Bomberos voluntarios: buscan eliminar el tope de fondos y cambiar el reparto bonaerense

Un nuevo proyecto busca cambiar cómo se financian los bomberos voluntarios bonaerenses y cómo se distribuyen los recursos entre sus asociaciones. La diputada radical Priscila Minnaard presentó en la Cámara baja una reforma de la Ley 14.761 para eliminar progresivamente el tope de aportes y vincularlos a la recaudación del Impuesto Inmobiliario, mientras persisten los reclamos por fondos nacionales demorados.

La propuesta llega después de meses de conversaciones entre legisladores y representantes del sector y pretende superar un límite de $500 millones que no registra una actualización efectiva desde 2021. También incorpora criterios de población y superficie para equilibrar el reparto entre grandes centros urbanos, localidades rurales y distritos del interior.

El sistema bonaerense reúne 268 asociaciones reconocidas, más de 300 cuarteles y destacamentos y alrededor de 17.500 voluntarios en los 135 municipios. Las instituciones deben afrontar el mantenimiento de autobombas, la compra de equipos de protección, combustible, cubiertas y gastos de infraestructura para responder a incendios, accidentes y emergencias climáticas.

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Porcentajes escalonados y un reparto que cambia

La iniciativa establece una transición de tres años: asignar el 1,5% de la recaudación inmobiliaria en 2027, el 2% en 2028 y el 3% desde 2029. El cálculo tomaría como referencia lo efectivamente recaudado hasta el 31 de diciembre del ejercicio anterior. El objetivo es que el fondo deje de depender de un máximo nominal fijo.

La legislación vigente ya contempla el 3% de lo recaudado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), pero establece un techo de $500 millones. El cambio no supone crear un impuesto nuevo: busca que los recursos destinados a los bomberos evolucionen con la recaudación, en lugar de quedar restringidos por ese límite.

Minnaard, legisladora de la Sexta sección electoral, sostuvo que el esquema gradual apunta a evitar un impacto brusco sobre las cuentas de la administración de Axel Kicillof. En los fundamentos de su presentación plantea combinar “previsibilidad fiscal para el Estado bonaerense” con “previsibilidad presupuestaria para los cuarteles”, a partir de porcentajes definidos para cada ejercicio.

La otra modificación alcanza al reparto territorial. Del fondo total, el 90% corresponde a las asociaciones y el 10% a las federaciones. Sobre la porción destinada a los cuarteles, la iniciativa propone distribuir la mitad en partes iguales entre las asociaciones reconocidas. El 50% restante se asignaría según dos variables: cantidad de habitantes, con datos del INDEC, y superficie de la jurisdicción atendida, con igual peso para cada una.

La fórmula combina una base común para todas las instituciones con factores vinculados al territorio en el que operan. Así, contempla tanto la demanda de las ciudades más pobladas como las distancias que deben cubrir los equipos en zonas rurales y distritos de menor densidad demográfica, un reclamo que las federaciones trasladaron a la discusión legislativa.

El texto también fija plazos: ARBA debería publicar los montos a distribuir durante los primeros 60 días de cada año y las transferencias a las instituciones se efectuarían semestralmente. La previsión de esos ingresos permitiría organizar compras de equipamiento, tareas de mantenimiento y programas de capacitación sin depender de definiciones posteriores.

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Los proyectos anteriores y la búsqueda de acuerdos

La nueva presentación está precedida por otras iniciativas destinadas a actualizar el máximo vigente. En marzo, Minnaard propuso elevarlo de $500 millones a $700 millones, con un ajuste anual establecido por reglamentación o, en su defecto, según la inflación del año anterior. Esa propuesta mantenía la estructura original del fondo provincial.

En el Senado, el legislador del PRO Juan Manuel Rico Zini también planteó un techo de $700 millones, actualizado por el índice de precios al consumidor del INDEC. Su proyecto incorporó una revisión a mitad de año si la inflación del primer semestre superaba el 30% y el pago de intereses compensatorios ante demoras, calculados con la tasa activa del Banco Provincia.

La senadora radical Nerina Neumann presentó otra iniciativa para modificar el financiamiento. En agosto, Minnaard encabezó una reunión en Diputados con Valentín Miranda, Neumann y representantes del equipo de la senadora de La Libertad Avanza Analía Balaudo. Participaron también autoridades de las tres federaciones bonaerenses, con el propósito de acercar posiciones entre los bloques y las entidades.

La Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia y la Federación Centro Sur participaron de aquella mesa. La propuesta de octubre surge después de ese trabajo y cambia el eje de la discusión: ya no apunta solo a aumentar el monto máximo, sino a establecer una fórmula permanente de asignación y reparto. Todavía requiere tratamiento legislativo.

Los antecedentes parlamentarios estiman que cada asociación recibe entre $2,5 millones y $3,5 millones anuales, generalmente en dos cuotas. En municipios extensos, esos aportes deben cubrir las necesidades del cuartel central y también de sus destacamentos. La actualización del sistema fue uno de los pedidos planteados por los representantes bomberiles durante los encuentros.

La deuda reclamada a Milei y el sirenazo nacional

La discusión provincial corre en paralelo al conflicto con el Gobierno de Javier Milei por los recursos de la Ley nacional 25.054. Las organizaciones bomberiles reclaman $59.330,7 millones correspondientes al remanente de 2025 y años anteriores, que, según sostienen, fueron recaudados pero no distribuidos. El régimen se financia con una contribución del 0,5% sobre las primas de seguros, exceptuados los de vida, y prevé que los subsidios se liquiden durante el primer semestre.

El 10 de septiembre, más de mil asociaciones de todo el país participaron de un sirenazo para exigir las transferencias. La protesta se realizó sin suspender guardias ni atención de emergencias.

Carlos Milanesi, presidente del Consejo Nacional de Bomberos, señaló que las entidades reclamaban la distribución de dinero ya recaudado y que sus solicitudes de reunión a las autoridades nacionales no habían recibido respuesta.

El reclamo también llegó a la Legislatura bonaerense. Los diputados radicales Valentín Miranda, Alejandra Lordén y Minnaard solicitaron el giro urgente de los fondos nacionales. El senador Sergio Vargas, de Unión y Libertad, realizó un planteo similar y advirtió sobre el impacto de las demoras en la capacidad operativa, especialmente en localidades del interior donde los bomberos cumplen una función de respuesta inmediata.

El 10 de octubre, el diputado provincial Martín Rozas, también de Unión y Libertad, impulsó una nueva declaración de preocupación por la situación económica de las asociaciones y retomó el reclamo de los más de $59.000 millones. La presentación recordó que se trata de recursos establecidos por ley para funcionamiento, equipamiento, mantenimiento y capacitación.

Algunos cuarteles complementan los aportes públicos con rifas, bonos, venta de comidas y donaciones. Otros reciben asistencia de sus municipios: en Pergamino se aprobó un subsidio de $50 millones. En Rauch, el Concejo Deliberante adhirió al reclamo nacional y los bomberos locales cifraron en $110 millones los fondos pendientes para su institución.