El Niño en la Provincia: riesgo de inundaciones, obras pendientes y una nueva pulseada por la prevención

La intensificación del fenómeno de El Niño vuelve a poner en alerta a la provincia de Buenos Aires y abre una nueva discusión sobre la capacidad de respuesta ante inundaciones, temporales y emergencias climáticas. Mientras los organismos meteorológicos advierten que las condiciones podrían mantenerse durante el verano, un proyecto presentado en la Legislatura busca establecer mecanismos permanentes de prevención, identificar las zonas más vulnerables y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales durante situaciones críticas.

La iniciativa se suma a las medidas que el gobierno de Axel Kicillof viene desplegando junto a los municipios, en un territorio atravesado por antecedentes recientes de inundaciones, problemas de drenaje y obras hidráulicas pendientes. El debate también incorpora una pregunta que cobra relevancia frente a la posibilidad de precipitaciones extraordinarias: qué herramientas tienen los distritos para anticiparse a una emergencia y hasta dónde alcanza la infraestructura disponible para reducir sus consecuencias.

El nuevo proyecto fue presentado por el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, quien propuso crear un Sistema Provincial de Resiliencia Urbana y Gestión Integral del Riesgo. El texto contempla mapas de vulnerabilidad, registros de infraestructura crítica y protocolos para garantizar la continuidad de hospitales, rutas, redes eléctricas y otros servicios. La propuesta llega después de que el Senado diera media sanción a otra iniciativa de gestión de desastres y mientras la Provincia profundiza su operativo preventivo frente a El Niño.

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El Niño se fortalece: qué dicen los informes y cuáles son los riesgos

El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se encuentra en una fase cálida de fuerte intensidad, de acuerdo con el último informe mensual del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo señaló que, para el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2026, los modelos indicaban una probabilidad del 100% de continuidad del episodio, con perspectivas de que siguiera intensificándose.

El escenario adquiere especial importancia para Buenos Aires porque El Niño suele favorecer precipitaciones superiores a los valores habituales en sectores del centro y noreste argentino. Sin embargo, un fenómeno intenso no significa que todas las localidades vayan a registrar lluvias extraordinarias ni que puedan anticiparse inundaciones específicas.

El meteorólogo Alejandro Aníbal Godoy, docente e investigador vinculado con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), explicó que el calentamiento del océano Pacífico modifica la circulación atmosférica, pero sus consecuencias dependen de múltiples factores regionales y temporales.

En un análisis publicado por la universidad, el especialista advirtió que un episodio excepcional en el Pacífico no garantiza precipitaciones ni inundaciones récord en cada región. Por eso, señaló la importancia de interpretar las probabilidades climáticas y traducirlas en decisiones concretas de planificación.

La advertencia tiene consecuencias prácticas para los municipios. Los pronósticos estacionales permiten identificar tendencias generales, mientras que las alertas meteorológicas de corto plazo y el seguimiento de ríos, arroyos y suelos son indispensables para decidir medidas de prevención, evacuaciones o intervenciones sobre infraestructura.

La Legislatura busca establecer nuevas obligaciones para prevenir desastres

El proyecto presentado por De Leo propone que la preparación ante emergencias deje de depender exclusivamente de respuestas adoptadas después de una inundación o un temporal. Entre sus principales disposiciones aparece la creación de un registro de infraestructura crítica, destinado a identificar instalaciones cuyo funcionamiento resulta indispensable para la población, como establecimientos sanitarios, rutas y estaciones de energía.

También contempla la elaboración de mapas de riesgo, la implementación de mecanismos de alerta temprana y un índice provincial de resiliencia urbana para evaluar periódicamente la capacidad de prevención y respuesta de los municipios que adhieran al sistema.

Uno de los puntos más relevantes establece que los prestadores de servicios públicos, privados, cooperativos y concesionarios deberán contar con planes de continuidad y contingencia. El objetivo es reducir las interrupciones o facilitar la recuperación de prestaciones esenciales cuando se produzca una situación crítica.

La propuesta fija, además, un plazo concreto: el Ejecutivo bonaerense deberá elaborar un Plan Provincial de Resiliencia Urbana dentro de los 12 meses posteriores a la reglamentación de la ley, con protocolos de actuación, criterios de evacuación y mecanismos de consulta con los municipios.

De Leo fundamentó la iniciativa a partir de las consecuencias de las inundaciones que afectaron a Bahía Blanca en marzo de 2025, un episodio que puso en evidencia las dificultades que pueden atravesar las ciudades frente a precipitaciones excepcionales.

“La gestión integral del riesgo no comienza cuando se declara una emergencia”, planteó el legislador, al reclamar que las autoridades identifiquen previamente las amenazas, evalúen las vulnerabilidades de la población y asignen recursos para reducir los posibles daños.

La iniciativa de la Coalición Cívica no es el único expediente sobre prevención que se discute en la Legislatura. El 16 de septiembre, el Senado bonaerense aprobó un proyecto para crear el Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, Protección Civil y Desarrollo Resiliente, elaborado a partir de propuestas de los legisladores Sergio Berni y Malena Galmarini.

El texto busca establecer un marco de coordinación entre organismos provinciales, municipios, instituciones públicas y entidades privadas para mejorar las tareas de prevención, asistencia y recuperación frente a inundaciones, incendios, temporales y otras contingencias.

