Más retiros tras 74 mil bajas: trabajadores y organismos ante una nueva etapa del recorte estatal

El Gobierno nacional prepara una nueva etapa de su programa de reducción de personal en el Estado. El Ejecutivo tiene en elaboración final un decreto para habilitar un régimen de retiros voluntarios destinado a empleados civiles de planta permanente de la administración pública centralizada y de organismos desconcentrados, con la expectativa de comenzar las inscripciones durante noviembre.

La medida ampliaría una herramienta que ya fue utilizada durante 2026 en organismos como la ANSES, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración de Parques Nacionales. Esta vez, sin embargo, el alcance sería mayor y formaría parte de la política de revisión de estructuras y dotaciones impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. 

El nuevo esquema llega después de casi tres años de disminución sostenida del empleo estatal. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la dotación del sector público nacional pasó de 343.357 a 269.025 trabajadores: 74.332 personas menos, una reducción acumulada del 21,6%.

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Un nuevo régimen después de 74 mil bajas

El diseño que prepara el Ejecutivo alcanzaría a tres grandes grupos. Por un lado, empleados que ya tienen edad y aportes para jubilarse; por otro, trabajadores en edad jubilatoria que todavía necesitan completar años de contribuciones; y finalmente agentes más jóvenes que decidan dejar la administración.

Las compensaciones variarían de acuerdo con cada situación. La expectativa oficial es superar las 1.000 adhesiones una vez abierto el registro. El programa no abarcaría, en principio, a los organismos descentralizados, pero sí a los desconcentrados que dependen de la administración central.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el recorrido de la planta estatal. De las 74.332 bajas acumuladas, 51.218 correspondieron a la Administración Pública Nacional, que pasó de 233.098 a 181.880 trabajadores. Las empresas y sociedades estatales, en tanto, redujeron su dotación en otras 23.114 personas.

La administración centralizada —ministerios, Presidencia y Jefatura de Gabinete— fue el segmento con la mayor caída proporcional: perdió 18.315 puestos y redujo su plantilla un 32,8%. En términos absolutos, la mayor contracción dentro de la administración pública se produjo en los organismos descentralizados, con 26.775 trabajadores menos.

Las empresas públicas también atravesaron reducciones significativas. El Correo Oficial perdió 5.645 trabajadores respecto de noviembre de 2023; Operadora Ferroviaria, 4.374; Banco Nación, 2.382; Aerolíneas Argentinas, 1.920; y AySA, 1.866. Según las estimaciones oficiales, el conjunto de las bajas produjo un ahorro superior a los USD 2.500 millones desde el inicio de la gestión. 

ANSES, INTA y Parques: los antecedentes

El mecanismo que ahora busca ampliarse ya tiene antecedentes concretos. La ANSES puso en marcha este año una segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para trabajadores de planta permanente. El organismo acaba de extender hasta el 9 de octubre el plazo para adherir al programa.

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La modalidad contempla distintas condiciones según edad y situación previsional y mantiene restricciones para determinados casos. La aceptación tampoco es automática: la presentación del trabajador queda sujeta a evaluación y aprobación del organismo. 

El INTA avanzó por una vía similar. Su régimen ofreció una compensación equivalente a 1,5 salarios por año de servicio, con topes diferenciados de acuerdo con la edad. El organismo contaba a comienzos de 2026 con unos 5.750 trabajadores y se había fijado como objetivo alrededor de 1.200 desvinculaciones.

Finalmente se anotaron 905 agentes, equivalentes al 15,7% de la planta inicial y al 75,4% de la meta prevista. De ese universo, 377 retiros ya habían recibido aprobación, mientras el resto permanecía sujeto a evaluación particular. 

Parques Nacionales también aprobó durante junio un Sistema de Retiro Voluntario para 2026 dirigido al personal con estabilidad y una antigüedad mínima de dos años. En septiembre, el organismo extendió hasta fin de ese mes el plazo administrativo para resolver las solicitudes presentadas. 

La sucesión de programas muestra que los retiros dejaron de ser una herramienta circunscripta a una única dependencia y comenzaron a incorporarse al proceso general de reorganización estatal.

ATE anticipa resistencia al nuevo plan

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el esquema que prepara el Ejecutivo. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el gremio considera los retiros como una vía para continuar reduciendo la planta pública y anticipó que recomendará a sus afiliados no adherir si el régimen se instrumenta de manera general.

El sindicato tampoco descartó medidas de fuerza. La discusión se suma a conflictos abiertos en distintas dependencias. En el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, por ejemplo, ATE reclamó recientemente la reincorporación de 15 trabajadores despedidos y cuestionó la discusión de un programa de retiros voluntarios dentro del organismo.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la disminución de personal forma parte de una reorganización destinada a reducir estructuras y gasto público. Esa política ya modificó el tamaño de ministerios, organismos y empresas estatales y ahora se encamina hacia un nuevo capítulo: un régimen más amplio de salidas voluntarias que, si se concreta según lo previsto, comenzará a recibir adhesiones en noviembre.