"Millones se endeudan para vivir": radiografía de una crisis que recalienta la disputa entre Provincia y Nación
Mariana Portilla
El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a colocar el endeudamiento de los hogares en el centro de la disputa con el Gobierno nacional. Lo hizo en Almirante Brown, durante la inauguración de un Centro Integrador Comunitario y la entrega de 1.521 escrituras gratuitas, donde sostuvo que el creciente recurso al crédito para afrontar gastos básicos no responde a decisiones individuales sino al impacto del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei.
Sus declaraciones se producen en un contexto en el que distintos informes privados, organismos provinciales y dirigentes del oficialismo bonaerense coinciden en advertir sobre un deterioro sostenido de la capacidad de pago de las familias.
"Desde que asumió este Gobierno nacional millones de familias se han tenido que endeudar para acceder a cuestiones básicas, pero el presidente dice que eso es un problema individual", afirmó Kicillof durante el acto realizado en Longchamps.
El mandatario provincial sostuvo que cuando un fenómeno alcanza a millones de personas deja de ser un problema particular para transformarse en un síntoma del funcionamiento de la economía.
"Cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal: lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías", remarcó.
La definición no apareció aislada. Forma parte de una línea discursiva que el Gobierno bonaerense viene profundizando a partir de distintos indicadores que muestran un crecimiento de la morosidad y del endeudamiento destinado a cubrir gastos cotidianos, como alimentos, medicamentos, tarifas o servicios.
En momentos donde los bonaerenses se endeudan y la pasan mal por un modelo económico nacional que los excluye, la gestión provincial no mira para otro lado y va a seguir sosteniendo su compromiso inquebrantable con el pueblo. pic.twitter.com/UaU62eVrrt
— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 4, 2026
Los números que explican la preocupación de la Provincia
Los datos conocidos durante las últimas semanas muestran un cambio profundo en el uso del crédito. Un informe de la consultora Equilibra reveló que 5,8 millones de argentinos mantienen deudas impagas, cuando dos años atrás eran 2,4 millones.
El relevamiento muestra además que 2,9 millones de personas presentan atrasos en créditos otorgados exclusivamente por billeteras virtuales y entidades no financieras, mientras que 1,3 millones acumulan incumplimientos tanto en bancos como en plataformas digitales.
La situación también aparece reflejada en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con un informe de Provincia Microcréditos, la morosidad provincial alcanzó 18,6%, muy por encima del promedio nacional de 12,8%.
Otro estudio elaborado por CEPA sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central ubicó a Buenos Aires entre las jurisdicciones con mayor nivel de incumplimiento del país: 17,8% de los créditos familiares presentan algún grado de irregularidad, porcentaje que asciende a 28,5% cuando se incorporan billeteras virtuales y otros proveedores de crédito no bancario.
Uno de los sectores más afectados son los jóvenes. Según Equilibra, uno de cada dos menores de 30 años que sólo se financia mediante billeteras virtuales ya se encuentra en situación de mora.
El deterioro también alcanza a los jubilados. Provincia Microcréditos informó que 44,6% de las personas en edad jubilatoria mantiene deudas activas, mientras que la mora superior a 90 días pasó de 4,1% a 11,4% en apenas un año.
La morosidad por rama de actividad: entre 2023 y 2026, la irregularidad subió en 9 de 12 sectores, y su aumento fue más transversal que la caída de la producción. Solo intermediación financiera, minería y petróleo y electricidad, gas y agua redujeron su ratio de impago. pic.twitter.com/irc4xcM6Q6
— Estudios Económicos Banco Provincia (@EEconBProvincia) June 8, 2026
Cuattromo: "La gente paga con crédito la compra de la comida"
El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, también vinculó el fenómeno con el escenario macroeconómico. "La gente paga con crédito la compra de la comida", resumió al describir el cambio en el destino de los préstamos.
El titular de la banca pública sostuvo que el problema excede las conductas individuales y responde al funcionamiento de la economía. "Es un problema de la política macroeconómica. No es que una persona tuvo una conducta irresponsable o que una empresa se sobreendeudó, sino que es un problema que está pasando en todos lados al mismo tiempo", afirmó.
Frente a ese escenario, Banco Provincia amplió su programa de refinanciación "Ponete al Día", luego de concretar durante los primeros cinco meses de 2026 más de 66.000 acuerdos de regularización por más de $234.000 millones, un incremento de 157% respecto del mismo período del año anterior.
Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, también utilizó los datos para cuestionar la política económica nacional. "Las familias argentinas ya no logran sostener el pago de sus deudas", escribió en su cuenta de X.
El funcionario sostuvo que la mora bancaria acumula un año y medio de crecimiento ininterrumpido y que el mayor deterioro aparece precisamente en los instrumentos utilizados para financiar el consumo cotidiano, como tarjetas de crédito y préstamos personales.
Para López, el crecimiento del endeudamiento está directamente relacionado con la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el enfriamiento de la actividad económica.

Del diagnóstico a la Legislatura: los proyectos de Macha y Balor
El tema también comenzó a trasladarse al plano legislativo. En ese marco, la senadora provincial Mónica Macha presentó un proyecto que busca suspender durante un año las ejecuciones hipotecarias, tanto judiciales como extrajudiciales, sobre viviendas únicas y de ocupación efectiva en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa no contempla la eliminación de las deudas ni una condonación de capital, intereses o ajustes. Su objetivo es suspender por doce meses los procesos que puedan derivar en la ejecución de una vivienda, mientras los hogares afectados buscan reorganizar su situación financiera.
El planteo de la senadora se conoció luego de que Milei rechazara cualquier intervención estatal frente al aumento de los incumplimientos crediticios. Durante una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul, el Presidente sostuvo que las deudas corresponden a acuerdos entre privados y cuestionó que el Estado deba intervenir para resolver esos compromisos.
“Si yo tengo un acuerdo con una persona, y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo, ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No”, afirmó Milei.
Además, el mandatario agregó: “¿Alguien le puso una pistola en la cabeza a esa persona para que se endeude? No”, al defender que quienes toman créditos deben asumir las consecuencias de sus decisiones.
Por su parte, la diputada Ana Luz Balor (Unión por la Patria) presentó meses atrás un proyecto para modificar la Ley de Defensa del Consumidor de la provincia (13.133) con el objetivo de abordar uno de los fenómenos que más creció en los últimos meses: el sobreendeudamiento de los hogares. "El endeudamiento ya no es para bienes durables, es para subsistir", advirtió la legisladora al fundamentar la iniciativa.
La propuesta incorpora la figura de "sobreendeudamiento" a la normativa vigente y establece un procedimiento administrativo específico para prevenir y resolver este tipo de conflictos. Entre sus principales ejes contempla una instancia de mediación obligatoria entre deudores y acreedores antes de llegar a la vía judicial, con la posibilidad de renegociar las condiciones de las obligaciones mediante quitas de intereses, ampliación de plazos o, en determinados casos, reducción del capital adeudado.
El proyecto también prevé la suspensión de las ejecuciones judiciales por 90 días mientras se desarrolla el proceso de conciliación, con el objetivo de evitar embargos y la pérdida de bienes durante la negociación. "No es un subsidio ni un rescate estatal, es garantizar una instancia gratuita de negociación", explicó Balor.
La implementación quedaría a cargo de las oficinas municipales de Defensa del Consumidor y de la Justicia de Faltas, en línea con la estrategia del oficialismo bonaerense de sumar herramientas para contener el impacto del creciente endeudamiento sobre las familias.

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