El gobierno de Axel Kicillof confirmó que los trabajadores de la administración pública bonaerense cobrarán los haberes de junio junto con el medio aguinaldo entre el 30 de junio y el 7 de julio. La definición llevó tranquilidad respecto al pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), aunque no logró despejar la principal preocupación de los gremios: la falta de una propuesta salarial para afrontar los próximos meses.

La confirmación llegó a través de la Tesorería General de la Provincia y se produjo en un contexto de creciente expectativa sindical. Mientras avanza el proceso de liquidación de haberes, los representantes de los trabajadores aguardan una nueva convocatoria paritaria que permita retomar una negociación que quedó en suspenso tras el último encuentro realizado en el Ministerio de Trabajo bonaerense.

El cronograma comenzará el martes 30 de junio con los trabajadores de la Dirección de Vialidad, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y el Instituto de la Vivienda.

El miércoles 1 de julio cobrarán los agentes del Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Patronato de Liberados, el Instituto Provincial de Lotería y Casino y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

El jueves 2 será el turno del Ministerio de Salud y de la Caja de Policía. La mayor parte de las dependencias provinciales percibirá los haberes el viernes 3 de julio. Allí se incluyen ministerios, organismos descentralizados, universidades provinciales, ARBA, Astilleros Río Santiago, OPISU, el Poder Legislativo y distintas áreas de la administración central.

El lunes 6 de julio cobrarán los trabajadores del Poder Judicial, mientras que el martes 7 se completará el cronograma con la Dirección General de Cultura y Educación y la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).

La paritaria quedó en pausa y crece la presión sindical

La confirmación del cronograma coincidió con un momento delicado de la negociación salarial. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la última reunión entre el Ejecutivo y los gremios estatales concluyó sin una oferta concreta de aumento.

En ese encuentro participaron representantes de ATE, UPCN y FEGEPPBA junto al ministro de Economía, Pablo López; el ministro de Trabajo, Walter Correa; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Sin embargo, la administración bonaerense optó por no avanzar con una propuesta de recomposición salarial antes del cierre de la liquidación de junio.

La decisión tuvo una consecuencia inmediata: cualquier incremento que eventualmente se acuerde ya no podrá impactar ni en los haberes de este mes ni en el cálculo del medio aguinaldo.

Desde los sindicatos consideran que esa situación profundiza el deterioro de los ingresos. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una solicitud formal para exigir la reapertura urgente de las negociaciones y reclamó una respuesta que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos meses.

El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, sostuvo que existe "mucho malestar" entre los trabajadores por la demora en la definición salarial y advirtió que el aumento de tarifas y servicios básicos agravó la situación económica de miles de empleados públicos.

La discusión gira alrededor de una variable que domina todas las negociaciones salariales: la inflación. El último acuerdo alcanzado por la Provincia contempló una actualización cercana al 9% para el período comprendido entre febrero y abril. Sin embargo, los gremios sostienen que ese porcentaje quedó por debajo de la evolución de los precios.

Por ese motivo, las organizaciones sindicales reclaman que la próxima propuesta contemple mecanismos que permitan recuperar parte de la diferencia acumulada. La demanda no se limita a un porcentaje específico, sino que apunta a garantizar una mejora que tenga impacto real sobre los salarios básicos y permita recomponer ingresos.

En UPCN también plantearon la necesidad de avanzar con una actualización que fortalezca la estructura salarial y evite que continúe ampliándose la brecha entre los aumentos y el costo de vida.