Pamela Orellana
Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado (BA)
-En principio, Sebastián, formaste parte del grupo de intendentes que fue al Congreso para defender la ley de Zona Fría. ¿Qué impacto tendría para Miramar, Otamendi y el resto del distrito una suba de entre el 30% y el 100% en las facturas de gas?
El impacto sería muy duro para la familia alvaradense. Nosotros venimos ya acompañando a esta ley y tiene un tránsito de 10 años. Fue impulsada originalmente por Liliana Schwindt y, en mi caso, desde la Secretaría de Producción y desde las OMIC, que fueron un factor clave para poder llevarla adelante. Fueron 90 Oficinas Municipales de Información al Consumidor las que impulsaron esto. Después, obviamente, con el acompañamiento de Máximo Kirchner se logró sancionarla.
Y hay que recordar también que esto venía en respuesta a los tarifazos que veníamos padeciendo en la presidencia de Mauricio Macri. Recuerdo gente muy angustiada porque lo que le venía de luz y de gas era mucho más que lo que recibía de una pensión por discapacidad, un derecho, un piso de dignidad, no un privilegio, que hoy también está en discusión, al igual que lo que está pasando a los jubilados.
Esta ley vino no a subsidiar, sino a readecuar tarifariamente algo que veníamos padeciendo. Todos los intendentes costeros hablamos de que cuando salimos de nuestro territorio para ir a hablar a Capital, salimos con 3 grados.
Entonces, no es una ficción pensar que estamos ante registros climáticos que merecen la aplicación de esta ley, que se financia a través de un Fondo Fiduciario integrado por un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural.
-¿Y qué cambia concretamente con el nuevo proyecto?
Con el nuevo proyecto, y esto también hay que expresarlo, porque mucho se habla de la focalización según ingresos, la realidad es que ese fondo no se daría de baja; al contrario, podría incrementarse, y justamente sirve para compensar lo que pagan los argentinos en función del lugar en el que se encuentran.
Hay que poner la mirada sobre muchas cosas porque el gobierno nacional está haciendo hincapié en no subsidiar las piletas climatizadas de las personas de alto poder adquisitivo, pero en realidad el perjuicio de este incremento tiene que ver con que, en este caso, la aplicación del beneficio se daría ahora solo sobre el precio del gas en boca de pozo y no sobre la distribución, con lo cual estamos viendo que efectivamente las personas van a pasar a pagar el doble, en un contexto económico que, lejos de la prosperidad que está en el relato del gobierno de Javier Milei, hoy la gente la está pasando muy mal.
Y esto es un golpe directo al bolsillo que obviamente evita que se aplique a otras cosas: a una mejor nutrición, a comprarle los útiles a los chicos para ir al colegio, al descanso y la recreación de aquel que pueda.
El impacto se va a sufrir, y mucho, en este caso, en el interior de las familias. Además, contando que de este beneficio han quedado excluidos los exportadores y también los importadores, entonces ¿sobre quién se está aplicando este perjuicio? Sobre las familias trabajadoras, básicamente, pero dejando por fuera a aquellos que sí lo pueden pagar.
