Deudas al límite en la Provincia: 2,2 millones de personas en mora y una comisión que empieza a buscar respuestas
El Senado activa el último cuerpo parlamentario que permanecía sin constituirse. La discusión alcanza la reestructuración de obligaciones, los abusos en las cobranzas y el control de prestamistas, mientras un informe del CEPA advierte que los atrasos golpean con mayor fuerza a los jóvenes y al financiamiento no bancario.
Mariana Portilla
El Senado bonaerense pondrá en funcionamiento la Comisión de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras, un espacio que permaneció inactivo durante todo el año y que ahora adquiere un rol central ante el crecimiento del sobreendeudamiento familiar.
La reunión estará encabezada por la senadora libertaria Florencia Arietto, presidenta de la comisión. El encuentro se produce días después de que Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados, y el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, presentaran un régimen integral para reestructurar obligaciones y limitar las prácticas abusivas.
El tratamiento comienza bajo una señal de alarma concreta. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre estadísticas oficiales, contabilizó 2.195.427 deudores morosos en la provincia de Buenos Aires. Representan el 37,4% del total nacional.
Una comisión presidida por LLA y con mayoría peronista
La Comisión de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras era la única de las 26 comisiones permanentes del Senado que todavía no había celebrado su reunión constitutiva durante 2026.
Su conformación refleja el equilibrio político de la Cámara alta. Arietto, de La Libertad Avanza, ocupa la presidencia; la senadora de Fuerza Patria María Inés Laurini, la vicepresidencia; y las vocalías quedaron distribuidas entre Analía Balaudo, de LLA; Diego Videla, Roxana López y Marcelo Feliú, del oficialismo provincial; y Jorge Schiavone, del PRO.
Fuerza Patria cuenta con cuatro de los siete integrantes y, por lo tanto, dispone de mayoría dentro del cuerpo. Sin embargo, la conducción libertaria le permitirá a Arietto manejar la dinámica de las reuniones, ordenar el temario y definir los tiempos del debate.
Esa convivencia anticipa una discusión con contenido técnico, pero también con una fuerte carga política. El peronismo bonaerense relaciona la expansión de las deudas con la pérdida de ingresos bajo el gobierno de Javier Milei.
El dato que enciende las alarmas
El último relevamiento del CEPA permite medir la magnitud del problema. Buenos Aires concentra 7.732.613 personas y empresas con financiamiento, equivalentes al 36,4% del total del país. Dentro de ese universo, casi 2,2 millones registran demoras superiores a 90 días.
La tasa provincial de mora alcanza el 28,4% por cantidad de deudores, ligeramente por encima del promedio nacional del 27,7%. La diferencia se amplía al observar el dinero comprometido: el 11,9% del monto financiado en territorio bonaerense está en situación irregular, contra un 9,7% en el conjunto de la Argentina.
El informe aclara que la crisis está concentrada principalmente en los hogares. Entre las personas, el incumplimiento alcanza al 28,5%, mientras que entre las empresas se ubica en el 13,8%.
La misma brecha aparece al analizar los montos: el 17,8% del crédito concedido a individuos presenta irregularidades, frente a solamente el 3,1% del financiamiento empresarial. De acuerdo con el CEPA, las personas explican “casi la totalidad” del problema provincial.
El deterioro no afecta a todos por igual. La tasa de incumplimiento llega al 37,7% entre quienes tienen de 20 a 24 años y ronda el 35% entre los menores de 20. A partir de los 40 años desciende por debajo del promedio general.
La edad expone uno de los cambios más profundos del mercado crediticio. Aplicaciones, billeteras virtuales y empresas financieras facilitaron el acceso inmediato a préstamos, pero también incorporaron a personas con ingresos bajos, informales o inestables a esquemas con tasas elevadas y poca capacidad de negociación.
Los números respaldan esa diferencia. La mora por cantidad de clientes alcanza el 18,8% en los bancos, pero trepa al 34,1% entre los proveedores no bancarios. Medida sobre el dinero prestado, la irregularidad en este último segmento llega al 28,7%.
