Medicamentos, tierras y salud pública: los frentes abiertos en el Senado bonaerense y la pulseada por los votos

El Senado bonaerense sesionará este jueves con una agenda marcada por los proyectos de salud de Axel Kicillof y una nueva discusión sobre la protección de las tierras rurales frente a la compra por parte de extranjeros. Después de varias semanas de negociaciones, el oficialismo consiguió encaminar la creación de una empresa provincial de medicamentos, pero debió postergar la reforma integral del sistema sanitario ante los cuestionamientos de intendentes y distintos sectores del peronismo. En paralelo, la comisión de Legislación General avanzó con una iniciativa para establecer límites a la titularidad extranjera de campos bonaerenses.

La Cámara alta, presidida por Verónica Magario, fue convocada para las 15 horas, en lo que será su quinta sesión ordinaria del año. El principal proyecto del Ejecutivo que llegará al recinto es la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad con participación estatal mayoritaria destinada a producir, distribuir y comercializar medicamentos e insumos para el sistema de salud.

El escenario representa un avance parcial para la administración provincial. Mientras Fuerza Patria cuenta con los votos para impulsar la empresa farmacéutica, el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) deberá continuar su tratamiento en comisión. Las diferencias sobre los costos que asumirían los municipios y las facultades de los organismos sanitarios terminaron separando dos iniciativas que originalmente formaban parte de una misma estrategia.

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La empresa de medicamentos llega al recinto con cambios y rechazo opositor

El proyecto que impulsa el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, propone crear una compañía pública con facultades para investigar, desarrollar, producir, importar, exportar y comercializar medicamentos, vacunas, insumos médicos y otros productos sanitarios. El objetivo declarado por el Gobierno es fortalecer el abastecimiento de hospitales provinciales y municipales, reducir los costos de adquisición y ampliar la capacidad de producción pública.

La futura empresa funcionaría como una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). Según el texto negociado en el Senado, la Provincia conservará el 99% del capital social, mientras que el 1% restante podrá quedar bajo administración de otros actores públicos o privados. La propuesta atravesó modificaciones durante su paso por las comisiones, especialmente después de los planteos del kirchnerismo y de los bloques opositores.

Uno de los principales puntos de discusión fue la posibilidad de que la compañía contrajera préstamos o emitiera títulos de deuda. Finalmente, se incorporaron restricciones para que esas operaciones estén vinculadas con su actividad, contempladas en el presupuesto y sujetas a los límites de la legislación financiera bonaerense. También se estableció la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, integrada por cinco diputados y cinco senadores, que podrá requerir información y supervisar determinadas decisiones financieras.

Pese a las modificaciones, el PRO, La Libertad Avanza, Unión y Libertad y Hechos-UCR Identidad anticiparon su rechazo. Los principales cuestionamientos apuntan al costo de crear una nueva estructura estatal, sus facultades administrativas y la necesidad de constituir una empresa para desarrollar las actividades previstas.

Kreplak defendió la iniciativa y confirmó que el SIPBA deberá esperar

El ministro de Salud bonaerense anticipó públicamente el tratamiento de la empresa farmacéutica y confirmó que el proyecto para reorganizar el sistema sanitario continuará su recorrido legislativo. “Este jueves el Senado le dará media sanción a la ley que busca crear la empresa pública de medicamentos bonaerenses”, expresó Kreplak a través de sus redes sociales.

En el mismo mensaje señaló que el SIPBA será enviado a la Comisión de Presupuesto para incorporar observaciones de los legisladores y avanzar con su discusión. Durante su exposición ante los senadores, el funcionario había defendido el alcance de ambas iniciativas y rechazado que estuvieran diseñadas únicamente para la actual administración. “Estos proyectos no son para beneficiar a una gestión. Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”, afirmó.

Este jueves el Senado le dará media sanción a la Ley que busca crear la empresa pública de medicamentos bonaerenses, mientras que el proyecto para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA), será enviado a la Comisión de Presupuesto para recibir aportes de diferentes senadores y senadoras y continuar el camino de la construcción de estas herramientas que son fundamentales para gestionar el sistema de salud bonaerense.

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 2, 2026

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la negociación permitió avanzar con el laboratorio provincial, pero no alcanzó para resolver los cuestionamientos al sistema integrado. El SIPBA busca articular establecimientos provinciales, municipales y privados mediante una red de atención coordinada. Sin embargo, durante su tratamiento aparecieron objeciones sobre las competencias de los municipios, la participación de prestadores privados y las obligaciones económicas previstas para los gobiernos locales.

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Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el artículo 43, que propone armonizar las remuneraciones de los profesionales médicos municipales con las paritarias provinciales. Los intendentes advirtieron que esa disposición podría generar mayores obligaciones salariales sin establecer de manera suficientemente precisa los recursos para afrontarlas.

También plantearon reparos sobre los mecanismos previstos para informar la contratación de personal y el reconocimiento de remuneraciones diferentes de las contempladas en el nuevo régimen. Otro punto de discusión fue la distribución de fondos sanitarios. Los municipios reclamaron que los recursos provinciales y nacionales destinados a programas de salud se asignen mediante criterios objetivos, entre ellos el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

El proyecto ya había recibido modificaciones durante su tratamiento en las comisiones de Salud Pública y Legislación General. Entre ellas, se aclaró que la incorporación municipal a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud sería voluntaria y se eliminaron algunas atribuciones que generaban reparos entre los prestadores privados.

Sin embargo, esos cambios no resultaron suficientes para cerrar la negociación. El Frente Renovador y el kirchnerismo trasladaron nuevos planteos de los intendentes, por lo que se resolvió continuar la discusión presupuestaria antes de llevar la iniciativa al recinto.

Ley de Tierras: el Senado avanza con límites a la propiedad extranjera

La otra discusión relevante de la agenda legislativa tiene que ver con la propiedad de las tierras rurales bonaerenses. Este miércoles, la Comisión de Legislación General del Senado dio un paso adelante con un proyecto que propone establecer un régimen provincial de protección frente a la adquisición de campos por parte de extranjeros.

La iniciativa fija un límite del 15% para la titularidad extranjera, tanto sobre la superficie rural total de Buenos Aires como en cada municipio. También contempla restricciones adicionales para evitar la concentración de tierras en manos de una misma nacionalidad o de un único titular.

Entre las disposiciones se encuentra la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales, destinado a identificar las propiedades alcanzadas por la normativa y fortalecer los controles sobre las operaciones de transferencia. El texto establece, además, que una misma nacionalidad extranjera no podrá concentrar más del 30% del cupo permitido y propone un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada zona núcleo, una de las regiones de mayor productividad agropecuaria.

El tratamiento se produce después de las discusiones nacionales sobre la legislación que regula la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, cuya modificación fue promovida por el gobierno de Javier Milei.

Por otra parte, la agenda legislativa también registró movimientos respecto de la regulación del trabajo mediante aplicaciones digitales. Este miércoles, la Comisión de Trabajo y Legislación Social aprobó por mayoría, con modificaciones, un proyecto que establece condiciones de protección para repartidores y trabajadores de plataformas.

La iniciativa del Ejecutivo fue unificada con una propuesta del senador Federico Fagioli y girada a la Comisión de Legislación General para continuar su tratamiento. El proyecto contempla obligaciones para las empresas vinculadas con la cobertura de accidentes, las condiciones de trabajo y la información sobre la actividad de repartidores y conductores.