Tobillera, visitas y Corte: el fallo que suma presión al reclamo del peronismo por CFK

El fallo del viernes de la Cámara Federal de Casación Penal dejó abierto un nuevo frente político y judicial alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. La Sala IV mantuvo las condiciones de su prisión domiciliaria en San José 1111 —tobillera electrónica, régimen restringido de visitas y límites para acceder a la terraza—, pero la disidencia de Mariano Borinsky y las reacciones dentro del peronismo llevaron otra vez la discusión hacia la Corte Suprema.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La mayoría quedó integrada por Hornos y Barroetaveña, mientras que Borinsky votó en disidencia y propuso levantar las tres medidas reclamadas por la defensa encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025, luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La decisión llegó después de que la Corte Suprema desestimara el último recurso presentado por su defensa.

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El voto que sostuvo las restricciones

La defensa había pedido retirar la tobillera, eliminar la autorización judicial previa para las visitas y dejar sin efecto el límite horario para usar la terraza. Planteó que durante casi un año no hubo incumplimientos, que la ex mandataria cuenta con custodia permanente de la Policía Federal y que las restricciones aplicadas son minoritarias entre las personas que cumplen prisión domiciliaria.

Hornos rechazó esa lectura. En su voto sostuvo que el cumplimiento de las reglas no habilita por sí solo una flexibilización, sino que constituye una condición necesaria para mantener la prisión domiciliaria. También diferenció la custodia policial del monitoreo electrónico: según su criterio, la primera protege la integridad física de la ex presidenta, mientras que la tobillera controla el cumplimiento de la pena.

El camarista agregó que la sanción penal tiene una dimensión pública y comunicacional. En ese marco, advirtió que una flexibilización sin fundamentos podría debilitar el sentido institucional de la condena, especialmente ante hechos considerados de gravedad institucional. Barroetaveña adhirió a esos fundamentos y completó la mayoría que rechazó los planteos de la defensa.

La disidencia de Borinsky

Borinsky fue en sentido contrario. En su voto sostuvo que la autorización judicial previa para recibir visitas carece de una norma específica y afecta principios de legalidad, intimidad y privacidad. También remarcó que no hubo nuevos incumplimientos y que la condena limita la libertad ambulatoria, pero no debería extenderse automáticamente a otros derechos no alcanzados por la sentencia.

Uno de los datos centrales de la disidencia surgió de un informe vinculado al Consejo de la Magistratura: sobre 1.192 casos de prisión domiciliaria con información disponible, solo 21 tenían restricciones de visitas, es decir, el 1,76%. En el caso de los dispositivos electrónicos, apenas el 23,96% de las personas bajo esa modalidad utilizaba tobillera.

Borinsky también consideró que la custodia de la Policía Federal durante las 24 horas neutraliza cualquier peligro de fuga. “La función de agentes policiales de custodia es a la vez un factor que evita el peligro de fuga y lo neutraliza, tornando innecesario y superfluo la tobillera electrónica en este caso”, escribió.

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Sobre el régimen de visitas, dejó una frase que pasó directo al debate político: “No pueden ser restringidas como pauta de conducta, pues sencillamente no hay delito de agenda”.

Quintela metió presión y el PJ mira 2027

La resolución cerró una semana cargada para el peronismo, después del banderazo impulsado por sectores del PJ para reclamar por la libertad de Cristina Kirchner y en medio de una discusión más amplia sobre el liderazgo del espacio de cara a 2027.

En paralelo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, salió a pedir que la Corte Suprema revise la condena contra la ex presidenta. “Hay que presionar a la Corte Suprema para que revea la injusta situación de Cristina”, afirmó en una entrevista reciente.

Quintela sostuvo que la condena es “absolutamente incorrecta, injusta y no se ajusta a derecho” y defendió a la ex mandataria frente a las acusaciones de la causa Vialidad. “La presidenta es una responsable política, no administrativa ni financiera de lo que hace un funcionario de segunda, tercera o cuarta categoría”, planteó.

El mandatario riojano también llevó la discusión al futuro del PJ. “De seguir así, iríamos divididos”, advirtió, y pidió construir un ámbito común entre dirigentes nacionales y provinciales. “Los enemigos no están entre los compañeros; ni siquiera son enemigos los libertarios, son adversarios políticos, a los cuales tenemos que confrontar en beneficio del pueblo argentino y tenemos que ganarles”, concluyó.

Las palabras de Quintela se sumaron a una interna que ya venía recalculando después de los reproches de Máximo Kirchner en Parque Lezama. Días antes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había pedido correr el eje de la disputa hacia Javier Milei y evitar que las diferencias dentro del peronismo bonaerense desplazaran el debate principal, mientras el sector de Axel Kicillof sostiene su armado territorial y empieza a proyectarse en la discusión nacional hacia 2027.