Tarifas de luz: tras la batalla judicial por los aumentos, la Provincia convoca a una audiencia pública con las distribuidoras

El Gobierno de Kicillof convocó a una audiencia pública para el 16 de diciembre, donde las empresas presentarán sus costos y planes de inversión.

El gobierno de Axel Kicillof convocó a una audiencia pública para discutir el futuro de las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires, en medio de una controversia judicial por los últimos aumentos y de las diferencias políticas que el tema provocó dentro del peronismo bonaerense. La convocatoria reunirá a las principales distribuidoras, cooperativas y organismos de control para analizar los costos del servicio, los planes de inversión y los cuadros que podrían regir durante el próximo quinquenio.

La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 827/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis. La audiencia se realizará el 16 de diciembre, en modalidad virtual, y constituye una instancia central de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), un procedimiento destinado a establecer las condiciones económicas y de calidad bajo las cuales operarán las empresas distribuidoras.

La decisión llega después de que la Provincia consiguiera restablecer judicialmente los aumentos que habían sido suspendidos en septiembre, una controversia que enfrentó al Ejecutivo con la Defensoría del Pueblo y sumó cuestionamientos desde sectores de la propia coalición oficialista. .

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La audiencia convocada por la administración bonaerense se desarrollará entre las 9 y las 18 horas, con la posibilidad de extenderse al día siguiente. Se realizará mediante una plataforma digital y será transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura. Estará presidida por la Subsecretaría de Energía y contará con la intervención del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Entre las empresas convocadas figuran EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, responsables de la distribución eléctrica en distintas regiones bonaerenses. También participarán representantes de las distribuidoras municipales, a través de las federaciones que agrupan a las cooperativas eléctricas, mientras que el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, fue invitado a la audiencia.

Uno de los puntos centrales será la exposición de los requerimientos de ingresos presentados por las compañías y los planes de inversión previstos para los próximos cinco años. La revisión deberá considerar también las metas de calidad del servicio, un aspecto relevante para los usuarios que reclaman mejoras en las redes y respuestas frente a los cortes de suministro.

La convocatoria incluye, además, las condiciones para mantener la actual etapa de transición tarifaria hasta que se apruebe el primer cuadro surgido de la revisión integral.

El conflicto judicial que puso las tarifas en el centro de la discusión

La convocatoria tiene un antecedente inmediato en la controversia por los aumentos autorizados mediante la Resolución 585/2026. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Bahía Blanca dispuso suspender cautelarmente los incrementos correspondientes a componentes provinciales de las facturas eléctricas, después de una presentación impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El organismo encabezado por Lorenzino había cuestionado que se aplicaran modificaciones sin una audiencia pública previa que garantizara la participación de los usuarios. La decisión judicial también contemplaba la devolución, mediante saldos a favor, de los importes cobrados por los conceptos alcanzados.

La Provincia y las distribuidoras apelaron la medida, argumentando que mantener suspendidas esas actualizaciones podía comprometer los recursos necesarios para sostener el funcionamiento del servicio, el mantenimiento de las redes y las inversiones.

La controversia llegó a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que concedió efecto suspensivo al recurso de la Fiscalía de Estado. De esa manera, las empresas quedaron nuevamente habilitadas para aplicar los cuadros cuestionados. Los aumentos involucrados oscilaban entre el 1,5% y el 3,5%, con un universo estimado de 1,4 millones de usuarios.

Tras una presentación que hicimos desde @defensoriaPBA la Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia. Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente.

— Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 18, 2026

La interna peronista también se metió en la pelea por la luz

El expediente judicial tuvo repercusiones dentro de Fuerza Patria, donde la decisión del Ejecutivo de apelar la suspensión de los aumentos provocó cuestionamientos de dirigentes vinculados con La Cámpora.  La diputada provincial Mayra Mendoza compartió en X una publicación que cuestionaba la decisión del Ejecutivo y escribió: “¿Esto es real?”. Por su parte, Facundo Tignanelli, presidente del bloque en la cámara baja, compartió un mensaje de Lorenzino que defendía la medida cautelar y cuestionaba la interpretación del Gobierno sobre sus efectos.

En la otra vereda, el ministro Carlos Bianco defendió la actuación de la Fiscalía de Estado y explicó que el organismo debía sostener jurídicamente la posición de la Provincia. También cuestionó el esquema tarifario heredado de la gestión de María Eugenia Vidal y sostuvo que el Ejecutivo había optado por aplicar actualizaciones vinculadas con la inflación.

Como viene informando este medio, las diferencias no giran únicamente alrededor del porcentaje de incremento, sino también del procedimiento utilizado para autorizarlo y del derecho de los consumidores a participar en las decisiones. En ese contexto, la audiencia de diciembre adquiere una dimensión política adicional: el Gobierno deberá exponer públicamente los argumentos económicos y regulatorios que fundamentarán el futuro esquema, mientras continúa abierta la discusión judicial por las actualizaciones anteriores.

Nueve años después, una revisión que definirá inversiones y calidad del servicio

La última Revisión Tarifaria Integral bonaerense fue aprobada en 2017. El proceso siguiente quedó postergado tras la declaración de emergencia energética de diciembre de 2019 y, desde 2021, el servicio funciona bajo un esquema de cuadros transitorios.

El procedimiento actual comenzó formalmente en octubre de 2024, mediante la Resolución 1133/2024 del Ministerio de Infraestructura. Para su desarrollo, la Provincia incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como consultora y organizó instancias de intercambio con las distribuidoras y las federaciones de cooperativas. Una de esas reuniones se realizó el pasado 9 de septiembre.

Las empresas ya presentaron sus pedidos de ingresos y sus planes de inversión, que serán expuestos durante la audiencia. El objetivo será establecer las condiciones económicas de prestación y los parámetros de calidad para los próximos cinco años. Eso incluye definir qué inversiones deberán realizarse para mejorar progresivamente el servicio y qué recursos serán reconocidos dentro del sistema tarifario.

El Gobierno bonaerense deberá evaluar esas presentaciones y determinar qué esquema resulta compatible con las obligaciones regulatorias, el funcionamiento del sistema y la capacidad de pago de los consumidores. La participación ciudadana será uno de los elementos centrales del proceso, especialmente después de la controversia judicial que cuestionó la ausencia de una audiencia previa para las últimas actualizaciones.