“Tenemos que desobedecer”: ATE endurece su postura tras el aval judicial a la reforma laboral
La Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la cautelar presentada por la CGT y restituyó la vigencia de 82 artículos de la ley impulsada por el gobierno nacional. Estatales cuestionan el fallo y profundizan su estrategia con protestas y paro nacional.
Mariana Portilla
La decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de dejar sin efecto la medida cautelar que frenaba la reforma laboral desató una inmediata y dura reacción sindical. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar cuestionó con dureza el rol del Poder Judicial y llamó a profundizar la confrontación en las calles.
“Siempre fue un error que el Plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización”, sostuvo el dirigente, quien además planteó que no se puede confiar en una Justicia “parcial y subordinada al poder político y económico”.
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, resolvió otorgar efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado nacional contra la cautelar que había frenado parte de la reforma laboral.
Este punto es central: al concederle efecto suspensivo al recurso, el tribunal dejó sin efecto la suspensión previa y habilitó nuevamente la vigencia de la normativa mientras continúa el proceso judicial. La medida revierte así la decisión del juez Raúl Horacio Ojeda, quien había hecho lugar a un planteo de la CGT y suspendido la aplicación de 82 artículos de la Ley 27.802.
Con esta resolución, la reforma laboral recupera plena vigencia de forma inmediata. Es decir, los artículos que habían quedado congelados vuelven a regir mientras se tramita la apelación del Gobierno.
El fundamento jurídico se apoya en el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que establece que cuando una cautelar suspende los efectos de una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo. Esto implica que el fallo no resuelve el fondo del conflicto, pero sí cambia el escenario de manera concreta: la normativa vuelve a aplicarse en la práctica.
La reacción gremial: críticas y llamado a la protesta
Frente a este escenario, Aguiar endureció su postura y apuntó directamente contra el sistema judicial: “En la Argentina no hay justicia para los más débiles, la justicia es solo para los poderosos”.
El dirigente fue más allá y planteó una estrategia de confrontación directa: “La única manera que tenemos de frenar la reforma laboral es estando en la calle y con huelga general”. En esa línea, incluso llamó a desconocer la normativa en los lugares de trabajo: “No la tenemos que cumplir. Tenemos que desobedecer y lograr derogarla de hecho”.
El conflicto judicial se inició a partir de una presentación de la CGT, que cuestionó un conjunto amplio de artículos de la Ley 27.802 por considerar que implicaban un retroceso en derechos laborales.
El juez Ojeda había considerado que existía “apariencia razonable” del derecho invocado y que podían generarse perjuicios sobre garantías constitucionales como la protección del trabajo y la libertad sindical.
También reconoció la legitimación de la CGT para impulsar una acción colectiva en defensa de los trabajadores.
SIEMPRE FUE UN ERROR QUE EL "PLAN A" PARA DERROTAR LA REFORMA LABORAL SEA LA JUDICIALIZACIÓN!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 24, 2026
LOS TRABAJADORES TENEMOS QUE SER ARTÍFICES DE NUESTRO PROPIO DESTINO!!
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la cautelar que suspendía provisoriamente la… pic.twitter.com/QPt2Sjofvb
Un escenario aún abierto
Pese al revés judicial, en el sindicalismo no dan la disputa por cerrada. Mientras la CGT evalúa nuevas acciones, desde ATE apuestan a una escalada de presión en la calle.
En paralelo, el presidente Javier Milei celebró el fallo en redes sociales y lo vinculó con el rumbo económico del Gobierno, lo que profundiza la polarización en torno a la reforma laboral.
El conflicto, lejos de resolverse, entra ahora en una nueva etapa donde se combinan la disputa judicial, la presión sindical y el impacto concreto de la ley ya vigente.
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