Mariana Portilla
El intendente de Maipú en uso de licencia, Matías Rappallini, y la jefa comunal interina, Lorena Otermín, quedaron en el centro de un fallo judicial que reaviva una de las causas más sensibles de los últimos años en la política bonaerense. El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, resolvió procesarlos por su presunta participación en maniobras destinadas a retener DNI de vecinos durante las elecciones generales de 2019, un expediente que pone bajo sospecha la transparencia de aquel proceso.
La decisión se apoya en la hipótesis de que ambos funcionarios habrían tenido un rol en la organización de acciones coordinadas para impedir que un grupo de ciudadanos pudiera ejercer su derecho al voto. El caso, que se originó tras una serie de denuncias en el mismo día de los comicios, toma mayor dimensión al considerar el estrecho margen con el que Rappallini obtuvo la reelección en ese turno electoral.
La resolución sostiene que ambos funcionarios tuvieron un rol en la organización de maniobras destinadas a retener documentos de identidad de vecinos mediante engaños, con el objetivo de impedirles votar. La gravedad institucional del planteo no radica únicamente en la presunta irregularidad, sino en el tipo de práctica que se investiga: la interferencia directa en el ejercicio del derecho al voto.
Matías Rappallini, intendente de Maipú en uso de licencia desde junio de 2024. Dejó la Jefatura comunal en manos de Otermin para dedicarse a la empresa familiar Gigot Cosméticos.
El contexto en el que se originó la causa resulta determinante. En 2019, Rappallini se impuso por apenas 49 votos sobre el candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes. El resultado final —4212 contra 4163— convirtió cualquier anomalía en un factor potencialmente decisivo.
Fue en ese marco donde surgieron denuncias por la retención de DNI de al menos 27 vecinos, quienes no pudieron emitir su voto. Según la investigación, se trataba mayormente de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, muchas de ellas mujeres con hijos a cargo.
Uno de los giros más relevantes del expediente es el cambio de enfoque. Lo que inicialmente fue interpretado como una práctica clientelar —intercambio de beneficios por apoyo político— evolucionó hacia la hipótesis de delitos electorales concretos.
De acuerdo con la resolución, los documentos eran retenidos bajo promesas de dinero, alimentos, planes sociales o gestiones administrativas. En algunos casos, también se registraron presiones o amenazas. El punto central es que estas maniobras no buscaban solo captar votos, sino directamente impedir que ciertos sectores participaran del proceso electoral.
Ramos Padilla fue explícito al señalar que existen elementos suficientes para considerar que Rappallini y Otermin “organizaron y realizaron acciones coordinadas” para llevar adelante estas prácticas.
Ramos Padilla fue explícito al señalar que existen elementos suficientes para considerar que Rappallini y Otermin “organizaron y realizaron acciones coordinadas” para llevar adelante estas prácticas. La imputación no se limita a hechos aislados, sino que apunta a una estructura organizada.
En paralelo, el magistrado dictó la falta de mérito para el entonces jefe comunal de la Policía, Marcelo Osvaldo Condoleo, y el sobreseimiento de Federico Rappallini, lo que delimita con mayor precisión el foco de la investigación en la conducción política local.
El expediente también pone en tensión la continuidad de un esquema político consolidado en el distrito. Como contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, Rappallini, dirigente radical, no solo logró en 2023 su tercer mandato consecutivo, sino que forma parte de una familia con peso histórico en la ciudad: su hermano Aníbal gobernó entre 2007 y 2015.
La licencia que tomó en 2024 —argumentando la necesidad de dedicarse a la empresa familiar Gigot Cosméticos— dejó al frente del municipio a Otermin, quien ahora también queda alcanzada por el procesamiento. La simultaneidad de ambas situaciones refuerza el impacto institucional del fallo.
En ese marco, lejos de cerrarse, la causa muestra un avance progresivo. Entre 2022 y 2023 ya se habían dictado procesamientos contra otros involucrados, decisiones que fueron confirmadas por la Cámara Nacional Electoral, que consideró acreditada la existencia de un mecanismo organizado para incidir en el proceso electoral.
En abril de 2025, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de los primeros imputados, y en febrero de 2026 pidió nuevas indagatorias para ampliar la investigación. El procesamiento de Rappallini y Otermin aparece así como un nuevo capítulo en una causa que aún tiene derivaciones abiertas.
