El Estado perdió más de 75.000 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Mariana Portilla


La reducción del empleo público continúa profundizándose bajo la gestión de Javier Milei. Según los últimos datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estado nacional perdió 75.260 puestos de trabajo desde diciembre de 2023, como resultado de la política de achicamiento de la estructura estatal impulsada por el Gobierno.
El informe reveló que la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), las empresas y las sociedades con participación estatal se ubicó en 266.205 trabajadores al cierre de septiembre de 2026, frente a los 341.465 registrados al inicio de la gestión libertaria.
La diferencia representa una reducción acumulada del 22%, una cifra que refleja la magnitud del proceso de reestructuración del sector público y que se suma a las dificultades del mercado laboral argentino.
Solo durante septiembre se perdieron 2.199 puestos, lo que equivale a una contracción mensual del 0,8%. En comparación con el mismo mes de 2025, la caída fue del 6,1%, con 17.176 trabajadores menos.
Los números surgen del relevamiento oficial sobre dotación de personal del Estado nacional y confirman que la disminución continúa, incluso después de casi tres años de reformas administrativas y reducción de organismos. El indicador registra la cantidad de trabajadores y no permite establecer por sí solo cuántas bajas corresponden a despidos, jubilaciones, renuncias o contratos que no fueron renovados.
El empleo estatal sigue cayendo y septiembre sumó otro recorte
El retroceso se extendió a las distintas estructuras de la administración pública, aunque con intensidades diferentes. De acuerdo con el INDEC, la administración centralizada pasó de 37.955 trabajadores en agosto a 37.200 en septiembre, una reducción mensual del 2%. Este segmento, que comprende dependencias de la administración nacional, registra además una caída interanual del 19,7%, la más pronunciada entre las principales categorías relevadas.
En la administración descentralizada, la dotación disminuyó de 109.025 a 108.726 empleados, con una baja del 0,3% mensual y del 1,5% interanual. Por su parte, la administración desconcentrada pasó de 21.123 a 21.037 trabajadores, una reducción del 0,4% respecto de agosto.
El descenso también alcanzó a otros entes del sector público nacional, cuya dotación cayó de 13.226 a 12.433 personas. En este caso, la contracción fue del 6% en apenas un mes y del 12,2% frente a septiembre del año anterior. En conjunto, la Administración Pública Nacional terminó septiembre con 179.396 empleados, un 7,2% menos que doce meses atrás.

Las empresas y sociedades del Estado tampoco quedaron al margen del proceso de achicamiento. El relevamiento oficial contabilizó 86.809 trabajadores en septiembre, frente a los 87.075 registrados durante agosto. La diferencia implica una reducción de 266 puestos en el mes.
En comparación con septiembre de 2025, cuando estas organizaciones reunían 90.256 trabajadores, la pérdida alcanzó 3.447 empleos, equivalente a una baja del 3,8% interanual.
Las cifras forman parte del seguimiento que realiza el INDEC sobre empresas y sociedades estatales, en un contexto en el que el Ejecutivo mantiene una agenda de reorganización, concesiones y privatizaciones.
El ajuste estatal se suma a las dificultades del mercado laboral
La caída del empleo público se produce en un contexto en el que distintos sectores privados también registran dificultades para sostener los niveles de ocupación. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la industria textil, la construcción y determinadas actividades manufactureras atraviesan un escenario de retracción productiva, dificultades de financiamiento y reducción de planteles.
En paralelo, un reciente informe de Orlando J. Ferreres & Asociados mostró que la inversión real cayó 5,2% interanual durante septiembre, con un retroceso del 12,3% en maquinaria y equipos. La menor inversión constituye un factor relevante para las perspectivas de creación de empleo, ya que puede limitar la ampliación de la capacidad productiva y la incorporación de nuevos trabajadores.
A su vez, la caída de los ingresos reales y la debilidad del consumo complican las condiciones para una recuperación sostenida de numerosas empresas. Aunque la reducción del empleo estatal y los problemas del sector privado responden a factores diferentes, ambos procesos forman parte de un escenario laboral atravesado por dificultades para recuperar puestos de trabajo.

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