Juan Manuel Villarreal
Manuel Adorni atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al Gobierno nacional. Un informe de CEOP Latam realizado en junio de 2026 mostró un fuerte deterioro en la imagen pública del jefe de Gabinete y un amplio rechazo social a su continuidad en el Poder Ejecutivo.
Según el relevamiento, elaborado sobre 2.100 casos a nivel nacional, el 78,7% de los encuestados considera que Adorni debe dejar el Gobierno, mientras que apenas el 17% respalda su permanencia en el cargo. El dato aparece en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario y que ya impacta de lleno en la agenda política del oficialismo.
El informe también marca una imagen negativa del 78% para Adorni y un saldo neto de -57,6 puntos. La caída no se limita a la evaluación general de su figura, sino que alcanza también a su credibilidad pública: el 85,1% de los consultados dijo creerle “poco o nada” a sus declaraciones, mientras que el 75,3% afirmó directamente que no le cree “nada”.
Otro dato relevante del sondeo aparece ante un eventual escenario en el que Adorni no presente su renuncia. En ese caso, el 67,3% de los encuestados se mostró de acuerdo con que el Congreso avance para desplazarlo mediante una moción de censura.
Ese respaldo social a una salida institucional refleja la presión que acumula el caso sobre el Gobierno nacional. La situación de Adorni quedó atravesada por cuestionamientos vinculados a vuelos privados, propiedades no declaradas y gastos bajo investigación judicial, en un expediente que puso bajo la lupa su evolución patrimonial.
El informe también indagó en la forma en que la sociedad define al funcionario. Entre las palabras más mencionadas por los encuestados aparecen términos de fuerte carga negativa, asociados a cuestionamientos éticos y morales. Ese nivel de rechazo profundiza el desgaste político de una figura que había ocupado un lugar central en la comunicación oficial del gobierno de Javier Milei.
La encuesta no solo mide el costo político sobre Adorni. También advierte sobre un impacto más amplio en la imagen del Gobierno nacional y en una de las principales banderas discursivas del oficialismo: la promesa de combatir a “la casta” y la corrupción.
De acuerdo con el informe, el 49,4% de los consultados percibe que este Gobierno es “más casta que otros gobiernos”. Además, el 46% considera que la actual gestión es “más corrupta” que las anteriores.
Pese al peso político del caso, el relevamiento muestra que la economía sigue siendo la principal preocupación social. El 43,4% de los encuestados señaló el rumbo económico como su mayor inquietud, por encima de los escándalos de corrupción, que fueron mencionados por el 33,9%.
El dato expone una doble tensión para el oficialismo. Por un lado, el caso Adorni erosiona la credibilidad del Gobierno en materia de transparencia. Por otro, la preocupación económica continúa marcando el clima social y limita la capacidad del oficialismo para ordenar la agenda pública.
En ese escenario, la continuidad del jefe de Gabinete queda cada vez más condicionada por el avance judicial, la presión política y el rechazo que muestran las encuestas.
