“El Estado es el primero que está violando las leyes”: denuncian recortes salariales de hasta 50% en Capital Humano
Mariana Portilla


La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) movilizó al Ministerio de Capital Humano para denunciar reducciones de entre 40% y 50% en los ingresos de trabajadores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que conduce Juan Bautista Ordóñez y depende de la cartera encabezada por Sandra Pettovello.
Según el gremio, los empleados se encontraron con la disminución el mismo día del cobro, sin aviso previo, y la medida alcanzó distintos conceptos y compensaciones que integraban habitualmente sus remuneraciones. ATE aseguró además que entre los principales afectados se encuentran afiliados y delegados de la organización, y por ese motivo denunció una presunta maniobra de persecución sindical.
La organización reclamó que las autoridades retrotraigan los descuentos y se declaró en estado de alerta y movilización.
El conflicto se hizo público primero mediante un comunicado de los trabajadores de ATE Desarrollo Social-Capital Humano y escaló con la movilización del sindicato.
“El jueves las y los trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social (actual SENAF) nos encontramos con un feroz recorte de nuestros ingresos salariales”, indicó la organización y sostuvo que los conceptos eliminados no correspondían a pagos extraordinarios, sino que integraban de manera habitual los ingresos de los agentes.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que “los ítems salariales que pretenden descontar forman parte integral del salario” y afirmó que tienen carácter alimentario.
“Pretenden castigar a los delegados gremiales”, afirmó Aguiar durante la protesta.
ATE denuncia “persecución sindical”
La protesta no quedó limitada al reclamo salarial. La conducción nacional de ATE sostuvo que la manera en que se aplicaron los recortes afectó particularmente a representantes sindicales.
“Pretenden castigar a los delegados gremiales”, afirmó Aguiar durante la protesta. El dirigente sostuvo que el objetivo sería disciplinar a los trabajadores que participan de la actividad gremial y calificó la situación como una práctica antisindical y discriminatoria.
AHORA!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) October 2, 2026
ATE PROTESTÓ EN CAPITAL HUMANO CONTRA EL FEROZ RECORTE EN SALARIOS DE ENTRE 40 Y 50%!!
PRETENDEN CASTIGAR A LOS DELEGADOS GREMIALES, CASTIGARLOS POR ALZAR A LA VOZ Y DE ESTA MANERA DISCIPLINAR AL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES.
El Gobierno está PERSIGUIENDO a los… pic.twitter.com/r98dQakmhP
Según ATE, el episodio de octubre forma parte de un proceso que comenzó varios meses atrás. El sindicato ubica el inicio de la disputa en junio, cuando dentro de la SENAF comenzó una reorganización de áreas administrativas. La organización sostiene que esa reestructuración fue acompañada por recortes de compensaciones salariales en distintas dependencias.
ATE cuestiona además la demora o paralización de expedientes relacionados con la carrera administrativa y el escalafón de los trabajadores, mecanismos previstos dentro de los regímenes laborales de la Administración Pública para definir categorías, grados y distintos componentes de las remuneraciones.
En su comunicado, el sector gremial sostuvo que esas compensaciones fueron utilizadas durante años para complementar los salarios de los trabajadores del organismo y rechazó que puedan considerarse un privilegio.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia forma actualmente parte de la estructura del Ministerio de Capital Humano. Entre sus competencias oficiales se encuentran la coordinación e implementación de políticas de protección de derechos de niños y adolescentes y programas dirigidos a las familias y sectores en situación de vulnerabilidad.
Salarios estatales: qué aumento rige en octubre
La protesta se produce además en medio de la discusión que ATE mantiene con el Gobierno nacional por la paritaria de los empleados públicos.
El Decreto 832/2026, publicado a fines de agosto, homologó el último acuerdo salarial para el personal comprendido por el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional. El esquema dispuso aumentos del 1,9% para septiembre, 1,8% desde octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.
ATE rechazó esa propuesta durante la negociación del 25 de agosto. La organización reclamó, entre otros puntos, una suma fija de $400.000 y sostuvo que los porcentajes ofrecidos no alcanzaban para recomponer los ingresos perdidos.
El acuerdo quedó igualmente homologado y comenzó a aplicarse. El incremento correspondiente a octubre es de 1,8% sobre las remuneraciones mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al 30 de septiembre.
ATE sostiene que, desde diciembre de 2023, los empleados de la Administración Pública Nacional acumulan una pérdida superior al 40% de su poder adquisitivo. Ese porcentaje corresponde al cálculo realizado por el sindicato y fue reiterado en el comunicado por el conflicto de la SENAF.

Más de 74 mil puestos menos en el Estado nacional desde noviembre de 2023
El conflicto salarial se desarrolla además en un escenario de reducción sostenida de la dotación del Estado nacional. Los últimos datos del INDEC, publicados el 30 de septiembre, muestran que al cierre de agosto de 2026 la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades estatales reunían 269.025 trabajadores. El número representa una caída de 5,8% frente a agosto de 2025 y de 0,5% respecto de julio.
En noviembre de 2023, último mes completo previo a la llegada de Milei a la Presidencia, ese universo estaba integrado por 343.357 personas. La diferencia hasta agosto de este año es de 74.332 puestos, una reducción del 21,6%.
La baja engloba distintas situaciones —entre ellas despidos, finalización o no renovación de contratos, retiros, jubilaciones y cambios en organismos— y el informe de dotación no atribuye toda la diferencia a una única causa.
Dentro de la Administración Pública Nacional propiamente dicha, la reducción también fue considerable. Los datos oficiales recopilados para julio mostraban una baja desde 233.098 trabajadores en noviembre de 2023 hasta 183.520, es decir, 49.578 puestos menos.
La disminución de personal forma parte de la política de reorganización estatal impulsada por el Ejecutivo desde el comienzo de la gestión, que el propio Gobierno presenta como un proceso de transformación y reducción de estructuras.

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