Uno de cada diez bonaerenses está en mora: la deuda familiar escala y la Provincia cruza a Milei

Más del 10% de la población bonaerense se encuentra en situación de mora y la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 38% de las personas que no pueden cumplir regularmente con sus deudas en todo el país. Los datos fueron difundidos por el ministro de Economía provincial, Pablo López, quien cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de tratar el problema como una relación exclusiva entre acreedores y deudores.

El funcionario describió un cuadro que excede los atrasos individuales: la irregularidad alcanza cerca del 18% del volumen total de crédito en territorio bonaerense, mientras las billeteras virtuales y otros proveedores no bancarios presentan indicadores todavía más elevados.

“Por si quedaba alguna duda: no es un asunto entre privados, se trata de un drama social y un problema macroeconómico con riesgos sistémicos”, afirmó López.

El diagnóstico oficial incorpora una dimensión provincial a una crisis que ya alcanzaba a millones de argentinos. La combinación de salarios débiles, tarifas elevadas, caída del empleo y tasas de interés que permanecieron por encima de los ingresos transformó al crédito en una herramienta para financiar consumos básicos. Cuando las cuotas comenzaron a acumularse, también crecieron los incumplimientos.

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central, había contabilizado 2.222.026 bonaerenses con deudas irregulares. Esa cantidad representaba alrededor del 37,4% del total nacional, una proporción muy cercana al 38% mencionado ahora por López.

La cifra permite dimensionar la advertencia del ministro: más de uno de cada diez habitantes de la Provincia aparece registrado en alguna de las categorías de riesgo que reflejan atrasos significativos, dificultades de pago o una deuda considerada irrecuperable.

El universo relevado se distribuía entre: 745.785 personas con incumplimientos exclusivamente en bancos, 945.082 con atrasos únicamente en proveedores no financieros y 531.159 endeudadas en ambos circuitos.

Los datos muestran que el mayor grupo no está concentrado en los bancos tradicionales, sino en billeteras virtuales, fintech, financieras, cooperativas, mutuales, emisoras no bancarias de tarjetas y cadenas comerciales que ofrecen financiación.

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Las billeteras virtuales concentran la mayor alarma

López señaló que el 32,5% de la deuda otorgada por billeteras virtuales y otros proveedores no bancarios se encuentra en mora. Además, indicó que más del 70% de las personas con atrasos mantiene compromisos en ese segmento, ya sea de manera exclusiva o combinados con préstamos bancarios.

Los datos previos del CEPA habían ubicado la irregularidad de esos proveedores en un nivel incluso superior. La diferencia puede responder al período examinado, la base utilizada o la definición de cartera incluida en cada cálculo. En ambos casos, el diagnóstico coincide: el financiamiento digital muestra un deterioro mucho más profundo que el sistema bancario tradicional.

Las plataformas facilitaron el acceso al crédito para personas con ingresos bajos, informales o sin calificación suficiente para conseguir un préstamo bancario. Los trámites rápidos y la acreditación inmediata ampliaron la cantidad de usuarios, pero muchas de esas operaciones incorporaron costos financieros elevados.

El problema se vuelve más grave cuando el dinero no se utiliza para comprar bienes durables o financiar una inversión, sino para pagar alimentos, alquileres, servicios o deudas anteriores. En esos casos, el crédito deja de anticipar ingresos futuros y empieza a cubrir un déficit mensual que se repite.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el deterioro ya era generalizado a comienzos de 2026. La cartera irregular de los proveedores no financieros había llegado al 26,9% en febrero, mientras los préstamos personales alcanzaban el 34,1% y la financiación para electrodomésticos registraba atrasos del 44,3%. En tanto, las tasas nominales anuales llegaban al 144% en algunos préstamos personales fuera del sistema bancario.

Con ingresos que no acompañaron ese costo, una parte creciente de los usuarios quedó atrapada en refinanciaciones o nuevos créditos destinados a cubrir cuotas anteriores.

La mora bancaria alcanzó otro récord

La banca tradicional tampoco quedó al margen. Según los datos preliminares de julio citados por López, la irregularidad bancaria llegó al 12,9%, un nuevo máximo para la serie reciente.

El salto fue acelerado. A comienzos de 2025, los indicadores se mantenían en niveles sensiblemente menores. Durante los meses siguientes, los atrasos avanzaron en préstamos personales y tarjetas de crédito, dos instrumentos utilizados de manera directa para sostener gastos cotidianos.

