La Caja médica busca ampliar su financiamiento en medio de un cuadro que compromete su funcionamiento

La Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires avanza en un proyecto de ley que busca modificar su esquema de financiamiento en un contexto atravesado por la caída del poder adquisitivo de los profesionales, tensiones por los haberes jubilatorios y una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la administración de fondos. 

La iniciativa, impulsada por el presidente de la entidad, Héctor Sainz, apunta a incorporar aportes de actores externos al sistema sanitario, en paralelo a otros debates legislativos que también impactan sobre el régimen previsional médico.

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Un sistema sostenido por los propios médicos

El diagnóstico que trazó Sainz expone un dato central: el sistema previsional de los médicos bonaerenses se financia en un 97% con aportes de los propios profesionales. “Los profesionales han perdido poder adquisitivo y eso también afecta a las Cajas”, afirmó, al describir un escenario en el que los ingresos del sector se deterioraron en línea con la situación económica general.

Ese esquema, según planteó, se volvió cada vez más frágil por dos factores estructurales: por un lado, la dependencia casi absoluta de los aportes individuales; por otro, el cambio demográfico que implica una mayor expectativa de vida. “Hay que sostener las prestaciones durante más tiempo, es un problema que atraviesa a todo el mundo”, advirtió.

En ese marco, la Caja trabaja en una propuesta legislativa que busca recuperar el aporte de la denominada “Comunidad Vinculada”. El concepto apunta a incorporar al financiamiento a sectores que participan de la actividad médica —como laboratorios, proveedores de prótesis u otros actores del sistema— pero que actualmente no contribuyen al sostenimiento previsional.

“Hoy hay terceros que obtienen beneficios económicos del sistema de salud y no realizan ningún aporte a la previsión”, sostuvo Sainz. Desde la entidad remarcaron que existe una asimetría: mientras el médico aporta sobre su honorario, quienes intervienen en la cadena de valor no lo hacen. El objetivo es equilibrar esa relación sin generar una carga adicional para el Estado.

El planteo también se vincula con el peso creciente de otros sectores dentro del sistema sanitario. “La industria farmacéutica concentra entre el 40% y el 45% del gasto médico”, indicó el titular de la Caja, al dimensionar la magnitud de los recursos que circulan por fuera del esquema previsional.

Jubilaciones bajas y presión para cambiar la ley

El debate sobre la sustentabilidad del sistema se cruza con otro frente legislativo: la posibilidad de que los médicos jubilados puedan seguir ejerciendo. El proyecto, impulsado por la diputada radical Alejandra Lordén, propone modificar la Ley 12.207 para eliminar la obligatoriedad de cancelar la matrícula al momento de acceder a la jubilación.

La iniciativa cuenta con el respaldo de miles de profesionales y pone el foco en dos problemas: la falta de médicos en determinadas regiones y el bajo nivel de los haberes jubilatorios. Según se expuso en ese ámbito, un médico que se retira percibe haberes por debajo de la línea de pobreza.

“Se requieren trabajadores de la salud. El recurso humano médico es vital para la sociedad”, planteó Lordén, quien aclaró que el objetivo no es desfinanciar el sistema previsional sino generar un esquema más flexible. La propuesta permitiría que quienes se jubilan puedan continuar trabajando de manera independiente, seguir cobrando el haber y realizar aportes adicionales a la Caja.

Desde el sector gremial también reconocen la complejidad del escenario. El titular de CICOP, Pablo Maciel, sostuvo que el tema “merece un análisis técnico profundo para no desfinanciar el sistema previsional”, aunque consideró que la iniciativa “aborda una situación que hay que atender”.

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Sainz, por su parte, vinculó este tipo de propuestas con la necesidad de garantizar un financiamiento acorde. La Caja sigue de cerca esos proyectos y participa en conversaciones con legisladores para evaluar modificaciones a la normativa vigente.

Investigación judicial y ruido interno

El impulso de reformas ocurre mientras la Caja quedó bajo la lupa de la Justicia a partir de una denuncia penal presentada por un grupo de médicos bonaerenses. La causa, que tramita en la UFI N°5 de La Plata, investiga presuntas maniobras de defraudación, malversación de fondos y asociación ilícita vinculadas a la construcción del Hotel Grand Brizo.

Según la presentación, se habrían contratado empresas para tareas de “auditoría de obra” con retribuciones cercanas al 8% del valor de los certificados, sin que —de acuerdo a los denunciantes— existan informes técnicos que respalden esos servicios. La denuncia sostiene que podría tratarse de una simulación contractual para justificar la salida de fondos.

Entre los señalados figura el propio Sainz, quien presidía la entidad durante el período investigado. También se menciona a otras autoridades que integraban el directorio. Los denunciantes sostienen que las maniobras habrían generado un perjuicio al patrimonio de los afiliados.

Hasta el momento no se registraron pronunciamientos públicos de la conducción de la Caja sobre la causa. En paralelo, la entidad continúa con su agenda institucional y el diseño del proyecto de reforma previsional, que ya comenzó a ser discutido con legisladores y autoridades del Colegio de Médicos.

En ese contexto, desde la Caja remarcaron que el sistema previsional no solo cubre jubilaciones, sino también invalidez, fallecimiento y otras contingencias a lo largo de la vida profesional, y que cualquier modificación deberá contemplar ese carácter integral mientras se busca mejorar las prestaciones y garantizar la sustentabilidad en el tiempo.