diputados del 20 de octubre. Mientras el Ejecutivo avanzaba con la reglamentación de servicios especiales de la Policía, el presidente del bloque libertario, Juanes Osaba, reprochaba que la Cámara no discutiera los hechos delictivos registrados en distintos barrios y reclamaba la presencia de Alonso en el recinto.

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Más facultades sobre los servicios de Policía Adicional

El nuevo decreto modifica el artículo 14 de la reglamentación de la Ley 13.942, que regula los servicios de seguridad especiales contratados por organismos públicos o entidades privadas. Hasta ahora, los aranceles adicionales por el uso de bienes de la fuerza contemplaban vehículos, perros y caballos; la reforma suma las salas móviles de control de audio y video destinadas a determinados operativos.

Estos dispositivos tienen aplicación especialmente en espectáculos deportivos. La normativa exige a algunos clubes contar con sistemas fijos de vigilancia y, para determinados encuentros considerados de alto riesgo por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), recurrir a equipamiento móvil. Cuando las salas pertenecen al Ministerio de Seguridad o están bajo su tenencia, su utilización podrá incorporarse al costo del servicio adicional.

El Decreto 1939/2026 no establece un monto único para el nuevo concepto. El arancel de cada sala será determinado por la autoridad responsable, de acuerdo con el equipamiento necesario y la categoría del servicio. Tampoco fija en ese apartado una tarifa de referencia ni un tope específico para el uso de esos dispositivos.

La novedad institucional es que el ministro queda facultado para incorporar o modificar los bienes alcanzados por este mecanismo y actualizar los aranceles correspondientes. Esas decisiones podrán adoptarse desde la cartera de Seguridad sin tener que reformar el decreto reglamentario cada vez que cambie el listado de equipamientos o sus valores.

No se trata de una ampliación general de facultades policiales ni de un cambio en la remuneración ordinaria de los agentes. El alcance está concentrado en la administración de equipos y cobros de la Policía Adicional, pero le otorga a Alonso mayor margen de decisión en un área que combina despliegue operativo, prestación de servicios y financiamiento.

La oposición insiste con la interpelación

La discusión legislativa avanzó en otra dirección. Osaba retomó el martes su ofensiva contra la gestión provincial al señalar que, pese a la sucesión de episodios de inseguridad, el asunto no ocupa el lugar que debería en la Cámara de Diputados. Mencionó tres hechos ocurridos recientemente en La Plata y cuestionó que esos problemas no se reflejen en el temario parlamentario.

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“Estamos esperando que venga el ministro alguna vez a explicarnos qué está pasando, dónde están los recursos”, planteó el legislador. El reclamo se suma a las presentaciones que LLA realizó en ambas cámaras para interpelar a Alonso y pedir precisiones sobre la distribución de efectivos, el patrullaje, el mapa del delito y el uso de partidas presupuestarias.

La ofensiva había escalado en septiembre después del asesinato de un joven en José C. Paz y de un tiroteo frente a una escuela de Morón. Desde entonces, los libertarios sumaron pedidos de informes y proyectos para exigir una mayor intervención del Ejecutivo. También impulsaron una iniciativa para que la Provincia solicite apoyo de fuerzas federales en distritos con situaciones críticas.

En paralelo, se presentó una propuesta para crear una comisión bicameral permanente de seguimiento de las políticas de seguridad. El proyecto busca dotar a la Legislatura de un mecanismo para requerir documentación, citar funcionarios y examinar estadísticas y recursos.

Alonso responde con los indicadores de la Procuración General bonaerense. El relevamiento de 2025 contabilizó 808 víctimas de homicidios dolosos, una tasa de 4,6 cada 100.000 habitantes, mientras las investigaciones por homicidios consumados pasaron de 814 en 2024 a 774 en 2025. Para el ministro, esa evolución contradice las caracterizaciones más alarmistas de la situación provincial.

La oposición cuestiona que los promedios alcancen para describir lo que ocurre en zonas particularmente afectadas. La Matanza, por ejemplo, registró una tasa de homicidios superior al promedio, mientras otros indicadores muestran movimientos diferentes: entre enero y agosto de 2026 aumentaron los hechos atribuidos a motochorros respecto del mismo período de 2025.

La disputa también llegó a las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Alonso objetó el uso de tasas municipales del Sistema Nacional de Información Criminal y sostuvo que la Provincia toma como referencia los registros judiciales organizados por departamento. La discusión enfrenta criterios de medición, pero también alimenta el contrapunto político entre los gobiernos de Kicillof y Javier Milei.

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De Berni a la mesa política de Kicillof

La posición de Alonso dentro del oficialismo cambió desde su llegada al gabinete. Ingresó al Ministerio de Seguridad bonaerense como parte del equipo de Sergio Berni, ocupó funciones vinculadas con la formación policial y asumió la conducción de la cartera en diciembre de 2023. Desde entonces fortaleció su vínculo directo con Kicillof.

La relación política con Berni tomó otro rumbo. El exministro quedó alineado con Cristina Fernández de Kirchner y formuló críticas al gobernador, mientras Alonso se integró al núcleo de dirigentes que participan del armado federal del mandatario de cara a 2027. La diferencia ya no pasa por la conducción cotidiana del ministerio, sino por sus ubicaciones en la interna del peronismo.

Alonso forma parte de los funcionarios que mantienen contactos políticos fuera de Buenos Aires. Sus vínculos con otras jurisdicciones también se apoyan en la experiencia de los ámbitos federales de seguridad, donde interactúa con autoridades provinciales. Esa agenda convive con las recorridas destinadas a ampliar el espacio político de Kicillof, aunque las actividades de cooperación institucional y el armado partidario tienen objetivos distintos.

Una muestra de su agenda de gestión ocurrió el 16 de octubre en Córdoba. Allí participó, junto al ministro cordobés de Justicia y Trabajo, Julián María López, y autoridades policiales y judiciales, de un encuentro interjurisdiccional contra la narcocriminalidad. Se analizaron herramientas de investigación, experiencias sobre desfederalización del narcomenudeo y mecanismos de coordinación entre ambas provincias.

La participación de Alonso en ese intercambio agrega una dimensión federal a su función ministerial sin convertir por sí sola la reunión en un acto del armado electoral. En el plano político, su cercanía con Kicillof se sostiene al mismo tiempo que el área de Seguridad concentra reclamos de los libertarios y diferencias por el diagnóstico del delito.

El nuevo decreto y la ofensiva parlamentaria dejan expuestas esas dos dimensiones. Alonso recibe mayor capacidad de decisión para administrar determinados recursos de la Policía Adicional mientras la oposición insiste en que rinda cuentas ante la Legislatura. La próxima disputa concreta pasa por el tratamiento de los pedidos para citarlo, mientras el ministro mantiene una agenda que combina seguridad provincial, cooperación federal y presencia en el proyecto político del gobernador.