Mariana PortillaEvangelina Bello, vecina de Coronel Pringles.
Un comentario en redes sociales terminó en un conflicto judicial entre la vecina Evangelina Bello y el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin. Todo comenzó en marzo de 2023, cuando tres pitbulls atacaron al caniche de la mujer, que murió tras un mes de cuidados intensivos y costosos tratamientos veterinarios. Frustrada por la inacción del municipio, Bello impulsó junto a vecinos una campaña de firmas para que se cumpla la ordenanza sobre perros peligrosos, respaldada luego por el Concejo Deliberante. La situación escaló cuando un mensaje suyo fue interpretado por el intendente como una amenaza, dando lugar a una causa judicial.
Ese episodio expuso también el creciente malestar social con la gestión de Matzkin, a la que los vecinos acusan de desidia, falta de respuestas y abandono en áreas sensibles como infraestructura, servicios públicos y seguridad. Una administración cada vez más cuestionada, donde los reclamos ciudadanos parecen acumularse sin solución.
En este marco, hablamos con Evangelina Bello, quien contó cómo sigue la causa que la enfrenta al intendente. "Todo fue armado para ensuciarme como persona", aseguró a GRUPOLAPROVINCIA.COM.
-¿Cómo fue que un simple comentario en Facebook terminó derivando en una causa penal en su contra promovida por el intendente?
Es que mi impotencia era que no se hacía nada. Pasaban los meses y la señora —que hoy sigue siendo mi vecina— todavía tenía los perros. En ese momento esos animales venían atacando a otros perros. El municipio, en lugar de quitárselos, le hacía el "caldo gordo", como quien dice: le ofrecían un bozal, le facilitaban medios para que pudiera tenerlos.
Yo estaba embarazada y sentía esa impotencia en toda la comunidad. Estaba muy enojada, entonces, en Facebook hice un comentario de chismerío de pueblo, tal cual. Y ahí puse —y aún sigue publicado, porque no pienso borrarlo— que yo sabía con quién él dormía y dónde guardaba la camioneta.
—¿El intendente?
Claro, el intendente. Alguien le pasó la captura y él, junto con el abogado del municipio, decidió denunciarme. La cuestión es que terminé enfrentando un juicio penal con todo el tiempo que lleva y el dinero que implica pagar un abogado penalista. A mí me parte al medio. Porque ahora dependo del veredicto del jurado: si hay condena o no. Y cuando mi abogado me resume lo que podría llegar a tener que pagar, me mata: son millones.
Se me armó una causa penal para ensuciarme como persona, a partir de un chisme de Facebook, de una captura sacada de contexto, cuando yo ya venía arrastrando otra problemática. Y encima, a los diez días de la denuncia, estando en el octavo mes de embarazo y a dos semanas de mi cesárea, me hicieron un allanamiento en mi casa a las cinco de la tarde. Fue con un despliegue policial tremendo: cuatro patrulleros, la calle cortada, policías con Itaca, como si yo fuera la hija de Pablo Escobar. Entraron, revisaron todo, hasta sacaron fotos de mis hijas que estaban tomando la leche. Horrible. Eso fue un abuso de poder, un intento de callarme como vecina, de asustarme.
—¿Usted lo interpreta, entonces, como un abuso de poder, teniendo en cuenta los recursos policiales y judiciales que se usaron?
Sí, no lo veo de otra manera. Primero porque lo dijo la misma jueza en la audiencia: “Todavía estoy sentada acá pensando que hoy vine a atender un caso por un chisme de Facebook”. Incluso, cuando declaró el abogado del intendente, la jueza le preguntó: “¿Es usted quien toma una captura de pantalla de Facebook e inicia una causa penal sin investigar nada?”. Y el señor ni se acordaba de qué era el caso, no tenía idea de nada.
—¿Cómo sigue la causa?
Bueno, este miércoles 3 de septiembre mi abogado Federico Striebeck tiene que presentarse. La jueza intentó resolverlo rápido porque no podía creer cómo habían tomado esa causa penal. Estoy a la espera, porque lo que busca mi abogado es que no me quede ninguna mancha en mi nombre, ya que no corresponde. Queremos evitar que esto me traiga complicaciones a futuro.