Informe "Endeudamiento y mora en familias". Datos principales:
— Centro CEPA (@ctroCEPA) August 21, 2026
🔴Morosidad con bancos: la morosidad del sector privado con el sistema financiero alcanzó 7,6% en junio de 2026. Si bien refleja una leve disminución respecto de mayo (7,7%), continúa ubicándose en niveles… pic.twitter.com/ezIi8vBjht
Del crédito para consumir a la deuda para sobrevivir
El sobreendeudamiento no se explica únicamente por una expansión del financiamiento. El reporte del CEPA lo ubica dentro de un escenario marcado por la pérdida de empleo, la inflación acumulada y el encarecimiento de los servicios públicos.
Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, Buenos Aires perdió 91.270 puestos registrados en unidades productivas. En el mismo período, el deterioro laboral estuvo acompañado por una caída del consumo y una mayor búsqueda de trabajos complementarios.
La inflación acumulada en el Gran Buenos Aires entre diciembre de 2023 y junio de 2026 llegó al 327%, mientras los servicios públicos aumentaron 555%. Esa combinación redujo el margen disponible para atender cuotas y vencimientos.
En mayo, además, las ventas reales en supermercados bonaerenses cayeron 6,2% interanual y el consumo en centros comerciales retrocedió 9,1%. La fotografía completa muestra familias que compran menos, pero que al mismo tiempo deben más.
La propuesta para negociar antes del juicio
Uno de los expedientes que atravesará la discusión fue elaborado por Tignanelli y la Defensoría del Pueblo. La iniciativa crea un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores.
El corazón del proyecto es una instancia prejudicial obligatoria y gratuita. Antes de iniciar una demanda de cobro o ejecutar una obligación, los acreedores deberán participar de una negociación coordinada por la Defensoría.
El organismo podrá reunir en un único trámite todas las deudas de una persona, revisar las liquidaciones, convocar audiencias y formular una propuesta integral. El objetivo es evitar que un convenio individual consuma toda la capacidad de pago e impida cumplir con el resto de los compromisos.
La propuesta establece que las cuotas resultantes no podrán superar el 30% del ingreso mensual neto del consumidor. Además, cada reestructuración deberá incorporar al menos dos de estas tres alternativas: ampliación de plazos, reducción de intereses o quita parcial o total del capital.
El esquema también prevé que, si existe un juicio en curso, el juez pueda suspenderlo durante 30 días hábiles, prorrogables por un período igual, para intentar un entendimiento en la instancia administrativa.
La iniciativa contempla además la creación de un Registro Provincial de Prestamistas. Allí deberán inscribirse las personas y empresas que otorguen créditos de manera habitual en Buenos Aires, incluso cuando operen exclusivamente mediante aplicaciones.
El registro deberá informar contratos, tasas, costo financiero total, comisiones y mecanismos de cobranza. Los prestamistas obligados que no se inscriban perderían la posibilidad de reclamar judicialmente intereses y otros cargos: solamente podrían exigir el capital efectivamente entregado, descontados los pagos ya realizados.
El articulado prohíbe también las amenazas, el lenguaje degradante, la simulación de acciones judiciales y los contactos intimidatorios con familiares, vecinos o compañeros de trabajo.
El mecanismo fue pensado para cambiar la relación de fuerzas. “Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas”, explicó Tignanelli durante la presentación. Lorenzino, por su parte, sostuvo que la finalidad es alcanzar acuerdos con criterios de “proporcionalidad y racionalidad” y terminar con la hostilidad que enfrentan numerosos deudores.
Diputados ya dio un primer paso
La Cámara baja comenzó a avanzar sobre una parte del problema. La Comisión de Defensa del Consumidor dictaminó favorablemente un proyecto de la diputada Ana Luz Balor, del Movimiento Derecho al Futuro, destinado a prohibir el trato indigno y el hostigamiento en los reclamos extrajudiciales.
La propuesta obliga a proveedores y agencias de cobro a abstenerse de realizar conductas intimidatorias. Entre otras prácticas, impide ocultar el número telefónico desde el cual se efectúa el contacto y enviar mensajes al entorno familiar o laboral para exponer al titular de la obligación.
La iniciativa también prohíbe a las entidades financieras debitar de forma unilateral las cuentas de depósito de los consumidores en razón de la existencia de deudas.
“En la actual situación de endeudamiento que afecta a miles de familias bonaerenses sucede que muchos de los proveedores de servicios o los lugares a donde tercerizan, que suelen ser agencias de cobranza, actúan de manera amenazante y violenta cuando tienen que ir a cobrar una deuda”, explicó la diputada.
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