Consejo de la Magistratura: una jugada del peronismo cambia los números y complica a LLA

El peronismo y La Libertad Avanza abrieron una nueva disputa por el reparto de poder en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de intervenir en la selección, disciplina y remoción de jueces nacionales y federales. A menos de un mes de la renovación de sus integrantes, una modificación en la composición del Senado alteró el equilibrio entre las principales bancadas y puso en discusión quién se quedará con dos de los cuatro lugares que corresponden a la Cámara alta.

La maniobra que modificó el escenario fue el regreso del senador riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista que conduce José Mayans. Con su incorporación, el espacio pasó de 21 a 22 legisladores, superando a La Libertad Avanza, cuya bancada está encabezada por Patricia Bullrich y aspira a contar con 21 miembros una vez cubierta la vacante producida por el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto.

El movimiento permitió al PJ consolidarse como primera minoría entre los bloques del Senado, una condición que utilizará para reclamar dos representantes ante el Consejo. El oficialismo, sin embargo, no reconoce que esa modificación de último momento deba alterar automáticamente la distribución y anticipó que podría impugnar la designación si considera que se vulneran los criterios establecidos por la Justicia.

La pulseada tendrá una instancia decisiva en la presidencia del Senado, a cargo de Victoria Villarruel, quien deberá intervenir en la formalización de las designaciones. La disputa también se extiende a Diputados, donde las nuevas relaciones de fuerzas podrían modificar la representación del peronismo, el PRO y los libertarios en uno de los organismos institucionales más relevantes del Poder Judicial.

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Un pase que cambió los números y reordenó la disputa

Hasta la semana pasada, el bloque Justicialista y La Libertad Avanza se encontraban en una situación de paridad política, con 21 senadores cada uno como referencia para la renovación del Consejo.

La llegada de Fernando Rejal rompió ese equilibrio. El legislador riojano, que había abandonado la bancada peronista en marzo de 2025 por diferencias con la conducción nacional del espacio, decidió regresar y formalizó su incorporación ante las autoridades del Senado.

Rejal integraba hasta entonces un bloque junto al puntano Fernando Salino, dentro del interbloque peronista que también reúne a los representantes santiagueños Gerardo Zamora y Esther Moreno.

La diferencia resulta importante porque, para establecer la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura, el debate se concentra en la cantidad de integrantes de cada bloque y no necesariamente en los acuerdos que conforman los interbloques.

Con el nuevo escenario, Mayans busca garantizar que el peronismo conserve dos de los cuatro asientos correspondientes al Senado, mientras que Bullrich intentará obtener esos mismos lugares para el oficialismo. La disputa tiene como fecha de referencia el 18 de noviembre, cuando deben renovarse las representaciones parlamentarias para el período 2026-2030.

El legislador riojano Fernando Rejal.

Bullrich amenaza con judicializar la maniobra

El oficialismo sostiene que el regreso de Rejal no puede utilizarse para modificar de manera artificial la representación de las fuerzas políticas dentro del Consejo. Desde el bloque libertario anticiparon que acudirán a los tribunales si el peronismo logra quedarse con los dos lugares correspondientes a la primera minoría.

“Si llegan a usar el pase de Rejal para quedar como primera minoría, lo vamos a judicializar; la Justicia ya dijo, en el caso Juez, que no se pueden construir mayorías artificiales”, advirtieron fuentes de La Libertad Avanza en declaraciones a La Nación.

El argumento remite a un antecedente de 2022, cuando el entonces Frente de Todos modificó su estructura parlamentaria para intervenir en el reparto de representantes del Consejo. En aquella oportunidad, la bancada peronista de 35 integrantes se dividió en dos espacios: Frente Nacional y Popular, con 21 senadores, y Unidad Ciudadana, con 14.

La decisión permitió inicialmente que el oficialismo de entonces reclamara tres de los cuatro lugares del Senado. Sin embargo, la Corte Suprema dejó sin efecto la designación del kirchnerista Martín Doñate, al considerar irregular la maniobra utilizada para alterar la representación parlamentaria. Finalmente, el lugar fue ocupado por Luis Juez, quien había recurrido a la Justicia para reclamar su incorporación.

Ahora, el gobierno de Milei pretende utilizar ese antecedente para cuestionar una eventual designación basada en el regreso de Rejal al Justicialismo.

Villarruel, en el centro de una definición que incomoda al oficialismo

La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó ubicada en un lugar central de la negociación, debido a que la presidencia del Senado interviene en la formalización de los representantes que corresponden a la Cámara alta. Bullrich y Mayans acordaron trasladar a Villarruel sus respectivas pretensiones, mediante presentaciones formales en las que ambas bancadas reclamarán dos lugares.

La disputa adquiere relevancia por las diferencias políticas que atraviesan la relación entre la vicepresidenta y distintos sectores de La Libertad Avanza.

La discusión también alcanza a la tercera representación política del Senado, que aparece vinculada con la Unión Cívica Radical. Dentro del radicalismo todavía existen negociaciones sobre la continuidad de Eduardo Vischi o la posibilidad de que el lugar sea ocupado por Maximiliano Abad, senador bonaerense y actual vicepresidente de la Comisión de Acuerdos.

Los nombres que se negocian y la tensión en Diputados

Mientras se define la distribución de los lugares, las principales fuerzas comenzaron a ordenar sus posibles representantes. Dentro del bloque Justicialista aparecen como candidatos Eduardo “Wado” de Pedro, senador por Buenos Aires, y Florencia López, legisladora riojana. 

Por el lado de La Libertad Avanza, las candidaturas que se analizan son las de Nadia Márquez, representante de Neuquén, y María Belén Monte de Oca, senadora por Tierra del Fuego.

Márquez mantiene vínculos políticos con el sector libertario referenciado en Karina Milei y los dirigentes Martín y Eduardo “Lule” Menem, mientras que Monte de Oca aparece como una alternativa para completar la representación oficialista si el bloque consigue ampliar su participación.

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La renovación del Consejo también genera tensiones en la Cámara de Diputados, donde la relación de fuerzas es diferente. Allí, La Libertad Avanza buscará obtener dos de los cuatro representantes que corresponden a la Cámara baja, mientras que el peronismo pretende mantener las dos bancas que ocupa actualmente.

Entre los nombres impulsados por el oficialismo aparecen Gonzalo Roca, que ya integra el organismo, y el santafesino Nicolás Mayoraz. En el peronismo, en tanto, figuran los actuales consejeros Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, aunque otros sectores internos, incluido el Frente Renovador, también buscan participar en las definiciones.

La distribución de la representación podría obligar al PJ a resignar uno de sus lugares si se aplica el criterio de asignación por bloques según su tamaño actual.

A la disputa se incorpora además el diputado Álvaro González, del PRO, que pretende conservar su lugar con respaldo de los espacios que integran el interbloque Fuerzas del Cambio.

Por otra parte, Provincias Unidas busca participar de la nueva distribución, en un armado donde tienen influencia los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

La negociación en Diputados presenta particularidades respecto del Senado, ya que las alianzas entre bloques pueden influir en la interpretación de las representaciones que corresponden a cada sector. Por ese motivo, los acuerdos parlamentarios de las próximas semanas serán determinantes para establecer cómo quedarán distribuidos los cuatro lugares.