Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la ley
El Ejecutivo resolvió recurrir la sentencia del juez federal Martín Cormick, que declaró inconstitucional parte del decreto 759/2025 y ordenó el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno insiste en que el Congreso debe definir los recursos para afrontar el gasto.
Juan Manuel Villarreal
El Gobierno nacional decidió apelar el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el tramo del decreto 759/2025 que había condicionado su ejecución. La definición abre una nueva etapa judicial en un conflicto que también atraviesa el debate presupuestario y las protestas del sector universitario.
La sentencia hizo lugar a los amparos impulsados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, junto con una demanda de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para poner en marcha la ley.
El punto cuestionado por la Justicia estaba incluido en el decreto mediante el cual el Ejecutivo promulgó la norma, pero condicionó su aplicación a lo establecido por el artículo 5° de la Ley 24.629, vinculado con la identificación de las fuentes para afrontar nuevos gastos.
Cormick consideró que ese mecanismo no podía utilizarse para suspender una ley sobre la cual el Congreso había insistido luego del veto presidencial. En su resolución sostuvo que el decreto no superaba un “test mínimo de razonabilidad” y concluyó que la condición impuesta había funcionado, en sus efectos, como una instancia de veto no prevista en la Constitución.
El Gobierno prepara la apelación
La Casa Rosada resolvió responder por la vía judicial y la apelación será uno de los próximos pasos del Ejecutivo. La estrategia está siendo analizada por la Procuración del Tesoro mientras el Gobierno sostiene que la implementación de la ley requiere definir cómo se financiarán las partidas adicionales.
Desde el Ejecutivo mantienen la posición de que el Congreso debe establecer de dónde provendrán los recursos necesarios. El argumento oficial también se vincula con el proyecto de Presupuesto 2027, ya enviado al Poder Legislativo y todavía pendiente de tratamiento.
Durante el expediente, los representantes del Estado habían planteado además que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría erogaciones superiores al billón de pesos y que ese desembolso podría afectar el objetivo de equilibrio fiscal.
El juez rechazó ese planteo. La sentencia sostuvo que la propia ley contempla alternativas para afrontar el gasto, entre ellas reasignaciones presupuestarias y la utilización de mayores ingresos provenientes de la recaudación.
Qué está en juego con la Ley de Financiamiento Universitario
La resolución judicial alcanza una norma que contempla recursos para distintos componentes del sistema universitario, entre ellos salarios docentes y nodocentes, becas estudiantiles, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
La disputa ya había atravesado distintas instancias judiciales. Una medida cautelar había ordenado anteriormente la aplicación de artículos vinculados con la actualización salarial y los programas de becas. Esa cautelar fue confirmada por la Cámara y posteriormente quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara en junio un recurso extraordinario del Gobierno al considerar que todavía no existía una sentencia definitiva.
El nuevo pronunciamiento de Cormick avanzó ahora sobre el fondo del planteo y declaró inconstitucional la cláusula del decreto que condicionaba la ejecución de la ley.
La discusión coincide además con el debate por los recursos que tendrán las universidades durante 2027. Como informó grupolaprovincia.com en los últimos días, las autoridades universitarias ya trasladaron al Congreso su reclamo para modificar las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto: el CIN calcula necesidades por $11 billones, frente a los aproximadamente $7,3 billones contemplados por el Ejecutivo.
El conflicto también tendrá una nueva expresión en las calles. La comunidad universitaria convocó a una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre frente al Congreso, con reclamos vinculados con el cumplimiento de la ley, los salarios y el financiamiento del sistema.
Mientras el Gobierno avanza con la apelación, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario continuará así en el centro de una disputa que se desarrolla simultáneamente en la Justicia, el Congreso y las universidades.
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