Pamela Orellana
Juan Apolonio, secretario de Seguridad de Tres Arroyos (BA)
Soy abogado también. Desde el punto de vista legal está cubierto. Ahora, en la práctica se hace camino al andar, porque esto abre un universo o unos guarismos distintos a lo que se venía manejando. De 16 años en adelante es una cosa; ahora incorporamos otra franja etaria, que es de 14 a 16, en la que hemos constatado que se cometen muchos delitos por esos jóvenes, así que ahora van a ser judicializados.
La detención de esta persona, dispuesta por el juez de garantías del fuero de menores y solicitada por la fiscalía que toma intervención en cuestiones de personas menores, es un hito, es una vuelta de página, porque les está diciendo a los menores: “No delincas porque vas a tener la consecuencia”. Por estas horas, ese joven está en un instituto cerrado en una localidad dentro de la provincia de Buenos Aires.
No había sanción. Simplemente lo encontrabas dentro de una vivienda cometiendo un ilícito o con un motovehículo robado, le palmeabas la espalda y se quedaba con sus padres. Y a veces los padres no tienen la capacidad de volver a reeducar o reinsertar a ese joven en las buenas costumbres.
Ahí está el Estado, pero el Estado estaba acompañando en la medida que podía, no como debía. Entendemos que si no corregimos las conductas desde jóvenes, después nos encontramos con cárceles llenas, con adultos irrecuperables.
Todo. Nosotros desde Seguridad hacemos prevención. Yo a veces lo digo cuando tenemos fiestas importantes de jóvenes: nosotros no somos padres, vamos a estar cerca de sus hijos, pero la responsabilidad primaria es la de los padres.
De hecho, reflotamos un artículo, el 303 del Código de Faltas Municipal, que está desde hace 20 años y no se había usado en gestiones anteriores, por el que nosotros sancionamos a los padres cuyos hijos cometen algún daño o se encuentran en estado de ebriedad en la vía pública, porque queremos dar respuestas.
Más allá de que el menor después reciba su asistencia sanitaria, su asistencia legal y demás, las leyes provinciales y nacionales no sancionan a los padres. Nosotros sí tenemos esa ordenanza y sancionamos a los padres.
Va un menor, me rompe el patrullero de un toscazo. Más allá de la judicialización y demás, si es menor no es imputable; si es mayor es imputable. Al padre se le aplica una sanción desde el punto de vista del Código Municipal, porque queremos que los padres se hagan cargo. Y también el área social de la municipalidad trabaja codo a codo con los padres, pero a veces no alcanza.
Yo soy un defensor de esta ley. Lo que sí noto es que, como todas las cosas en Argentina, salen y después pensamos cómo lo vamos a hacer. Para mí tenía que haber sido un proceso inverso: formemos programas, hagamos instituciones y vayamos reformulando la ley.
Pero de un día para otro reformulamos la ley y seguimos con las mismas instituciones. Porque acá, en nuestra región, no tenemos instituciones que contengan a los menores en esas condiciones, en las condiciones de ahora de judicialización a partir de los 14.
Hay un desfasaje entre “hagamos cumplir”, por un lado, y el cuello de botella de “¿a dónde lo mando?”. Va a haber que trabajar fuertemente. Es una cuestión, en su mayoría, económica. Crear programas, capacitar personal y construir instituciones es una cuestión económica. Y de decisión política.
