El interior bonaerense se organiza y lleva la disputa por las rutas a una agenda regional
Pamela Orellana


Intendentes y concejales de la Sexta Sección Electoral bonaerense avanzan en una agenda regional para reclamar inversiones en infraestructura, defender la actividad productiva y fortalecer la participación del interior en las decisiones públicas. La iniciativa reúne a representantes de Tres Arroyos, Coronel Rosales, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, General La Madrid y Coronel Pringles, con un primer objetivo concreto: exigir que los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles se traduzcan en obras de mantenimiento y reparación de rutas.
Entre los impulsores aparecen el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, y los concejales Daniel Medina, de Coronel Rosales; Marcos Abrisqueta, de Benito Juárez; y Susana Suárez, de Adolfo Gonzales Chaves. Los dirigentes buscan coordinar reclamos que atraviesan las jurisdicciones municipales y afectan tanto a los vecinos como al transporte de cargas y las actividades agropecuarias, industriales y comerciales.
Uno de los antecedentes inmediatos es un proyecto de resolución elaborado en Coronel Rosales sobre el destino de los recursos viales. La propuesta funciona como punto de partida para promover posiciones comunes y reclamar respuestas de los distintos niveles del Estado.
Una agenda que comenzó a tomar forma en mayo
La articulación regional tiene antecedentes en el foro Provincia Futura, lanzado en mayo de 2026 en Pigüé, donde intendentes, concejales y referentes territoriales debatieron sobre distribución de recursos, conectividad, infraestructura y representación política del interior bonaerense.
Aquel encuentro reunió a varios de los protagonistas del actual reclamo, entre ellos Garate, Medina, Abrisqueta y Suárez. También participó el intendente de Saavedra, Matías Nebot, junto con dirigentes de Bahía Blanca, Adolfo Alsina y otros municipios.
El foro planteó la necesidad de avanzar hacia una “coparticipación inversa”, una propuesta orientada a que las regiones productivas reciban una mayor proporción de los recursos que generan. También abordó la descentralización de decisiones, el agregado de valor a la producción, la recuperación de rutas y la defensa del régimen de Zona Fría.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Garate cuestionó la ausencia del interior en las políticas nacionales y reclamado mayor participación de los municipios en las decisiones que afectan su desarrollo.
El intendente de Tres Arroyos cuestionó el lugar del interior bonaerense en la agenda pública.
El planteo retomado en noviembre concentra esa preocupación en una demanda específica: mejorar los corredores que conectan las localidades, sostienen la actividad económica y permiten trasladar mercaderías hacia los principales centros de comercialización y puertos.
Garate llevó el deterioro de las rutas al Congreso
El reclamo por la infraestructura vial ya había llegado al Congreso de la Nación. En agosto, Garate expuso ante la Comisión de Obras Públicas de Diputados y advirtió sobre el deterioro de las rutas nacionales 3 y 228, dos corredores fundamentales para Tres Arroyos y el transporte de cargas entre Bahía Blanca y Puerto Quequén.
El intendente denunció problemas de mantenimiento, señalización y seguridad vial, incluso en los sectores donde ambas rutas atraviesan la ciudad. También reclamó que Vialidad Nacional autorice intervenciones municipales en tramos urbanos para realizar reparaciones y mejorar las condiciones de circulación.
En septiembre, durante otra entrevista con este medio, describió la pérdida de conectividad de Tres Arroyos con Bahía Blanca, Tandil y Necochea, y advirtió sobre la reducción de frecuencias del transporte público.
Además, explicó que algunos transportistas utilizan caminos alternativos, incluidos tramos rurales de tierra mantenidos por el municipio, frente al deterioro de las rutas nacionales.
El impuesto a los combustibles, en el centro de la disputa
La discusión sobre las rutas también involucra el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), regulado por la Ley Nacional 23.966. Una parte de su recaudación financia infraestructura y transporte, mediante mecanismos que incluyen el Sistema Vial Integrado (SisVial), destinado a obras de construcción, conservación y rehabilitación vial.
Los cuestionamientos a su ejecución ya produjeron iniciativas institucionales en la región. El Concejo Deliberante de Benito Juárez aprobó el 13 de agosto la Resolución 1144/2026, que reclama reparaciones urgentes sobre la Ruta Nacional 3 y plantea interrogantes sobre los fondos destinados al mantenimiento de caminos.

Los fundamentos de esa resolución consignan que, entre 2024 y mayo de 2026, el SisVial recibió aproximadamente $1,5 billones, mientras que los recursos ejecutados para obras alcanzaron $394.406 millones, equivalentes a poco más del 26% de lo contabilizado.
El documento también cuestiona la acumulación de recursos en inversiones financieras mientras persisten problemas de transitabilidad. Los planteos sobre la administración del fideicomiso vial motivaron pedidos de informes legislativos y reclamos de autoridades provinciales.
El ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, también denunció la falta de aplicación de recursos destinados a las rutas. La controversia enfrenta al Gobierno nacional con sectores provinciales y municipales que reclaman mayor ejecución de fondos para obras.
Nuevas concesiones y peajes en medio de los reclamos
La agenda de los dirigentes de la Sexta coincide con una nueva decisión del Gobierno de Javier Milei sobre infraestructura nacional.
El 13 de noviembre se publicó el Decreto 1358/2026, que amplía la Red Federal de Concesiones y habilita la incorporación de nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de gestión privada mediante peajes.
La disposición comprende corredores que atraviesan Buenos Aires, incluidas las rutas nacionales 3, 33 y 228. El Ministerio de Economía deberá definir los sectores que serán licitados, a partir de estudios técnicos de Vialidad Nacional, y convocar a las licitaciones dentro de los doce meses previstos por la norma.
El Ejecutivo nacional sostiene que el sistema permitirá incorporar inversiones privadas, mejorar la seguridad vial y reducir costos logísticos. Los contratos podrán incluir construcción, reparación, mantenimiento y prestación de servicios a los usuarios.
La medida llega cuando continúan los cuestionamientos por obras paralizadas y por el impacto económico de los peajes. Para los municipios de la Sexta, la discusión alcanza corredores esenciales para transportar producción agropecuaria e industrial y garantizar la circulación cotidiana entre localidades.

Producción, empleo y representación del interior
La articulación entre los seis distritos busca extenderse más allá del reclamo vial. Sus integrantes pretenden construir una agenda permanente sobre desarrollo productivo, infraestructura, empleo y distribución de recursos, con propuestas que puedan trasladarse a los ámbitos provinciales y nacionales.
El planteo recupera una discusión impulsada desde Provincia Futura: la necesidad de que los municipios participen más directamente en decisiones sobre transporte, inversiones y servicios públicos.
Garate también había reclamado mayor protagonismo político para el interior bonaerense y una revisión de los mecanismos de coparticipación, al considerar que parte de los recursos generados en las regiones productivas no regresa en obras y prestaciones equivalentes.
Con esa perspectiva, intendentes y concejales buscan transformar demandas locales en posiciones regionales compartidas. La reparación de las rutas y la ejecución de los fondos viales constituyen el primer eje de una agenda que también apunta a fortalecer el desarrollo económico y la representación territorial del interior bonaerense.

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