Remediar recortado: menos medicamentos, más presión sobre el sistema bonaerense

El recorte del Programa Remediar dispuesto por el gobierno nacional de Javier Milei abrió un frente sanitario de alto voltaje en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo de Axel Kicillof busca reagrupar fuerzas políticas y técnicas frente a lo que consideran un retiro del Estado en el acceso a medicamentos esenciales. La reducción de 78 a apenas 3 fármacos dentro del plan encendió alarmas en el sistema público, desde hospitales hasta intendencias.

Rechazo médico y presión territorial

El Colegio de Médicos bonaerense fue categórico: definió la decisión como “un grave retroceso en materia de salud pública” y descartó que se trate de un ahorro eficiente. “Es una decisión que significa una deserción del Estado en sus funciones más elementales”, señalaron en un comunicado donde también advirtieron que “el valor de la vida humana no puede ser sometido a la lógica del mercado ni a metas de déficit fiscal”.

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El pronunciamiento incluyó una advertencia institucional: el retroceso en el acceso a medicamentos podría vulnerar tratados internacionales con jerarquía constitucional. “Una vez alcanzado determinado nivel de acceso sanitario, el Estado no puede retroceder sin razones excepcionales debidamente justificadas”, plantearon. Desde la entidad también describieron un escenario sanitario concreto: interrupción de tratamientos, complicaciones clínicas y mayor presión sobre hospitales por consultas evitables.

En paralelo, intendentes bonaerenses vienen reportando un impacto directo en sus distritos. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el jefe comunal de San Pedro, Cecilio Salazar, fue tajante: “Hoy nosotros lo vemos en nuestro hospital, que está saturado de gente, de jubilados que no tienen otro lugar donde atenderse”. Y agregó: “Es una situación de catástrofe que está sucediendo en todo el país”.

Desde Rojas, Román Bouvier describió la presión cotidiana: “Los municipios nos hacemos cada vez más cargo de las falencias o de los recortes que generan el resto de los estados, con una billetera cada vez más chica”. En la misma línea, el secretario de Gobierno de Salto, Camilo Alessandro, precisó que la demanda en salud creció más de un 180%, incluyendo medicamentos.

Desde Balcarce, el intendente Esteban Reino reconoció que la caída de programas nacionales empuja a los vecinos al hospital: “La gente ha dejado de percibir ciertos medicamentos o planes nacionales que existían, y eso hace que termine recurriendo al hospital”. Su par de Salto, Ricardo Alessandro, sumó: “No podemos seguir de esta manera”.

El diagnóstico de Kreplak y el riesgo de saturación

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, viene alertando desde hace días sobre el impacto estructural de la medida. Recordó que el programa nació en 2002, tras la crisis de 2001, como respuesta a la imposibilidad de millones de argentinos de acceder a medicamentos. Hasta antes del recorte, según detalló, cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes y alcanzaba a cerca de 20 millones de personas.

“Los medicamentos se entregan en centros de salud, no en hospitales, para evitar que todo vaya a las guardias. Si sacás eso, millones de personas van a ir a las guardias por cuestiones básicas y el sistema va a colapsar”, advirtió. En ese sentido, definió el escenario como “un desastre total” y remarcó el agravante estacional: la llegada del invierno y el aumento de enfermedades respiratorias.

Kreplak también vinculó el recorte con decisiones más amplias del gobierno nacional, como la extensión de patentes que dificultan la producción de genéricos. “Eso obliga a recortar en otros sectores, como Remediar o el PAMI”, señaló, al tiempo que describió una caída de financiamiento cercana al 40% en ese organismo.

Legislatura y disputa por el modelo sanitario

En la Legislatura bonaerense, el impacto del ajuste nacional reactivó discusiones de fondo. El bloque Fuerza Patria en el Senado provincial presentó un proyecto de repudio al recorte del Remediar, destacando que el programa abastece a más de 7.800 centros de salud y garantiza cobertura a unos 19 millones de personas.

“El Programa Remediar constituye una política pública sanitaria de alcance federal que garantiza el acceso y la cobertura de medicamentos esenciales”, sostiene el texto, que también subraya su rol en el fortalecimiento del primer nivel de atención y advierte que su interrupción “provocará una mayor presión sobre hospitales y efectores de mayor complejidad”.

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En paralelo, el oficialismo provincial busca reactivar una iniciativa para la producción pública de medicamentos, que había logrado media sanción en Diputados, pero que naufragó en el Senado. El proyecto, respaldado por Kreplak, propone una empresa estatal con capacidad de investigación, producción y comercialización.

La novedad es que la diputada radical Alejandra Lordén reflotó una propuesta propia que, con diferencias en su diseño, coincide en el diagnóstico: el mercado farmacéutico no garantiza acceso equitativo. Su iniciativa apunta a articular la red de laboratorios públicos existentes, como el “Tomás Perón”, y sumar a universidades en control e investigación.

Kreplak ya había sido explícito en ese punto: hospitales y prestadores “no pueden ser rehenes” de un mercado concentrado. La discusión, que ahora suma matices dentro de la oposición, vuelve a poner en el centro el rol del Estado en la producción y distribución de medicamentos, en un contexto donde el acceso dejó de ser una variable técnica para convertirse en un eje de disputa política y sanitaria.