AySA prepara aumentos antes de su privatización: ¿Cuánto más pagarían los usuarios por el agua?

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) presentó una reforma tarifaria que podría provocar aumentos en las facturas de casi dos millones de usuarios residenciales, en medio del proceso de privatización impulsado por el gobierno de Javier Milei. La propuesta contempla incrementos promedio del 22,6% para seis de cada diez hogares, aunque en determinados casos las correcciones acumuladas podrían alcanzar el 149%, según las estimaciones oficiales.

El proyecto comenzó a discutirse este lunes 26 de octubre en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). La iniciativa modifica los criterios utilizados para calcular las boletas de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, elimina progresivamente descuentos vigentes y establece un nuevo esquema de clasificación territorial basado en información socioeconómica.

La discusión se desarrolla en una etapa decisiva para la compañía. El Gobierno adjudicó la venta del 90% de las acciones estatales de AySA por USD 340,2 millones y estableció el 13 de noviembre como fecha límite para la firma del contrato de compraventa. De aprobarse la modificación tarifaria, las nuevas condiciones comenzarán a aplicarse durante la transición hacia la gestión privada.

ESTÁN REGALANDO AySA: UNA VERDADERA VERGÜENZA En la audiencia pública por las tarifas de @AySA_Oficial cuestioné que el Gobierno nacional regale la empresa y ponga en riesgo obras esenciales como el Río Subterráneo Sur. Si el Estado no hace las obras que necesita nuestra gente, ningún privado las va a hacer. Es una verdadera vergüenza.

— Fernando Gray (@fernandogray) October 26, 2026

El impacto de la reforma será diferente según la ubicación del inmueble, su clasificación actual y los descuentos que recibe cada usuario. De acuerdo con la documentación presentada ante el regulador, 1.998.747 usuarios residenciales, aproximadamente el 60% del total, afrontarían aumentos en sus facturas. Para ese grupo, la boleta media mensual pasaría de $29.116 a $35.710, lo que representa $6.594 adicionales y una suba promedio del 22,6%.

En cambio, 683.927 usuarios, alrededor del 20%, registrarían una reducción promedio del 14,7%, mientras que otros 672.194 hogares mantendrían sus valores sin modificaciones derivadas del nuevo esquema. Si se considera el conjunto de usuarios residenciales, incluyendo aumentos, reducciones y facturas sin cambios, el incremento promedio sería del 11,4%, con una boleta que pasaría de $27.156 a $30.250.

Las cifras corresponden a valores de septiembre de 2026, sin impuestos, y no incluyen las actualizaciones tarifarias posteriores que puedan aplicarse sobre el servicio.

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Aumentos de hasta 149% y eliminación de descuentos

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la revisión de los llamados coeficientes zonales, utilizados para determinar parte del valor de las facturas. Actualmente, AySA aplica 11 categorías tarifarias, establecidas a partir de criterios que tienen varias décadas de antigüedad. La compañía pretende reemplazarlas por cinco niveles, con coeficientes que irán de 0,75 a 2,75, utilizando información del Censo 2022 y estimaciones sobre las características socioeconómicas de los hogares.

La empresa sostiene que la clasificación vigente dejó a numerosos inmuebles dentro de categorías bajas, pese a los cambios experimentados por distintas zonas urbanas durante las últimas décadas.

Pero la reclasificación no es el único factor que puede encarecer las boletas. La propuesta contempla retirar progresivamente un descuento adicional del 15% que reciben determinados usuarios ubicados en zonas actualmente consideradas de menores recursos.

Según los cálculos de AySA, 504.044 usuarios pagarían más exclusivamente por perder esa bonificación, incluso sin modificaciones en sus coeficientes zonales. Para ese conjunto, la eliminación del beneficio representaría un incremento de hasta el 17,6%.

La compañía también reconoce que algunas correcciones podrían llegar al 149%, aunque aclara que no se aplicarían de una sola vez. Los aumentos superiores al 100% alcanzarían aproximadamente al 3% del universo residencial considerado en el estudio.

La implementación sería escalonada. La bonificación del 15% se reduciría primero al 10%, luego al 5% y finalmente desaparecería. En los casos donde también corresponda una reclasificación zonal, los aumentos adicionales comenzarían posteriormente, con límites mensuales previstos para moderar el impacto.

Tarifa social: AySA busca recaudar $140.000 millones adicionales

La conducción de AySA sostiene que el objetivo de la reforma no es aumentar los ingresos netos de la empresa, sino redistribuir recursos entre usuarios para ampliar la cobertura de la tarifa social. Con el nuevo esquema plenamente aplicado, la compañía estima una facturación adicional de aproximadamente $140.000 millones anuales, calculada a valores de septiembre.

Según el documento presentado ante el ERAS, esos fondos serían destinados a fortalecer la asistencia de los hogares que enfrentan dificultades económicas para pagar el servicio. “El ingreso final de AySA no aumenta”, señala la presentación de la empresa, al sostener que la recaudación adicional se utilizaría para financiar las nuevas bonificaciones.

Actualmente, el programa de tarifa social cuenta con aproximadamente 122.000 beneficiarios. La compañía pretende ampliar ese universo y facilitar la regularización de usuarios con problemas de pago.

Los datos difundidos muestran que la morosidad ronda el 12% y que existen aproximadamente 400.000 usuarios sin pagos registrados durante los últimos cinco años. La propuesta contempla también tratamientos diferenciales para barrios populares y modificaciones en determinados cargos vinculados con los servicios de desagües cloacales.

Para comercios, industrias e instituciones, AySA proyecta una reducción promedio del 2,2% en las facturas, aunque el efecto también variará según la categoría de cada usuario.

RECHAZAMOS EL NUEVO CUADRO TARIFARIO DE AYSA Participamos de la audiencia pública convocada para analizar el nuevo esquema que busca aplicar la empresa. También reclamamos por los pasivos ambientales, tal como lo venimos pidiendo en la Justicia. https://t.co/9004Zh1dSd

— Defensoría del Pueblo PBA (@defensoriaPBA) October 26, 2026

Privatización por USD 340 millones y cuestionamientos a la operación

El debate tarifario se produce mientras el Gobierno nacional avanza con el traspaso de AySA a manos privadas. La licitación fue adjudicada al consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX AQUA AR B.V. y Transclor S.A., que presentó una oferta de USD 340,2 millones por el 90% del paquete accionario.

El monto quedó por debajo de los USD 500 millones que el Ejecutivo había señalado inicialmente como referencia para la operación, según las informaciones difundidas durante el proceso.

La adjudicación también generó cuestionamientos políticos sobre los procedimientos de valuación y los vínculos empresariales de algunas firmas participantes. Legisladores opositores presentaron actuaciones para solicitar una revisión del proceso. Entre ellos se encuentran las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni, y los senadores Guillermo Andrada Bahl y Jorge Capitanich, quienes reclamaron explicaciones sobre la tasación y el acceso a información vinculada con la venta.

Los cuestionamientos incluyen la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, las características de los informes utilizados para establecer el valor de la compañía y posibles conflictos de intereses.

La operación contempla que el nuevo concesionario asuma progresivamente la gestión durante los primeros meses de 2027. Según el cronograma publicado, la firma del contrato deberá concretarse antes del 13 de noviembre de 2026.