Control trimestral sobre la gestión: quieren llevar a Bianco al recinto por presupuesto, municipios y fondos

La discusión por los mecanismos de control sobre el Poder Ejecutivo volvió a instalarse en la Legislatura bonaerense. El PRO presentó un proyecto para establecer una rendición de cuentas periódica sobre la marcha del gobierno provincial, con información sobre recursos, municipios, programas públicos y decisiones electorales.

La propuesta apunta específicamente al Ministerio de Gobierno, actualmente encabezado por Carlos Bianco, y establece que su titular deberá presentarse cada tres meses, alternadamente ante la Cámara de Diputados y el Senado, para exponer un informe y responder preguntas de los distintos bloques.

La iniciativa lleva la firma de la diputada del PRO Natalia Blanco y plantea modificar el artículo 25 de la Ley 15.477, que organiza las competencias de los ministerios bonaerenses. “Los bonaerenses tienen derecho a saber en qué estado se encuentra la gestión y cómo se ejecutan los recursos públicos”, argumentaron desde el bloque amarillo al fundamentar el proyecto.

El planteo aparece en un escenario donde la oposición viene multiplicando proyectos para solicitar datos sobre seguridad, infraestructura, funcionamiento de organismos, fondos para municipios y ejecución de políticas públicas.

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El proyecto establece un temario amplio. El titular de Gobierno deberá exponer sobre la situación política e institucional de los 135 municipios, el funcionamiento de las distintas áreas del Ejecutivo, la ejecución del Presupuesto, el avance de programas provinciales, las transferencias de fondos y las medidas adoptadas en materia electoral.

Los legisladores podrán incorporar además otras cuestiones que consideren necesarias para el seguimiento de la administración. La mecánica prevista también está detallada: el ministro contará con un máximo de 30 minutos para realizar la exposición inicial y después se habilitará un bloque de hasta dos horas para preguntas de diputados o senadores.

Las respuestas podrán realizarse de manera oral o escrita. La obligación recaería sobre quien ocupe el Ministerio de Gobierno y no exclusivamente sobre Bianco. Es decir, si el proyecto se convierte en ley, el mecanismo permanecería vigente aun cuando cambie el titular de la cartera.

Qué controles existen actualmente

La Provincia ya cuenta con herramientas constitucionales para requerir información al Ejecutivo. El artículo 90 de la Constitución bonaerense permite a cada Cámara pedir a los jefes de las distintas áreas de la administración los informes que considere necesarios.

El artículo 92 va un paso más allá: habilita expresamente a Diputados y al Senado a convocar a sus respectivos recintos a los ministros del Poder Ejecutivo para solicitar explicaciones.

Existe además una obligación anual. El artículo 151 establece que, dentro de los 30 días posteriores a la apertura del período legislativo, los ministros deben presentar a la Legislatura una memoria detallada sobre el estado de la administración correspondiente a cada cartera y las reformas que consideren necesarias.

Por lo tanto, el proyecto del PRO agrega una periodicidad predeterminada, sin necesidad de que cada comparecencia dependa de una convocatoria específica aprobada previamente por alguna de las cámaras. La propia iniciativa aclara que el nuevo esquema no reemplazaría los pedidos de informes, las interpelaciones ni las demás facultades constitucionales actualmente vigentes.

El Presupuesto, uno de los puntos que quedaría bajo revisión trimestral

La ejecución de recursos aparece entre los capítulos centrales de la propuesta. La discusión tiene antecedentes recientes. A fines de septiembre, GRUPOLAPROVINCIA.COM analizó cuatro resoluciones del Ministerio de Economía mediante las cuales el Ejecutivo redistribuyó $96.916,6 millones dentro del Presupuesto provincial. Más del 96% de ese movimiento correspondió al Ministerio de Salud, mientras también hubo modificaciones destinadas a ciencia, hábitat y cooperativismo.

El mecanismo respondió a las facultades presupuestarias vigentes y fue formalizado mediante actos administrativos. La iniciativa del PRO busca que movimientos de recursos, ejecución de partidas y marcha general de los programas formen parte del informe político periódico que llegue al Parlamento.

La propuesta también coloca a las comunas en un lugar específico. No es un dato menor dentro de las competencias del Ministerio de Gobierno: la Ley 15.477 establece expresamente que esa cartera entiende en los asuntos municipales. Durante 2026, la distribución y utilización de recursos provinciales para los distritos fue uno de los principales puntos de debate entre Ejecutivo, Legislatura e intendentes.

El pedido se incorpora además a una agenda legislativa de control que ya había sumado otros proyectos durante las últimas semanas. La Libertad Avanza presentó una iniciativa para crear una comisión bicameral permanente de seguimiento de las políticas de seguridad.

La propuesta contempla cinco diputados y cinco senadores y les otorga facultades para solicitar documentación, convocar funcionarios y revisar estadísticas, ejecución presupuestaria, infraestructura y recursos destinados al área.

Días después, la agenda escaló con nuevos proyectos para solicitar la intervención de fuerzas federales en determinadas zonas y pedidos para que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, concurriera a dar explicaciones. La política de seguridad aparece así como otro ejemplo de una estrategia legislativa basada en pedidos de información y comparecencias de funcionarios.

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Un modelo parecido al nacional, pero con otra frecuencia

Los autores del proyecto comparan la propuesta con el mecanismo vigente para el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. La comparación tiene un límite importante: las frecuencias no son iguales.

El artículo 101 de la Constitución Nacional obliga al jefe de Gabinete a concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternadamente a cada Cámara, para informar sobre la marcha del Gobierno. La propuesta bonaerense establece una comparecencia cada tres meses.

También existen diferencias institucionales: la Constitución Nacional creó específicamente la figura del jefe de Gabinete y le asignó responsabilidad política ante el Congreso. En Buenos Aires, en cambio, el proyecto utiliza al Ministerio de Gobierno como interlocutor porque la Ley de Ministerios le asigna funciones transversales sobre gestión, municipios, asuntos electorales, vínculos parlamentarios y seguimiento presupuestario.

El PRO sostiene que el esquema permitiría institucionalizar una instancia periódica de información que no dependa de las mayorías necesarias para aprobar una convocatoria puntual.

La Provincia, mientras tanto, conserva las obligaciones que ya establece la Constitución: memorias anuales de los ministerios, pedidos de informes y la posibilidad de que cualquiera de las dos cámaras convoque a los funcionarios para responder preguntas.

La discusión que abre el nuevo proyecto será, por lo tanto, si a esas herramientas se suma una obligación adicional: que, cuatro veces por año, el ministro encargado de coordinar la gestión general del Gobierno se siente frente a diputados y senadores para informar sobre presupuesto, municipios, programas, transferencias y decisiones políticas de la administración bonaerense.