Zona Fría, del Congreso a la Justicia: municipios, amparos y una disputa por el nuevo esquema de subsidios

La pelea por la Zona Fría cambió de escenario. Después de meses de debates en el Congreso, campañas de firmas, pronunciamientos municipales y cuestionamientos desde distintos sectores políticos, la promulgación de la Ley 27.828 terminó de trasladar el conflicto a los tribunales federales.

El primer movimiento llegó desde Bahía Blanca. El intendente Federico Susbielles presentó un amparo colectivo para intentar conservar el régimen tarifario que alcanzaba al distrito desde la ampliación aprobada en 2021. Casi en simultáneo, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon acudió a la Justicia Federal de Mar del Plata con otro planteo y solicitó una medida cautelar.

Los dos expedientes aparecen como los primeros pasos concretos de una estrategia judicial que venía siendo anunciada por diferentes municipios desde antes de que el Senado sancionara definitivamente la reforma.

El dato de fondo alcanza a buena parte del territorio bonaerense: 94 municipios y alrededor de 1,24 millones de hogares dejaron de contar con la bonificación automática basada exclusivamente en su ubicación geográfica, aunque algunos usuarios podrán continuar recibiendo ayuda si cumplen los requisitos del nuevo sistema focalizado.

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Bahía Blanca abrió el frente judicial

Susbielles formalizó el amparo el martes 13 de octubre, pocas horas después de la publicación de la nueva normativa en el Boletín Oficial. La presentación fue realizada junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella, en representación de usuarios residenciales y entidades comunitarias. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°2, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón.

“Bahía Blanca es Zona Fría”, afirmó el jefe comunal al anunciar la acción. El municipio pide que se mantengan los descuentos y que se suspendan mientras se tramita la causa los cobros y eventuales cortes asociados a la aplicación del nuevo régimen. La presentación invoca los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad, proporcionalidad y no discriminación.

La discusión climática ocupa un lugar central. El expediente incorpora informes regulatorios y trabajos de la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo que comparan las condiciones invernales de Bahía Blanca con las de Santa Rosa, Neuquén y Viedma, localidades que permanecen dentro del tratamiento territorial histórico. La Justicia deberá determinar si esa comparación y los demás argumentos resultan suficientes para cuestionar la aplicación de la ley.

Susbielles sostuvo que la presentación fue realizada “en defensa del 100% de nuestros hogares e instituciones”. El reclamo llega respaldado además por más de 40.000 adhesiones reunidas en la ciudad.

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Uno de los elementos incorporados al amparo intenta medir cuánto podría cambiar una boleta si se elimina exclusivamente el descuento correspondiente a Zona Fría. Según el análisis presentado por el municipio sobre una muestra de 44 facturas, el costo consolidado pasaría de $4,67 millones a $6,61 millones, lo que representa una diferencia estimada del 41,5%, manteniendo sin modificaciones el consumo y las restantes variables.

El escrito incluye también un caso particular: una factura residencial de $30.831 alcanzaría los $51.602 al retirarse la bonificación. No se trata de un porcentaje uniforme para todos los usuarios. La variación depende del consumo, la categoría tarifaria, la composición de cada factura y de si el hogar logra ingresar al régimen de asistencia focalizada.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, las proyecciones recopiladas en diferentes distritos van desde aumentos cercanos al 42% hasta advertencias de entre 50% y 100% en determinados casos. Son estimaciones elaboradas por funcionarios, organismos de consumidores y referentes locales y no un incremento general aplicable automáticamente a todos los hogares.

Mar del Plata también fue a la Justicia

La judicialización no quedó limitada al sudoeste. La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó otro amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata. El reclamo está dirigido contra el Estado nacional —a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía—, el organismo regulador ENREGE y Camuzzi Gas Pampeana.

Según la Defensoría, la acción busca proteger a más de 262.000 hogares. El organismo solicitó una cautelar para mantener las condiciones tarifarias anteriores mientras se resuelve la discusión de fondo y pidió suspender los filtros del esquema de focalización para los usuarios de la región.

