Regulación de drones y vacío legal: el oficialismo mueve fichas en medio del conflicto por fitosanitarios

La regulación del uso de fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires volvió a ocupar el centro de la escena política y productiva, ahora atravesada por la irrupción de nuevas tecnologías y un escenario judicial que expone vacíos normativos. 

En ese marco, el oficialismo en la Legislatura bonaerense busca avanzar con un proyecto que ordene el uso de drones en el agro, mientras persisten conflictos por aplicaciones, restricciones y causas penales contra productores.

Drones, tecnología y control estatal

El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Carlos Puglelli, presentó una iniciativa para establecer un marco regulatorio sobre aeronaves piloteadas a distancia en actividades agropecuarias. El proyecto apunta a cubrir un vacío normativo en la provincia, especialmente en lo referido a la aplicación de fitosanitarios mediante estas tecnologías.

Radiografía del IOMA: entre deudas, paros y el reclamo de intendentes

Según el texto, los drones podrán utilizarse en tareas como pulverización, monitoreo, fertilización y siembra, pero bajo condiciones específicas: receta agronómica obligatoria, cumplimiento de la Ley provincial N°10.699 y respeto de las distancias de seguridad vigentes. Además, propone la creación de un Registro Provincial de Operadores y define responsabilidades técnicas para pilotos y operadores.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Agrario, conducido por Javier Rodríguez, que tendrá a su cargo la capacitación, el control y la implementación de normas complementarias. En los fundamentos, Puglelli remarca que la incorporación de estas herramientas “forma parte de un proceso de transformación tecnológica” que permite optimizar insumos y reducir impactos ambientales.

La iniciativa se inscribe en una línea que el propio Gobierno bonaerense ya comenzó a trazar. A fines de febrero, la Provincia formalizó la incorporación de pilotos de drones como operarios habilitados para la aplicación de agroquímicos.

En ese contexto, Rodríguez sostuvo: “Avanzamos con una resolución que establece requisitos y capacitaciones para operadores de drones en aplicaciones. Para nosotros es fundamental que haya formación y validación técnica, porque eso también fortalece la adopción tecnológica”.

El esquema incluye carnet habilitante por tres años, formación obligatoria en toxicología, Buenas Prácticas Agrícolas y manejo de emergencias, con un eje puesto en “la protección de la salud humana, el cuidado del ambiente y el uso racional de los productos agroquímicos”.

Judicialización y presión del agro

El avance regulatorio convive con un escenario de creciente judicialización. En los últimos meses, la Suprema Corte bonaerense suspendió artículos de ordenanzas municipales en Tandil y Rauch, amplió zonas de exclusión para aplicaciones y mantiene bajo revisión otras normativas locales.

Contrarreloj en la Rosada por el millonario giro a las universidades

El caso de Pergamino marca un punto de inflexión: siete productores enfrentan un juicio penal federal por presunto daño ambiental, lo que trasladó la discusión desde lo administrativo hacia responsabilidades individuales.

La problemática fue eje de debate en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). Desde el sector advierten que la falta de reglas claras genera desplazamientos productivos y conflictos territoriales. Juan Carlos Petersen, presidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, lo sintetizó con crudeza: “Hoy soy yo, pero en unos años nos va a tocar a todos”.

Petersen describió un fenómeno que se repite en distintos distritos: ampliación de distancias, tierras que quedan fuera de producción y avance inmobiliario sobre zonas rurales. “El que estaba a 2 mil metros y podía producir, hoy tiene un barrio privado en el medio”, afirmó.

En paralelo, desde la oposición legislativa también reclaman una norma integral. El diputado de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, advirtió que el vacío legal genera regulaciones dispares y sostuvo: “El problema no es el producto en sí, sino si se utiliza de manera incorrecta, sin receta agronómica ni supervisión profesional”.

En la misma línea, la diputada de la UCR-Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, planteó la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1998 para establecer criterios homogéneos en los 135 municipios, incorporando la mirada de técnicos y organismos especializados.

Municipios, normas dispersas y rol provincial

Mientras la Legislatura discute un marco más amplio, los municipios avanzan con regulaciones propias. Ramallo fue el primero en autorizar el uso de drones para pulverización agrícola, estableciendo requisitos como habilitación municipal, presentación de planes de trabajo y cumplimiento de distancias mínimas respecto a zonas sensibles.

“En defensa de nuestra jubilación”: paro docente y presión a Milei por la deuda del ANSES con el IPS

En Ayacucho, en tanto, se trabaja en un esquema que incluirá georreferenciación, controles específicos y articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario. Allí también se prevé intervención ante denuncias por fumigaciones clandestinas.

Este mosaico normativo refleja uno de los principales problemas señalados tanto por el sector productivo como por la política: la superposición de regulaciones locales, provinciales y nacionales sin una coordinación efectiva.

En ese contexto, Puglelli advierte que la provincia “no puede quedar al margen” del avance tecnológico y plantea la necesidad de articular normas que ordenen la actividad. Como antecedente, menciona el caso de Córdoba, que ya cuenta con un régimen específico para el uso de drones en aplicaciones agropecuarias.

El trasfondo es más profundo: la discusión sobre fitosanitarios en Buenos Aires ya no se limita a qué se aplica, sino a cómo, quién lo controla y bajo qué reglas. Y, como resumió Petersen en medio del conflicto, “esto es un tema que nació de la política y lo tiene que resolver la política”.