Durante el debate en comisiones, Berni defendió la necesidad de superar las respuestas aisladas y avanzar hacia un esquema de trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “El sistema busca fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de la provincia”, sostuvo el senador, al destacar la importancia de incorporar a los municipios y a las organizaciones de la comunidad.

Desde otro sector político, la senadora de Hechos, Emilia Subiza, también reclamó acciones coordinadas ante El Niño y advirtió que sus eventuales consecuencias podrían extenderse más allá de los límites provinciales. “Llegó el momento de aunar esfuerzos, superar los límites interprovinciales y dejar de lado las diferencias políticas”, planteó durante una intervención vinculada con la agenda climática federal.

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La Cuenca del Salado, entre los pronósticos y las obras que faltan

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en la Cuenca del río Salado, una extensa región donde la acumulación de agua afecta periódicamente a localidades, caminos rurales y áreas productivas. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Provincia reunió a intendentes de distintas subregiones para revisar los riesgos asociados con El Niño, el estado de los canales y los avances del Plan Maestro del Río Salado.

El sistema comprende 59 municipios y más de 17 millones de hectáreas productivas, con sectores donde las napas elevadas y los suelos saturados reducen la capacidad de absorción frente a nuevas precipitaciones.

Durante una reunión realizada en Roque Pérez participaron el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, junto a intendentes de diferentes espacios políticos. Entre ellos estuvieron Facundo Diz, Eduardo Bucca, José Luis Salomón, Fabián Blanstein y Guillermo Britos, además de representantes de otros municipios de la cuenca.

Las autoridades analizaron la regularización de obras hidráulicas municipales, el mantenimiento de canales y alcantarillas y las etapas pendientes del Plan Maestro. Uno de los principales problemas se concentra en la continuidad entre los tramos IV y V. La Provincia avanzó con gestiones para desarrollar nuevas intervenciones, pero parte de los trabajos bajo responsabilidad nacional permanece demorada.

Como detalló este medio en un informe sobre la Cuenca del Salado, el Gobierno bonaerense también acordó estudiar posibles intervenciones sobre 4,3 millones de hectáreas vinculadas con los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores. El escenario plantea una dificultad adicional: una obra de drenaje ejecutada en un municipio puede modificar el escurrimiento y afectar a localidades ubicadas aguas abajo. Por eso, los funcionarios provinciales sostienen que las decisiones deben planificarse por cuenca y no únicamente según los límites administrativos de cada distrito.

Kicillof refuerza el operativo: nueve ministerios y monitoreo en los 135 municipios

La discusión legislativa se desarrolla mientras el Ejecutivo provincial avanza con su propio esquema de prevención. Kicillof formalizó mediante el Decreto 1941 la creación de una Mesa Interministerial para atender los posibles efectos de El Niño. El organismo es coordinado por el Ministerio de Gobierno y reúne a nueve ministerios, además de organismos y empresas provinciales, con responsabilidades en la preparación, la respuesta y la recuperación frente a emergencias.

El decreto también establece un tratamiento administrativo prioritario para las contrataciones vinculadas con las consecuencias del fenómeno climático. Sin embargo, esa disposición no implica por sí misma la creación de un nuevo fondo específico. La Provincia incorporó otra herramienta durante octubre, cuando presentó en Bragado un visor hidrometeorológico desarrollado mediante el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH).

La plataforma integra información de 150 estaciones, de las cuales 42 son administradas directamente por la Provincia, y permite consultar precipitaciones, niveles de agua, caudales y otras variables. La herramienta está destinada a facilitar decisiones en los 135 municipios bonaerenses, aunque su eficacia dependerá también de la cobertura territorial, la actualización de los datos y la capacidad local para actuar frente a una alerta.

Durante la presentación, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, defendió la necesidad de integrar información meteorológica con decisiones sobre obras y mantenimiento. “Gobernar y administrar el agua requiere coordinación entre todos los sectores e inversión en infraestructura para dar mejores respuestas y soluciones. El agua no reconoce jurisdicciones y tenemos que trabajar juntos para estar preparados”, sostuvo.

La preparación frente a El Niño también está atravesada por una discusión financiera entre la Provincia y el Gobierno nacional. El conflicto se concentra particularmente en las obras de la Cuenca del Salado y en el destino de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, financiado mediante una porción de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Según datos difundidos por la administración bonaerense, al cierre del primer trimestre de 2026 el fondo registraba un patrimonio de $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones estaban colocados en Letras del Tesoro.

El Gobierno provincial cuestiona esa asignación y reclama que el dinero se destine a proyectos pendientes para mejorar el drenaje y reducir las consecuencias de posibles inundaciones.

Durante el encuentro de Bragado, Katopodis sostuvo que Nación había recaudado recursos con destino a infraestructura hídrica sin ejecutar las intervenciones reclamadas. “Hoy tenemos un Gobierno nacional que les cobró a todos ustedes recursos para obras hídricas y dejó esa plata en una cuenta que no sabemos con qué fin se utiliza, pero que no es para cumplir la ley”, afirmó.

La situación también involucra a los municipios. En buena parte del interior provincial, los caminos rurales constituyen conexiones fundamentales para transportar producción agropecuaria, garantizar la asistencia sanitaria y sostener el acceso a las escuelas.

Las inundaciones y los anegamientos pueden interrumpir esas actividades incluso cuando las localidades no registran evacuaciones masivas. Por eso, los intendentes vienen reclamando obras de drenaje, mantenimiento de canales y una planificación regional que permita anticipar los sectores más vulnerables.