También reclama que no se homologuen nuevos cuadros tarifarios sin una audiencia pública previa. Uno de los argumentos centrales vuelve a ser el trato diferenciado entre distintas regiones climáticas: la Defensoría cuestiona que determinadas áreas de la Patagonia conserven el beneficio automático mientras General Pueyrredon debe pasar a un sistema sujeto a requisitos socioeconómicos y patrimoniales.

La presentación pide directamente la declaración de inconstitucionalidad de aspectos de la Ley 27.828. Esa pretensión deberá ahora ser evaluada por el fuero federal.

⭕️ Zona Fría: el recorte alcanza a 94 municipios bonaerenses y anticipa fuertes subas del gas MÁS INFORMACIÓN: https://t.co/ThqWs9AdTB Unos 1,24 millones de hogares dejan de tener garantizado el beneficio territorial. Las proyecciones advierten aumentos del 42% y hasta posibles duplicaciones de las facturas, mientras intendentes y organismos de defensa de usuarios impulsan reclamos contra la medida nacional. OP @BAProvincia @fsusbielles @MaJimenaLopezOk @FrenteRenovador @CQuirogaUC @dipdejesus @FAMdeArgentina @JMilei

— Grupo La Provincia (@LaProvinciaBsAs) October 13, 2026

Qué cambió exactamente con la Ley 27.828

La norma fue sancionada por el Congreso el 24 de septiembre, promulgada mediante el Decreto 1161/2026 y publicada el 13 de octubre, fecha desde la cual entró en vigencia.

El nuevo esquema mantiene el régimen territorial histórico para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para las restantes zonas incorporadas mediante la ampliación de 2021, la ubicación geográfica deja de ser suficiente para garantizar por sí sola el descuento.

La ley establece una bonificación adicional dentro del sistema de subsidios focalizados para hogares situados en determinadas subzonas bioambientales que cumplan, además, requisitos específicos.

Entre ellos aparecen: ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2 del INDEC; presencia de un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP; percepción de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra de Malvinas; o la existencia de un integrante con Certificado Único de Discapacidad, sujeto a la evaluación prevista por la Secretaría de Energía.

La normativa también mantiene el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, financiado mediante un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, y fija su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Dentro de Buenos Aires, Patagones permanece en el régimen histórico debido a su pertenencia a la región patagónica. Los otros 94 municipios que habían sido incorporados con la Ley 27.637 de 2021 dejan de tener garantizado el descuento exclusivamente por su localización.

La lista comprende buena parte del interior, el sudoeste y la costa atlántica e incluye, entre otros, Bahía Blanca, General Pueyrredon, Tandil, Necochea, Olavarría, Junín, Pergamino, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Villa Gesell, Pinamar, La Costa, San Nicolás y Chacabuco.

El argumento de Nación: focalizar la asistencia

El Gobierno nacional defiende el cambio con un criterio diferente. Durante el tratamiento parlamentario, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, sostuvo que el esquema ampliado en 2021 otorgaba beneficios sin distinguir adecuadamente la capacidad económica de cada hogar.

“La Ley de Zona Fría subsidia a todos los consumidores”, afirmó durante su exposición ante el Senado. La funcionaria sostuvo que el objetivo oficial es concentrar los recursos públicos en quienes tienen dificultades económicas para afrontar el servicio y cuestionó que el beneficio territorial alcance también a usuarios con capacidad para pagar el costo completo.

Tettamanti también comparó los niveles de consumo: señaló que el promedio residencial patagónico ronda los 4.500 metros cúbicos anuales, mientras que en las regiones incorporadas en 2021 se ubica en aproximadamente 990 metros cúbicos.

Durante aquel debate también afirmó que parte de las áreas incorporadas eran “zonas templadas” y cuestionó la lógica con la que se realizó la ampliación de 2021. La reforma terminó siendo aprobada en el Senado por 38 votos afirmativos y 8 negativos, con 26 ausencias.