La otra cara del ajuste: Provincia vuelca $48 mil millones para contener la crisis en los barrios

En un contexto marcado por el deterioro de los ingresos, el aumento de la demanda social y las crecientes protestas de organizaciones territoriales, la Provincia decidió reforzar dos de sus principales herramientas de asistencia y comprometió más de $48.443 millones para sostener prestaciones destinadas a sectores vulnerables.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque mediante las resoluciones 1285 y 1286, publicadas en el Boletín Oficial. Allí se dispuso una actualización de los montos correspondientes a los programas Barrios Bonaerenses y Envión, bajo el argumento de que la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo habían dejado rezagadas las prestaciones vigentes.

La decisión llega en un momento de fuerte presión social y se alinea con la estrategia política que viene desplegando el oficialismo provincial para diferenciarse de la Casa Rosada. Desde hace meses, Kicillof y sus principales funcionarios sostienen que el ajuste impulsado por el gobierno nacional tiene consecuencias directas sobre las condiciones de vida de amplios sectores de la población y que la Provincia se ve obligada a cubrir vacíos dejados por el retiro del Estado nacional de distintas políticas públicas.

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La respuesta bonaerense frente al deterioro social

Uno de los programas alcanzados por la actualización es Barrios Bonaerenses, una iniciativa orientada a personas que participan en proyectos laborales, comunitarios y de capacitación. El esquema contempla distintas categorías de beneficiarios y establece prestaciones que ahora oscilarán entre $72.500 y $281.250 mensuales.

Desde la cartera de Desarrollo de la Comunidad señalaron que la modificación busca recomponer ingresos afectados por el aumento sostenido del costo de vida y garantizar la continuidad de las actividades que se desarrollan en los territorios. Para sostener este programa, el gobierno bonaerense asignó una partida cercana a los $15.945 millones.

La decisión adquiere especial relevancia porque apenas días atrás organizaciones sociales nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero se movilizaron frente al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en La Plata para reclamar una reunión urgente con Larroque y exigir una ampliación de la asistencia estatal.

Durante la protesta, los manifestantes denunciaron que los montos de los programas sociales se encontraban por debajo del costo de vida y reclamaron que el acceso a Barrios Bonaerenses se extienda a todas las personas que atraviesan situaciones de necesidad. También pidieron más recursos para comedores y merenderos y la puesta en marcha de un plan de obras públicas que genere empleo en los barrios populares.

La segunda resolución alcanzó al Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, una política pública destinada a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

A partir de mayo, las becas para los participantes fueron elevadas a $39.200, mientras que los tutores pasaron a percibir $56.000. En paralelo, las prestaciones destinadas a integrantes de equipos técnicos quedaron establecidas en $212.150.

Desde la Unidad Ejecutora explicaron que la actualización tiene como objetivo fortalecer la permanencia de los jóvenes dentro del programa y garantizar la continuidad de una iniciativa que combina acompañamiento educativo, inclusión comunitaria y formación para el desarrollo personal y laboral.

La inversión total prevista para Envión asciende a $32.498 millones, distribuidos entre becas, subsidios, transferencias y recursos destinados al funcionamiento de los equipos interdisciplinarios que sostienen el programa en distintos municipios de la provincia.

El discurso que el kicillofismo busca consolidar

La actualización de ambos programas no aparece aislada del escenario político. En las últimas semanas, el gobierno bonaerense profundizó una narrativa que busca poner el foco en las consecuencias sociales del plan económico impulsado por Javier Milei.

Uno de los encargados de expresar esa posición fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, principal articulador político de Kicillof. Durante una recorrida por municipios del sur bonaerense, el funcionario sostuvo que existe una creciente distancia entre los indicadores macroeconómicos que exhibe la administración nacional y la situación cotidiana que enfrentan millones de argentinos.

Según planteó, el "experimento económico y social" impulsado por la Casa Rosada está generando mayores niveles de exclusión y dificultades para amplios sectores de la población. En esa línea, insistió en que la Provincia debió asumir responsabilidades que anteriormente eran financiadas o ejecutadas por el Estado nacional.