“La motosierra benefició a empresas concentradas”: Kicillof exhibe inversiones y endurece su pelea con Milei

Desde el interior, Kicillof desafió la motosierra de Milei con inversiones y una frase explosiva contra el modelo libertario.

Axel Kicillof eligió Monte para profundizar una estrategia que su gobierno despliega en el interior bonaerense: exhibir cada inauguración, obra sanitaria y política de cercanía como la expresión concreta de un modelo de gestión opuesto al de Javier Milei.

La agenda reunió inversiones públicas por más de $16.700 millones si se suman los $2.640 millones destinados a la Casa de la Provincia y los $14.088 millones informados para las obras hídricas y cloacales. El monto no incluye el convenio crediticio con Banco Provincia ni la expansión privada anunciada por Petroquímica Argentina S.A., cuyos importes no fueron detallados.

“Para los que dicen que el Estado no sirve, estamos en Monte demostrando todo lo contrario: inauguramos obras esenciales de agua y cloacas, y sumamos una nueva Casa de la Provincia para fortalecer el federalismo y la integración del interior bonaerense”, afirmó Kicillof.

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La Casa de la Provincia demandó una inversión de $2.640 millones y fue construida en un terreno que anteriormente estaba vacío. Su objetivo es concentrar en un mismo edificio trámites que hasta ahora obligaban a los habitantes a recurrir a distintas dependencias o trasladarse para obtener una respuesta.

Allí funcionan oficinas de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS).

El edificio también incorpora delegaciones de los ministerios de Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, y Mujeres y Diversidad, además de la Dirección General de Cultura y Educación. Una terminal de Provincia Net permite pagar impuestos y servicios.

¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas? En la timba, en la especulación financiera, en cualquier lado menos en donde realmente tienen que estar.

Es fácil hablar de superávit fiscal cuando se logra a costa de… pic.twitter.com/PsDXMCBJzj

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 11, 2026

La centralización busca reducir tiempos, gastos de traslado y circuitos burocráticos. Esa característica tiene especial peso en municipios del interior, donde la dispersión geográfica y la menor escala de las estructuras estatales dificultan el acceso a determinadas prestaciones.

El programa ya había alcanzado en julio de 2026 un total de 22 sedes en funcionamiento y más de 800.000 trámites resueltos desde la apertura de la primera Casa, en 2023. De acuerdo con información oficial, más de 1,2 millones de bonaerenses se encontraban dentro del área de cobertura de esos edificios.

La inauguración formal en Monte reforzó ese despliegue territorial. Para el gobierno provincial, acercar ARBA, IOMA, el Registro y el IPS a los municipios forma parte de una política de descentralización que busca evitar que la administración quede concentrada en La Plata o en los grandes centros urbanos.

“La motosierra solo sirvió para beneficiar a un puñado”

Kicillof endureció su discurso cuando pasó de la explicación de las obras a la confrontación con el Presidente. Acusó a Milei de detener la inversión nacional y, al mismo tiempo, retener fondos que deberían llegar a las provincias.

“Milei no solo paralizó toda la obra pública, sino que se quedó con los recursos que les corresponden a las provincias: la motosierra solo sirvió para beneficiar a un puñado de empresas concentradas”, sostuvo.

La acusación fue formulada por el gobernador y se inscribe en una disputa más amplia por las transferencias nacionales, los fondos con asignación específica y los proyectos que quedaron detenidos desde diciembre de 2023. La administración bonaerense sostiene que el ajuste no eliminó costos: trasladó obligaciones a las provincias y postergó intervenciones que, por el deterioro acumulado, serán más caras de recuperar.

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La alusión a la especulación financiera conectó el acto de Monte con la ofensiva que el gobierno bonaerense desplegó por los fondos viales. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, Kicillof y su ministro Gabriel Katopodis cuestionaron la baja ejecución del Sistema Vial Integrado y reclamaron explicaciones por recursos obtenidos mediante impuestos sobre los combustibles que permanecían invertidos en títulos públicos, plazos fijos y cuentas bancarias.

De acuerdo con documentación oficial reconstruida por LA NACION, el SisVial había recaudado $1,503 billones desde el inicio de la gestión libertaria hasta mayo de 2026, pero destinó $394.406 millones a obras. La ejecución acumulada fue del 26,2%, mientras $1,038 billones permanecían fuera de la infraestructura vial.

Esos datos fueron incorporados a una denuncia penal de la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz. El planteo busca determinar si la administración de los fondos respetó su afectación específica. Las responsabilidades deberán ser establecidas por la Justicia.

“Este Gobierno se robó la plata del impuesto a los combustibles”, afirmó Katopodis y responsabilizó directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente Javier Milei, aunque el supuesto uso indebido de los fondos deberá ser determinado por la Justicia.

De acuerdo con el relevamiento de LA NACIÓN, durante 2024 ingresaron al sistema $360.238 millones y se ejecutaron $40.668 millones, apenas el 11,3%. En 2025 se utilizaron $270.592 millones sobre una recaudación de $692.514 millones, equivalente al 39%. Entre enero y mayo de 2026 se aplicaron $83.144 millones de los $450.500 millones recaudados, un 18,5%.

La discusión no pasa, por lo tanto, únicamente por la disponibilidad de dinero. Los recursos fueron recaudados, pero una porción mayoritaria no se transformó en trabajos sobre las rutas durante el período analizado.

Katopodis calculó que con ese volumen de fondos se podrían haber intervenido unos 20.000 kilómetros, es decir, alrededor de la mitad de los aproximadamente 40.000 kilómetros que integran la red vial nacional. Otra estimación realizada por un especialista en asuntos públicos, tomando como referencia el costo por kilómetro de una licitación reciente de Vialidad Nacional, ubicó la capacidad potencial de intervención entre 20.000 y 25.000 kilómetros.

La referencia importa porque la acusación lanzada en Monte no apareció sola. Forma parte de una construcción política mediante la cual Kicillof intenta mostrar que el superávit nacional se apoya, en parte, sobre obras detenidas, transferencias demoradas y fondos que no llegaron a su destino previsto.

Kicillof cerró su discurso con una definición que buscó disputar el núcleo conceptual de la narrativa presidencial. “Este proyecto nacional no le sirve a nuestro pueblo: no hay libertad real sin justicia social y sin un Estado que le tienda la mano a quienes lo necesitan”, afirmó.