En abril, GRUPOLAPROVINCIA.COM ya había advertido que la morosidad de los hogares se había multiplicado mientras crecía el crédito. El ratio de irregularidad relevado entonces había pasado del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% un año después. En los préstamos personales subió del 3,5% al 13,2% y en las tarjetas avanzó del 2% al 11%.

La actualización difundida por el ministro confirma que la tendencia no se detuvo. El crédito creció inicialmente como una forma de apuntalar el consumo, pero la capacidad de devolución se debilitó a medida que las cuotas compitieron con las tarifas, los alquileres y los alimentos.

Cuando aumenta la mora, las entidades endurecen los criterios para otorgar financiamiento. El resultado es un circuito que también perjudica a quienes todavía cumplen: aparecen límites más bajos, mayores tasas, requisitos adicionales y menos posibilidades de refinanciar.

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López también citó un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia para sostener que el deterioro ya afecta el funcionamiento habitual del sistema financiero. Según ese análisis, durante el acumulado de 2025 y 2026 los bancos obtuvieron por intereses netos una suma equivalente a la que debieron registrar como pérdidas o previsiones por incobrabilidad: $16,1 billones.

La comparación muestra que el aumento de la cartera impaga no representa únicamente un problema para los hogares. También consume los resultados generados por la actividad crediticia y obliga a las entidades a inmovilizar recursos para cubrir posibles incumplimientos.

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El gobierno de Kicillof vincula el aumento de la mora con el programa económico de Milei. Su diagnóstico combina pérdida de puestos de trabajo, debilitamiento salarial, ajuste sobre las transferencias, suba de tarifas y tasas reales elevadas.

La discusión no pasa solamente por la cantidad de personas que solicitaron créditos, sino por el destino del dinero. La Provincia advierte que muchas familias comenzaron a reemplazar ingresos con financiamiento para mantener su nivel mínimo de consumo. Ese planteo había sido formulado también por el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, quien advirtió que el crédito estaba sustituyendo ingresos que los hogares habían perdido.

Desde la Nación sostienen que el mercado debe resolver la relación entre acreedores y deudores. Milei definió la morosidad como una cuestión entre privados y rechazó, hasta ahora, una intervención general destinada a reestructurar las obligaciones.

Frente a este escenario, el presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, y el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, impulsaron la creación de un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores.

La propuesta busca que las personas puedan reunir sus obligaciones dentro de una única negociación, en lugar de acordar por separado con cada banco, tarjeta, fintech o prestamista.

El procedimiento funcionaría en la Defensoría del Pueblo e incluiría una instancia prejudicial obligatoria y gratuita. Los acreedores no podrían iniciar un juicio de cobro sin haber atravesado previamente ese espacio.

La Defensoría estaría habilitada para convocar a las empresas, revisar liquidaciones, detectar cargos indebidos y formular una propuesta de reestructuración según la capacidad económica integral del consumidor.

Uno de los puntos principales establece que la suma de las nuevas cuotas no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto. Los acuerdos también deberán incorporar al menos dos de tres herramientas: extensión del plazo, reducción de intereses o quita parcial o total del capital. El objetivo es evitar que una persona destine todo su ingreso al pago de compromisos financieros o alcance un arreglo con un acreedor que le impida cumplir con los restantes.

El proyecto también propone crear un Registro Provincial de Prestamistas. Allí deberían inscribirse quienes otorguen créditos de manera habitual en territorio bonaerense, incluso cuando operen exclusivamente mediante aplicaciones o plataformas digitales.

El registro incluiría contratos, tasas, costo financiero total, comisiones, gastos y métodos de cobranza. Las entidades financieras reguladas directamente por el Banco Central quedarían exceptuadas de la inscripción, aunque seguirían alcanzadas por las otras normas aplicables.

Los prestamistas obligados que no se registren perderían la posibilidad de reclamar judicialmente intereses, comisiones y gastos. Solo podrían exigir la devolución del capital efectivamente entregado, descontando los pagos ya realizados.

La iniciativa también busca prohibir el hostigamiento. Las agencias no podrían amenazar, simular demandas, contactar reiteradamente a familiares o empleadores, usar lenguaje degradante ni realizar débitos sin autorización.